La respuesta oficial tiende a ser muy medida. Si bien Estados Unidos respeta la decisión de Colombia de suspender la fumigación de cultivos ilícitos, considera que este es un método eficiente y seguro para controlar el problema de la droga.
De hecho, fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos le dijeron a EL TIEMPO el martes que “les preocupa” el crecimiento de los cultivos ilícitos y que el tema se está “monitoreando”.
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A pesar de la preocupación de las autoridades estadounidenses, añadieron las fuentes, seguirán trabajando muy estrechamente con el país, al que consideran el mejor de los aliados.
En la administración Obama, al igual que en sectores del Congreso, la preocupación es mucho más profunda. Parte de ella salió a relucir este martes, cuando el propio presidente Barack Obama dijo en una carta que le envió al Congreso que el aumento de los cultivos ilícitos en el país se podía atribuir, entre otras cosas, a la decisión tomada por el gobierno de Juan Manuel Santos de suspender las fumigaciones en octubre del 2015.
El crecimiento también estaría atado a nuevas estrategias de los cultivadores, que ya habían trasladado las plantaciones a zonas donde no se podía fumigar (como parques nacionales) y el empleo de pequeñas parcelas para dificultar su detección. (Lea también: Este es el herbicida que permitiría levantar prohibición de asperjar)
Esa preocupación también llegó al Congreso, que es el que aprueba anualmente los recursos de asistencia para el país y en este momento estudia una solicitud de ayuda por unos 450 millones de dólares que presentó el presidente Obama a comienzos de año, también llamado Paz Colombia, para respaldar la implementación de los acuerdos de paz con las Farc.
En varios círculos, especialmente los republicanos, existe la idea de que el Gobierno colombiano ha descuidado la lucha contra las drogas o les está dando prioridad a los acuerdos alcanzados con la guerrilla, en los que se hace énfasis en el desarrollo social por encima de la erradicación forzosa.
“Me parece que si se ha avanzado en la situación política (las negociaciones de paz), es porque estamos descuidando la que hemos combatido con tanto vigor... El presidente Santos está dando prioridad a la relación con las Farc para detener el conflicto, pero no la producción de coca”, sostuvo el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Corker, en una audiencia que realizó el Legislativo este verano sobre la política antidrogas de EE.UU.
Y algo parecido dijo el senador republicano Marco Rubio: “Entiendo que suspendieron por miedo al impacto de la fumigación –entre la población–. Pero hay otro argumento, al que le doy cierta credibilidad, que indica que fue algo que se acordó con las Farc y por eso hemos visto este masivo incremento, y esa droga llegará acá y tendrá un impacto”.
Más directo aún fue el subsecretario de Estado para Asuntos de Narcotráfico, William Brownfield, durante una intervención en el Congreso. “Tenemos que admitir que mientras el proceso de paz y las negociaciones han transcurrido durante los últimos cuatro años, uno de los elementos de la política del Gobierno colombiano que no se ha mantenido a los niveles previos son los esfuerzos antinarcóticos y los esfuerzos de erradicación”, dijo el funcionario tras insistir que el aumento de los cultivos en Colombia constituye un serio problema para ambos países.
Si bien Brownfield se declaró “amigo y firme simpatizante” de los esfuerzos del presidente Santos por poner fin al conflicto, fue enfático en que los acuerdos con las Farc no deberían ser un obstáculo para la ofensiva antinarcóticos.
“Mi visión es que debería ser posible llegar a ese acuerdo sin retroceder el reloj a donde estábamos hace ocho años en términos de cultivos y producción. Creo que se debe erradicar o contar con esa amenaza para que miles de campesinos, muchos de ellos alentados por las Farc, no crean que se abrió de par en par la puerta para el cultivo de coca”, dijo el funcionario.
Brownfield dejó claro que Colombia es un gran aliado y que ya se está trabajando en alternativas para enfrentar el problema.
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De acuerdo con fuentes del Gobierno, la visión de este funcionario, que estaría insistiendo en la reactivación de las fumigaciones, no sería compartida por todos en la administración Obama. Especialmente en la oficina del ‘zar’ antidrogas, donde se inclinan más por el concepto de que primero se brinden alternativas a los cultivadores.
En lo que sí hay consenso es en que a nadie le conviene una Colombia inundada de coca, pues eso fortalecería a las bandas criminales y terminaría complicando la implementación de los acuerdos de paz, que hacen énfasis en el desarrollo rural.
A estas alturas es poco probable que el aumento de los cultivos tenga un impacto severo en los recursos que se le han ofrecido a Colombia para el 2017. En parte porque el Congreso y todo el establecimiento político de EE. UU. está concentrado en las elecciones de noviembre. Y porque el grueso de los recursos solicitados seguirá siendo usado para frenar la producción de coca así no se permita la fumigación. Y, sobre todo, porque Washington ya tomó la decisión política de respaldar las negociaciones de paz y no quiere arriesgar la firma del acuerdo.
Pero una vez suscrita la paz –sostienen fuentes–, EE. UU. podría comenzar a apretar para revivir la discusión de la guerra contra las drogas y la fumigación aérea.
Sobre todo si la situación no se controla y las cifras de cultivos lícitos en el 2016 –que serán presentadas a comienzos de 2017– muestran otro gran salto.
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Una presión que probablemente no estaría reflejada en el recorte de la ayuda –pues EE. UU. es uno de los más interesados en combatir el flagelo–, sino quizá en condiciones para su desembolso o exigiendo reportes de progreso, e incluso en otros frentes no relacionados, como los comerciales.
A la larga, sin embargo, la alianza con Colombia es estratégica para Washington y es poco probable que la ponga en riesgo así sostengan diferencias.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
