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EEUU

El cerco judicial que se estrecha contra Donald Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump.

El expresidente estadounidense Donald Trump.

Foto:MANDEL NGAN / AFP

El Departamento de Justicia está determinando el rol del exmandatario en la toma del Capitolio. 

Todo indica que el cerco judicial contra el expresidente Donald Trump ha comenzado a estrecharse.
Esta semana, diversos medios de comunicación, entre ellos el The Washington Post y The New York Times, reportaron que el Departamento de Justicia, como parte de la investigación que adelanta sobre la violenta toma del Capitolio del pasado 6 de enero del 2021, habría iniciado una pesquisa para determinar el rol que jugó el exmandatario ese fatídico día y en los esfuerzos para interrumpir la transición de poder a Joe Biden, al ganar en los comicios presidenciales de noviembre del 2020.
El expresidente lanzó una dura crítica a Biden, su sucesor.

El expresidente lanzó una dura crítica a Biden, su sucesor.

Foto:AFP

El Departamento de Justicia, hay que aclarar, lleva meses procesando a cientos de personas que participaron de manera directa en la toma.
En total van más de 840 acusaciones formales y en varios casos los jueces ya han emitido condenas. También se sabe que vienen mirando el papel que desempeñaron personas cercanas a Trump.
Entre ellos John Eastman y Rudi Giuliani, dos de los abogados que asesoran al expresidente republicano durante la batalla que libró para demandar y desconocer los resultados.
Pero es la primera vez en lo que va de estos 18 meses en que se confirma que la fiscalía estadounidense tendría como objetivo al propio Trump.
Como parte de la investigación, se conoció a su vez, que un Gran Jurado le habría tomado el testimonio a Marc Short y Greg Jacob, dos altos asesores del exvicepresidente Mike Pence, a quien Trump habría presionado para que desconociera la certificación de los resultados electorales durante la sesión del Congreso que trataron de interrumpir los manifestantes trumpistas a comienzos del año pasado.
El miércoles, cuando se le preguntó a Merrick Garland si estaba considerando elevar cargos criminales contra Trump, el Fiscal General contestó con vaguedades, pero que fueron muy dicientes.
“Nadie está por encima de la ley y vamos a perseguir a cualquiera que intente entorpecer la transición pacífica del poder”, dijo Garland durante una entrevista con la cadena NBC.
De acuerdo con Preet Bharara, exfiscal general para el Distrito Sur de Nueva York, se trata de un desarrollo muy significativo.
“No quiere decir que le van a elevar cargos todavía, pero sí quiere decir que tienen evidencia suficiente que lo compromete y que estudian si sus acciones violaron la ley”, opina el exfiscal, que adelantó varios procesos contra Trump en este estado por posible fraude tributario y que todavía están vigentes.
El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestan frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC.

El 6 de enero de 2021, partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, protestan frente al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, DC.

Foto:ALEX EDELMAN / AFP

A eso se suma una investigación paralela que adelanta la fiscal Fanni Willis en Georgia, y que estaría muy avanzada.
Willis investiga las llamadas que hizo Trump al gobernador Brian Kemp y al secretario de Estado Brad Raffensperger para que no certificaran los resultados electorales de Georgia, pese a que dos recuentos de votos confirmaron la victoria de Biden, o le encontraran los “11.780 sufragios” que le hacían falta para ganar el estado.
Así mismo, la coordinación entre la campaña de Trump y congresistas estatales para nombrar un grupo falso de miembros al Colegio Electoral -que es quien elige al presidente- para que votaran a favor del expresidente y le dieran el triunfo de manera fraudulenta en este estado.
En mayo, la Fiscal pidió la confirmación de un Gran Jurado Especial, que otorga vastos poderes para investigar y ya tienen identificados a más de 100 “personas de interés” para el proceso.
Recientemente, se hicieron públicos correos electrónicos en los que tanto miembros de la campaña de Trump y funcionarios y congresistas republicanos de Georgia reconocen que su plan de nombrar electores alternativos no tenía justificación y probablemente era ilegal, pero continuaron intentándolo.
Los manifestantes pro-Trump ocupan los terrenos del frente oeste del Capitolio de los EE. UU., incluido el escenario inaugural y los miradores, en Washington, DC, EE. UU., 6 de enero de 2021

Los manifestantes pro-Trump ocupan los terrenos del frente oeste del Capitolio de los EE. UU., incluido el escenario inaugural y los miradores, en Washington, DC, EE. UU., 6 de enero de 2021

Foto:EFE / EPA / MICHAEL REYNOLDS ATTEN

Los desarrollos jurídicos han llegado en simultánea con la pesquisa que adelanta una comisión del Congreso desde el año pasado.
En los últimos dos meses la comisión ha realizado ocho audiencias públicas para dar a conocer sus hallazgos, que han sido devastadores.
A través de múltiples testimonios, entre ellos personal de la Casa Blanca que trabajaba para Trump, y documentos oficiales, los miembros del comité -que incluye a dos republicanos- han reconstruido muchas de las maniobras empleadas por el expresidente y sus simpatizantes para bloquear el ascenso de Biden.
Que van desde los reclamos inexistentes de fraude, estrategias para reemplazar en varios estados a los miembros legítimos del colegio electoral, la conformación del grupo de manifestantes que se tomaron el Capitolio y planes que incluían tácitamente un golpe de Estado.
Aunque la Comisión no tiene el poder para elevar cargos criminales -la sanción del Congreso es solo a través de un juicio de destitución que ya se adelantó contra el expresidente y donde fue exonerado por sus aliados republicanos- sí puede recomendar al Departamento de Justicia que presente cargos contra Trump.
Algo que se espera hagan en las próximas semanas.
Además, ya estaría transfiriendo a los investigadores la montaña de evidencia que ha recolectado. En estos días también trascendió que Cassidy Hutchinson, exasesor de Trump que se convirtió en la testigo estrella de las audiencias públicas, estaría cooperando con el Departamento de Justicia y el Gran Jurado.
En su testimonio, Hutchinson dijo que Trump sabía que muchos de los manifestantes estaban armados y pretendían tomarse el Capitolio pero no hizo nada por evitarlo.
El expresidente, de hecho, resistió durante horas las súplicas de algunos asesores que le pedían intervenir, pese a reportes de que los simpatizantes ya habían penetrado el Capitolio y buscaban a Pence para asesinarlo.
La pesquisa del Departamento de Justicia contra Trump que se reveló esta semana tiene dos ángulos.
El primero es la “conspiración sediciosa” y “conspiración para obstruir el rol del Congreso”.
El expresidente Donald Trump fue catalogado como uno de los peores presidentes en la historia de EE. UU.

El expresidente Donald Trump fue catalogado como uno de los peores presidentes en la historia de EE. UU.

Foto:Eva Marie Uzcategui / AFP

Precisamente, los cargos que el Departamento de Justicia ha elevado contras los manifestantes y que ya han producido condena.
Lo que buscan establecer en este punto es si se puede establecer un nexo directo entre el expresidente y las acciones de los manifestantes.
El segundo es un posible fraude asociado con las intenciones de nombrar falsos miembros al Colegio Electoral y la presión para que el departamento de Justicia de la época y otras autoridades declararon que se había cometido fraude en las elecciones.
Como en el primero, la pregunta no es si eso sucedió -algo que ya ha quedado claro en la investigación del Congreso- sino el rol de Trump y si tiene evidencia para demostrarlo.
En todo caso se trata de un tema extremadamente explosivo con un alto contenido político.
Nunca, en lo que va de la historia de Estados Unidos se le han elevado cargos criminales a un expresidente incluso cuando las investigaciones indicaban que se había cometido un delito.
Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de Bill Clinton pese a que mintió bajo juramento sobre su relación sexual con Mónica Lewinsky o el de Richard Nixon y el escándalo de Watergate.
En este último se consideró que su renuncia al poder y la humillación que eso trajo había sido sanción suficiente.
En gran parte, tanto fiscales como administraciones posteriores optaron por otorgar inmunidad o no elevar cargos para evitar la percepción de que se estaba usando el poder del gobierno para castigar a rivales políticos y asegurar la transición pacífica de mando.
Episodios como la toma del Capitolio demuestran la urgente necesidad de que lo digital se ajuste al Estado de derecho, opina Zuboff.

Episodios como la toma del Capitolio demuestran la urgente necesidad de que lo digital se ajuste al Estado de derecho, opina Zuboff.

Foto:AFP

El tema es aún más delicado. El Fiscal Garland fue nombrado por Biden, rival político de Trump en las elecciones pasadas. Algo que sin duda será explotado por el exmandatario como una vendetta de los demócratas.
Además, el exmandatario sigue siendo muy popular entre los republicanos y está a punto de anunciar una candidatura para los comicios del 2024, donde enfrentaría probablemente al mismo Biden.
Dado la polarización tan aguda que ya existe en EE. UU., la apertura de cargos contra Trump sería como echar gasolina al incendio que ya consume a este país.
Pero no hacer nada sería igualmente peligroso. O aún peor.
Como decía James Raskin, uno de los miembros de la Comisión (y miembro del partido demócrata), lo que hizo Nixon fue como una reunión de los “cortapalos” (Boy Scouts) cuando se compara con las acciones de este expresidente.
“Trump logró interrumpir el conteo del voto al Colegio Electoral por primera vez en la historia y casi destruye el orden constitucional. La pregunta es qué hacemos ahora para impedir que el 6 de enero se vuelva a repetir. Para blindarnos contra golpes de Estado, violencia política y campañas para robarse las elecciones”, afirmó el legislador.
Según la analista política Jenniffer Rubin, el fondo de esa respuesta son cambios estructurales en el sistema electoral que garanticen la independencia de los funcionarios que las administran y eviten la manipulación del voto con fines partidistas.
Pero, a la vez, que los responsables paguen un costo. El monto de esa factura, que puede ser de cero a cien, es lo que está por definirse.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68

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