La crisis en la frontera entre México y Estados Unidos está pasando por uno de sus peores momentos. La política de migración del gobierno de Donald Trump ha tenido un efecto contrario al que el presidente tenía en mente, y muchos extranjeros han seguido ingresando a ese país.
Una de las promesas principales de Trump fue la mano dura contra los inmigrantes. Durante su campaña acusó a los mexicanos de violadores y narcotraficantes, y a los centroamericanos de ser miembros de pandillas criminales, de cometer fraude electoral y de usar los recursos que el país tiene destinados para los norteamericanos.
Trump alimentó la xenofobia o sacó a la luz un sentimiento que siempre ha existido entre grandes sectores de la sociedad estadounidense.
Los latinos no somos el único grupo atacado por el presidente, pero sí somos uno de los más frecuentes. La propuesta de construir un muro entre México y Estados Unidos no es apenas un proyecto político, sino un mensaje a los latinos dentro y fuera del país. No en vano sus seguidores recibían al entonces candidato con la consigna ‘Build the wall’ (‘Construyan el muro’).
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Trump ha tratado de cumplir esta promesa desde que llegó a la Casa Blanca. Una semana después de posesionarse, firmó una orden ejecutiva prohibiendo durante noventa días el ingreso a todas las personas provenientes de siete países cuyos habitantes son en su mayoría musulmanes. Hasta el día de hoy, el ‘muslim ban” (prohibición a los musulmanes) sigue siendo debatido en las cortes.
En relación con los migrantes latinos y específicamente a la frontera con México, las políticas también han sido claras: militarizar la frontera, construir nuevas partes del muro, dejar entrar menos personas, hacer más difíciles y largos los procesos migratorios, acelerar los procesos de deportación y, la más controversial de todas sus medidas, separar a las familias.
Cuando los migrantes van a Estados Unidos en busca de asilo, normalmente se entregan a la patrulla fronteriza tan pronto ingresan al país. Entonces, aunque hayan cometido un delito menor —cruzar la frontera de manera ilegal—, estas personas son llevadas a un centro de detención en donde se evalúa rápidamente si tienen un ‘temor creíble’.
Si Migración dictamina que la persona está en peligro si vuelve a su país, se le asigna una fecha en la corte para sustentar su petición y, dependiendo el centro de detención, pagan una fianza y les dan salida. Las personas permanecen en Estados Unidos mientras llega la fecha de su audiencia. Si el caso de asilo no es creíble, los migrantes son deportados casi de inmediato.
La parte inicial de este proceso normalmente no debe demorarse más de un par de días. El proceso de asilo en general toma más tiempo, pero las personas, hasta hace pocas semanas, podían quedarse con sus familiares o amigos en Estados Unidos mientras llegaba la fecha de su audiencia.
En estos momentos, sin embargo, los procesos están tomando un ‘tiempo artificialmente largo’, como si estuvieran demorándolos a propósito. Los migrantes están pasando semanas y hasta meses en centros de detención que no están diseñados para estadías largas ni para la cantidad de personas que están llegando.
Las historias que nos llegan de esos centros de detención son aterradoras. Una mujer nicaragüense que estaba embarazada de siete meses cuando se entregó me contó que tuvo que dormir en el suelo sin colchoneta o cobijas durante los días que estuvo detenida. Otra persona me dijo que como no hay suficiente espacio algunas personas tratan de dormir paradas porque no hay lugar para acostarse.
Alguien más me narró que pasó varias semanas sin que le permitieran tomar una ducha; y otros más contaron cómo en algunos centros solo les dan comida una vez al día. A estos centros, los migrantes los llaman ‘hieleras’, jugando con el nombre de ICE (Immigration and Customs Enforcement), pero también porque estos lugares son extremadamente fríos.
La administración de Trump recientemente propuso dos nuevas reformas a este ya de por sí largo proceso: que de ahora en adelante los migrantes que buscan asilo esperen en México hasta la fecha de la audiencia, y que los migrantes pidan asilo en el primer país al que llegan, sin esperar a pedirlo en Estados Unidos después de atravesar, por ejemplo, Guatemala y México.
A cada una de estas propuestas, abogados que trabajan por los derechos humanos han presentado una demanda, de modo que tampoco es claro cuáles medidas se están aplicando.
Además de estas reformas, el gobierno de Trump ha tomado la decisión controversial de separar a las familias que son detenidas. No todas las familias son separadas, pero sí las suficientes para haber causado una crisis dentro de la crisis.
Tradicionalmente, los centros de detención se dividen en lugares para mujeres y espacios para hombres. Los niños que viajan con sus padres normalmente se quedan con uno de los dos o en centros destinados para familias. Sin embargo, y en su afán por desestimular a los migrantes, los niños están siendo llevados a centros de detención separados de sus familiares.
La idea es cruel, pero la realidad es bastante peor: los niños están pasando largos períodos detenidos y las condiciones son igual de malas que en los centros de adultos. No hay suficiente comida y hace poco una abogada, defendiendo la administración de Trump, dijo que no era su obligación proveer productos sanitarios como jabón o papel higiénico a los niños en detención.
En los centros tampoco hay personas encargadas de cuidar a los niños, de modo que hemos oído historias como la de tres niñas que hacen turnos para cuidar a un bebé del que ni siquiera saben el nombre. Estos niños no están relacionados entre sí, simplemente son víctimas de un proceso que no los ve como niños.
Pero el problema se complica por culpa de un aparato burocrático ineficiente, que en muchas ocasiones ni siquiera permite que los centros tengan información actualizada sobre dónde están los niños y quiénes son sus padres.
Los medios en Estados Unidos han contado muchas historias de niños pequeños que no pueden ser localizados o que han entrado al sistema de adopción, mientras que su familia biológica los busca desesperadamente.
Distintos grupos y organizaciones de Estados Unidos han protestado por las políticas de esta administración. Muchas de estas organizaciones afirman que Migración está tratando como criminales a personas que no lo son.
Hay un viejo debate en este país sobre no llamar a los migrantes ‘ilegales’, sino indocumentados, ya que traspasar las fronteras no es un crimen sino un delito menor y ninguna persona es ilegal por definición: alguien puede cometer un acto ilegal pero no ser ilegal.
En los centros tampoco
hay personas encargadas de cuidar a los niños, de modo que hemos oído historias como la de tres niñas que hacen turnos para cuidar a un bebé del que ni siquiera saben el nombre
No se debe olvidar que los migrantes centroamericanos deciden emprender el difícil y peligroso viaje a Estados Unidos debido a la situación política y económica en sus países de origen. Algunas personas están buscando un mejor trabajo, más oportunidades para sus familias, pero muchos también están escapando de la violencia.
Una mujer que caminó desde El Salvador con su hijo adolescente me contó cómo las pandillas se estacionan a la salida de los colegios y los jóvenes tienen que unirse a ellas, lo quieran o no. Cuando su hijo cumplió 15 años, la mujer decidió vender su pequeño negocio y emprender el camino, dejando atrás a su hija menor con los abuelos. Las lágrimas se nos escurrían a ambas mientras me contaba su historia.
La violencia en Centroamérica, como lo fue durante la época del narcotráfico en Colombia, no solamente proviene de las bandas criminales y narcotraficantes, sino también de la policía y los militares. El Estado se ha convertido en un enemigo en algunos de estos países.
El recorrido para llegar a la frontera está lleno de riesgos, los migrantes son acosados por criminales a lo largo del camino, algunos son secuestrados para pedir dinero a sus familias. Muchos son encarcelados, deportados, torturados y la violencia sexual es también una constate tanto para las mujeres como para los hombres.
La crisis en la frontera sur de Estados Unidos se debe a múltiples factores: hay motivos económicos, judiciales, culturales y no hay una solución fácil a este problema. Pero mientras el mundo observa, desde comienzos de junio de este año 24 personas han muerto en detención y siete de ellas son niños.
Siete niños a los que sus padres querían darles un mejor futuro y que ahora no tienen ningún futuro.
ANA MARÍA FERREIRA*
Razón Pública* Doctora en Literatura y Estudios Culturales de la Universidad de Georgetown. Profesora de la Universidad de Indianápolis, donde enseña e investiga sobre América Latina.
