Días antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, alguien publicó en Twitter que Hillary Clinton era parte de un círculo pedófilo. El rumor se propagó por las redes y el presentador de derechas Alex Jones señaló que ella estaba implicada y que su jefe de campaña, John Podesta, participaba en ritos satánicos. En un video de YouTube (ya se eliminó), Jones hablaba de “los niños que Hillary Clinton ha asesinado, descuartizado y violado”. Se publicó cuatro días antes de la elección y fue visto 400.000 veces.
Por los correos difundidos por WikiLeaks se supo que Podesta cenaba a veces en la pizzería Comet Ping Pong, en Washington. Parece ser que por eso las acusaciones sobre el círculo pedófilo se centraron en ese lugar, dando origen al ‘hashtag’ #pizzagate. Muchos de los retuits de las acusaciones se originaron en ‘bots’ o programas diseñados para difundir mensajes, dando la impresión de que mucha gente se estaba tomando el ‘pizzagate’ en serio. Increíblemente, la historia también fue retuiteada por el general Michael Flynn, asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump.
Aun después de la elección (y pese a que ‘The New York Times’ y ‘The Washington Post’ la desacreditaron), la historia siguió difundiéndose. Comet Ping Pong recibió llamadas amenazantes. Cuando el gerente se comunicó con la policía, le dijeron que los rumores eran parte de la libertad de expresión protegida por la Constitución.
El 4 de diciembre, Edgar Welch, oyente de Jones, condujo 350 millas desde Carolina del Norte hasta Comet Ping Pong. Esperó a que los clientes y el personal se fueran para ponerse a buscar niños supuestamente esclavizados. Disparó su rifle al menos una vez para abrir una puerta. Tras no encontrarlos, se entregó a la policía.
Las noticias falsas son una amenaza a las instituciones democráticas. Ha habido ejemplos menos absurdos, como un falso informe de una amenaza nuclear del ministro de Defensa israelí, que llevó a su contraparte pakistaní a retuitearlo y advertir a Israel que Pakistán también es potencia nuclear.
Le hayan costado o no la presidencia a Clinton, está claro que las noticias falsas podrían hacer que un candidato pierda las elecciones y afectar las relaciones internacionales. También son contrarias a uno de los pilares de la democracia: que los votantes pueden tomar decisiones informadas.
La primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos señala que “el Congreso no promulgará leyes (...) que limiten la libertad de expresión o de prensa”. Para 1919, la interpretación de estas palabras que hizo la Corte Suprema llevó a la doctrina de que el Congreso solo podía prohibir alguna expresión si suponía un “riesgo claro” de daños graves.
Tal postura se precisó más en la que es quizás la mayor defensa de la libertad de expresión por un juez: la opinión de Louis Brandeis en el caso Whitney vs. California (1927). Él la describió como función esencial para una democracia eficaz, apelando a la “confianza en el poder de un razonamiento libre y sin temor aplicado mediante los procesos de gobierno popular”.
Hoy cuesta tener tanta confianza en el poder de un “razonamiento libre y sin temor”, especialmente si se ha de “aplicar mediante los procesos de gobierno popular”. De manera similar, su creencia de que “más expresión y no un silencio obligado” es el remedio para “la falsedad y las falacias” parece ingenua, especialmente en una campaña electoral.
¿Cuál es la alternativa? No hay duda de que lo que Jones dijo de Clinton es difamación y ella podría demandarlo, pero eso sería costoso y tardaría años en el sistema judicial.
En el Reino Unido, la ‘difamación escrita’ fue un delito penal durante siglos, pero cayó en desuso y se abolió en el 2010. En Estados Unidos, la calumnia no es delito federal. Sigue siendo un crimen en algunos estados, pero se presentan pocos casos.
Un informe del 2015 preparado por A. Jay Wagner y Anthony L. Fargo para el Instituto Internacional de la Prensa describe muchos de los casos recientes como “mezquinos” y concluye que el delito de calumnia se ha vuelto “innecesario”.
Los últimos ejemplos de falsas noticias sugieren que su conclusión es prematura. Acusar en una campaña electoral a uno de los candidatos de asesinar niños no es mezquino, y las leyes sobre difamación no ofrecen un remedio eficaz. ¿Será tiempo de que el péndulo legal vuelva a inclinarse hacia el delito de calumnia?
PETER SINGER
Profesor de ética en la U. de Princeton. Entre sus publicaciones se encuentran ‘Un solo mundo’ y ‘Ética en el mundo real’.
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