Como si no fuera suficiente con el drama que envuelve a Donald Trump por los supuestos nexos de su campaña con Rusia, la semana en curso abrió con un nuevo golpe que podría enredar aún más su joven presidencia.
El lunes, el fiscal general del Estado de Maryland, Brian E. Froshel, y el fiscal del distrito de Columbia (Washington D. C.), Karl Racine, demandaron al presidente republicano ante una corte federal por la aparente violación a una cláusula de la Constitución que prohíbe al presidente aceptar pagos de gobiernos extranjeros sin antes obtener consentimiento del Congreso.
La demanda alega que Trump estaría sacando provecho de su cargo al beneficiarse económicamente con el alto tráfico que tienen ahora sus hoteles y propiedades no solo en EE. UU. sino en el mundo.
De acuerdo con el fiscal Racine, ya hay evidencia de que gobiernos como el de Arabia Saudí y otros están organizando eventos y utilizando propiedades de Trump, quizá con el objetivo de ganar favores del nuevo presidente. En particular menciona el Hotel Internacional Trump, que abrió sus puertas hace pocos meses y queda al pie de la Casa Blanca.
Para Racine, hoteles y centros de convenciones en el Distrito y en Maryland (estado contiguo a D.C.) se estarían viendo afectados por el tráfico de clientes potenciales hacia las propiedades de Trump.
Sin embargo, la polémica por el aparente conflicto de intereses entre la presidencia y los negocios de Trump no es nueva.
En enero de este año, cuando el tema comenzó a calentarse, Trump anunció la transferencia de todos sus activos a un fondo que será manejado por sus hijos y al cual no podrá acceder mientras sea presidente. No obstante esto, la figura dejó a muy pocos satisfechos, pues el empresario seguirá beneficiándose del éxito de sus empresas –y de fuentes extranjeras– así no pueda de momento utilizar esas ganancias.
Hace un mes, Trump anunció que para evitar sospechas y cumplir con los estándares éticos que rigen al gobierno federal, su organización donaría a la caridad todos los ingresos que entren como pagos de gobiernos extranjeros.
Para el congresista Elijah Cummings, que viene haciendo seguimiento al caso desde que Trump se posesionó, esto tampoco sería suficiente, pues muchas veces los gobiernos terminan pagando a través de terceros, lo que dificulta establecer el origen del dinero.
Lo que Cummings y tanto D. C. como Maryland pretenden es que Trump venda sus activos y corte todo los lazos con su organización o pida al Congreso un permiso explícito que le permita seguir obteniendo dividendos. Algo que en el caldeado ambiente partidista que reina en el Capitolio sería bastante complicado.
A este dolor de cabeza se sumó otro, también el lunes, luego de que la novena Corte de Apelaciones del país decidió mantener bloqueada una orden ejecutiva firmada por Trump que impide el ingreso al país de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana. La Corte decidió también citar recientes trinos del mandatario para demostrar que la orden constituía un veto con motivaciones religiosas.
La decisión se suma a otra tomada en marzo por la cuarta Corte de Apelaciones que ya había frenado los planes de Trump.
Ambas decisiones han sido demandadas y tendrán que ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia en los próximos meses.
Pero, las dificultades de Trump no paran allí. Este martes, el fiscal general Jeff Sessions testificará públicamente ante el Congreso sobre su interacción con funcionarios rusos antes de ser nombrado en su actual cargo. Su desempeño cobró relevancia la semana pasada después de sugerir el exdirector del FBI Jamey Comey que Sessions también estuvo detrás de su destitución.
Diga lo que diga en su testimonio, probablemente volverá a revivir, por otra semana, una polémica que no parece dar respiro al presidente republicano.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
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