La Cámara de Representantes de EE. UU. incluyó en los últimos días cinco nuevas condiciones a la ayuda que este país anualmente le da a Colombia y que podrían complicar el desembolso de la asistencia.
Las nuevas condiciones están incluidas en dos vehículos legislativos separados: el primero es en el presupuesto para las operaciones en el extranjero del Departamento de Estado, que ya fue aprobado a nivel de comité y solo le falta la plenaria.
El segundo es el Acto de Autorización para la Defensa Nacional (NDAA), que fue aprobado por el pleno de la Cámara este martes y se relaciona con el presupuesto del Departamento de Defensa.
En el caso del presupuesto del Departamento de Estado, que es donde se incluye parte de la ayuda que EE. UU. le da al país anualmente, la Cámara exige que se investigue y castigue a los responsables de espionaje dentro de las fuerzas armadas.
Por otro lado, este mismo presupuesto amarra el desembolso del 20 por ciento de la ayuda antinarcóticos a que primero se certifique que los programas de erradicación que adelanta el Gobierno respetan los acuerdos del proceso de paz que se firmó con las Farc y los lineamientos que dé la Corte Constitucional en este sentido.
Adicionalmente, los legisladores piden verificar que el Gobierno está tomando medidas eficaces para proteger a las comunidades afro e indígenas y respetando sus derechos territoriales.
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En el caso del NDAA, dos congresistas demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez y Jim McGovern, incluyeron sendas enmiendas que atañen al país. La de Ocasio-Cortez prohíbe usar fondos del Departamento de Defensa para la fumigación aérea a menos que el "Gobierno demuestre que se está adhiriendo a las leyes y regulaciones nacionales y locales".
La de McGovern pide un exhaustivo reporte que debe ser entregado 120 días después de que el proyecto se vuelva ley y en el que EE. UU. debe asegurar que ningún equipo de inteligencia donado o vendido a Colombia puede ser usado con el propósito de espiar a la población civil. Y solicita, además, que se revise el uso que el país les ha dado a estos equipos desde el 2002 y si fueron utilizados de manera ilegal.
En esta ocasión, la Cámara incluye unos 457 millones de dólares para el país dentro de su presupuesto para el Departamento de Estado durante el 2021. Un incremento de 9 millones si se compara con la ayuda aprobada para el 2020 y de 45 millones si se toma en cuenta lo que solicitó la administración del presidente Donald Trump a comienzos de este año.
De ellos, 146 millones son para el desarrollo económico, mientras que 189 millones van para la lucha contra el narcotráfico. Otros 38 millones son para las fuerzas armadas, 21 millones para desminado y lucha antiterrorista, y 1,4 millones para educación militar.Los 9 millones de diferencia se adicionaron a la cuenta que financia la lucha contra las drogas.
McGovern pide un reporte para que EE. UU. asegure que ningún equipo de inteligencia donado o vendido a Colombia puede ser usado con el propósito de espiar a la población civil
Como en años anteriores, el proyecto afirma que la plata debe ser invertida en la implementación del acuerdo de paz, una campaña unificada contra el narcoterrorismo, apoyo a las comunidades impactadas por el desplazamiento, respaldo a los campesinos en la erradicación y sustitución de coca y la promoción del desarrollo económico en áreas afectadas por el conflicto.
Así mismo, para fortalecer y ampliar la gobernabilidad, el imperio de la ley, el acceso a la justicia, el respeto a los derechos humanos en toda Colombia y proveer seguridad a defensores de derechos humanos y comunidades afro e indígenas.
Igualmente pide dos informes al secretario de Estado en los que debe certificar que Colombia está cumpliendo con una serie de requisitos que son necesarios para la entrega de un porcentaje de la ayuda. Uno en materia de derechos humanos y el otro en la lucha contra las drogas.
El relacionado con derechos humanos se contempla que el 20 por ciento de la ayuda para el Ejército, que corresponde a unos 8 millones de dólares, depende de que el secretario constate que la Jurisdicción Especial para la Paz está castigando a los responsables de violaciones de derechos humanos, se estén tomando pasos para reducir los ataques contra defensores, sindicalistas y periodistas y castigando a los miembros de las fuerzas armadas implicados en violaciones de derechos humanos.
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Y es allí mismo donde se adicionan dos de las nuevas condiciones.
"El Gobierno de Colombia ha investigado y está tomando las medidas para responsabilizar a los funcionarios de gobierno que de manera creíble y que presuntamente dirigieron, autorizaron o llevaron a cabo la vigilancia ilegal de opositores políticos, funcionarios del gobierno, periodistas y defensores de derechos humanos, incluido el uso para tal fin de activos proporcionados por los Estados Unidos para combatir el terrorismo y el narcotráfico”, dice el texto en alusión a los escándalos recientes que han sacudido a las fuerzas armadas.
La segunda pide que se estén "tomando medidas eficaces para proteger a las comunidades afrocolombianas e indígenas y se están respetando sus derechos y territorios”.
El informe de certificación sobre la lucha contra las drogas también contempla congelar un 20 por ciento de la ayuda hasta que no se cumpla con ciertos requisitos. Pero ese 20 por ciento suma casi 40 millones de dólares por que el monto antinarcóticos es más alto que los recursos para militares.
Como en años anteriores, para que esos fondos puedan ser entregados, el secretario primero debe certificar al Congreso que Colombia "continúa implementando una estrategia nacional integral antinarcóticos enfocada en la reducción del 50 % de los niveles de la producción de cocaína y áreas cultivadas para el 2023".
Pero ahora añade que se debe verificar que "dicho programa no constituye una violación del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y las Farc".
En el reporte que acompaña el proyecto, en el cual se suele explicar en detalle la intención de los legisladores, estos le piden al secretario asegurar que los programas de erradicación que serán financiados con los fondos que Estados Unidos aporta están diseñados y serán ejecutados "en cumplimiento de los requisitos de la Corte Constitucional de Colombia" y dentro del marco de los acuerdos de paz, "incluyendo garantizar que las necesidades básicas de las comunidades sean atendidas, tales como titulación de tierras, seguridad alimentaria y el establecimiento de una presencia estatal duradera y eficaz en zonas de cultivos de coca".
Así mismo, piden que los programas de erradicación garanticen la protección de reservas indígenas, territorios de afrocolombianos, parques naturales y ecosistemas estratégicos.
El proyecto de apropiaciones para el Departamento de Estado, vale anotar, aún debe ser aprobado por la plenaria y luego surtir un trámite semejante en el Senado, al cabo del cual ambos proyectos deben ser armonizados. Esto indica que su contenido final aún puede cambiar.
El caso de NDAA, donde están incluidas las enmiendas de Ocasio-Cortez y McGovern, es un poco diferente porque no asigna recursos de manera directa, pero autoriza el monto que puede ser gastado y las políticas que deben seguirse. En ese sentido, sus disposiciones también suelen ser de obligatorio cumplimiento.
Su futuro, eso sí, es incierto porque el presidente Donald Trump ha dicho que lo vetará por incluir medidas que rechaza, entre ellas una que le pide al Pentágono rebautizar bases militares que lleven el nombre de militares que defendieron a los estados confederados durante la guerra civil.
En todo caso, las nuevas condiciones incluidas en ambos vehículos legislativos demuestran el interés de los demócratas —que controlan la Cámara— tanto por los escándalos de espionaje como por el futuro de la erradicación de cultivos ilícitos en el país.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON
Twitter: @sergom68
