Quizá nada entre las de por sí polémicas ideas del presidente Donald Trump había generado más controversia y posible impacto en Latinoamérica, que la mano dura que propuso durante la campaña para combatir la inmigración ilegal.
Este miércoles, el nuevo mandatario de EE. UU. confirmó el temor de muchos al firmar dos órdenes ejecutivas con las que piensa, precisamente, ponerlas en práctica, algo que podría desatar una crisis diplomática de enormes proporciones entre los dos países si se considera que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto planeaba una visita la semana entrante a Trump y que, de hecho, su canciller, Luis Videgaray y su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, estaban en Washington preparando ese encuentro de alto nivel. Todo un golpe a la diplomacia.
Tanto que voces de la oposición le pedían al Gobierno cancelar la cita y la agencia AP dijo que Peña Nieto estaba “considerándolo”.
Trump, hablando desde el Departamento de Seguridad Interna, el órgano que se encargaría de implementarlas, anunció medidas para comenzar de inmediato la construcción de un gigantesco muro en la frontera con México y montar lo que a todas luces parece una fuerza de deportación de indocumentados.
“Por mucho tiempo, ciudadanos legales de este país han sido víctimas por causa de nuestras fronteras abiertas. Les queremos decir a ellos que esto se acaba y que hemos escuchado su clamor”, dijo el presidente.
EE.UU.-México, frontera y migración
consecuencias de la construccion del muro en la frontera de estados unidos y mexico
De acuerdo con las órdenes firmadas por Trump, las autoridades federales iniciarán desde esta misma semana el diseño de los planes para extender una barrera en la frontera sur de EE. UU. que ya cuenta con unos 1.000 kilómetros de muro y otro tipo de estructuras.
La idea del presidente es construir 1.600 kilómetros adicionales que costarían, según cálculos que ya han hecho en el Legislativo, unos 20.000 millones de dólares.
El dinero para comenzar la obra se obtendría de recursos ya aprobados para control fronterizo, mientras el Congreso aprueba un paquete más específico. Aunque el dinero inicialmente saldrá de los impuestos de los estadounidenses, Trump ha venido diciendo que México terminará pagando los costos. Nieto ha reiterado que su país no pagará un peso.
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El muro ha generado intensa polémica no solo entre demócratas, sino entre algunos republicanos que consideran que el proyecto es muy costoso e ineficiente. De hecho, su propio secretario para la Seguridad Interna, el general (r) John Kelly, dijo recientemente que, a su juicio, el muro no era la mejor alternativa para frenar el flujo de ilegales en el país. Kelly, quien durante años se encargó del Comando Sur, se inclina más por el uso de tecnología para controlar la frontera e inversión en los países de donde llegan los indocumentados.
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Aunque de momento existe buen ambiente en el Congreso para autorizar los fondos iniciales, el plan encierra muchos desafíos a futuro. De entrada, porque su edificación tardaría mucho más que los cuatro años de Trump en la Casa Blanca y por las presiones internas de un sector de los republicanos, conservadores en términos fiscales, que consideran la obra como un desperdicio de recursos públicos.
Así mismo, las dificultades que plantea la topografía del terreno y la resistencia que existe entre las personas dueñas de segmentos por donde pasaría el muro (tendrían que ser expropiados) son retos que tardarán tiempo en sortearse.
Las medidas anunciadas por Trump también prevén la contratación de 5.000 agentes adicionales para la protección y vigilancia de la frontera. Paralelamente, el mandatario anunció que “triplicará” el personal que trabaja en deportaciones en la Agencia para la Inmigración y Aduanas de EE. UU.
Se trata de los agentes que se encargan de ubicar, arrestar y expulsar a personas que se encuentren ilegalmente en el país. Trump advirtió que los países que no reciban a sus ciudadanos deportados serían objeto de sanciones.
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Inicialmente el blanco serían todos aquellos que posean un récord criminal. Pero entre la comunidad de inmigrantes existe el temor de que incluiría a todos los demás. Especialmente si las autoridades comienzan a realizar redadas indiscriminadas en las que caerían unos y otros.
De momento, la administración Trump no ha indicado su intención de eliminar o sustituir órdenes ejecutivas firmadas por el expresidente Barack Obama que impiden la deportación de los llamados dreamers (soñadores), personas que llegaron ilegalmente a EE. UU. siendo niños y que llevan muchos años viviendo en el país.
Se estima que los dreamers protegidos por el llamado DACA (Acción Diferida para Niños Migrantes), serían unos 750.000. Sin embargo, su permanencia y permisos de trabajo solo abarcan un período de dos y tres años y la mayoría expiran entre este 2017 y el 2018. Es decir, Trump podría simplemente no renovarlos y con eso acabar con el programa.
Entre las medidas adoptadas por Trump hay otro que busca acorralar a las llamadas ‘ciudades santuario’, como San Francisco, que actualmente impiden a las autoridades investigar el estatus migratorio de una persona y no colaboran con las autoridades federales cuando estas solicitan una detención de un ilegal. Trump buscaría cortar la financiación federal que reciben estas ciudades si se resisten a cooperar.
El presidente anunció a su vez la expansión de los centros de detención en la frontera y el ‘fin’ de ‘capturar y soltar’, una práctica bajo la cual se arresta a indocumentados, pero se liberan mientras su caso es recibido por un juez migratorio. ‘Catch and Release’ (su nombre en inglés) está prohibido desde el 2006, pero algunos críticos sostienen que en la práctica hay estados donde todavía sucede.
Como dijo el presidente, el eje de sus nuevas propuestas será hacer cumplir con leyes ya vigentes. En su conjunto las medidas adoptadas por Trump, y otras que se esperan para frenar el flujo de refugiados, hacen parte de lo que fue el corazón de su campaña electoral y con lo que le está cumpliendo a la base popular que lo llevó hasta la Casa Blanca. Y como se esperaba, fueron rechazadas en los términos más enérgicos por organizaciones proinmigrantes.
“Las ordenes ejecutivas anunciadas por el presidente Trump no representan los valores de EE. UU. y solamente separarán a nuestras familias. Es hora de que hagamos a un lado el silencio y la pasividad, y nos unamos latinos, musulmanes, refugiados, inmigrantes y minorías para contrarrestar a Trump”, dijo Cesar Blanco, director ejecutivo de Latino Victory.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68