Al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se le podría acusar de violar la Constitución, de no respetar la independencia de los poderes, de imponer un régimen autoritario con visos dictatoriales o incluso de lo que para muchos es “incapacidad mental” a la vista del desastre de sus 4 años de mandato.
Sin embargo, declarar, como lo acaba de hacer la Asamblea Nacional, el ‘abandono del cargo’ de un mandatario que se ha caracterizado no por su ausencia, sino precisamente por su abuso del poder, pone a pensar a algunos sectores, incluso críticos con Maduro, que la oposición entró en el terreno del desespero, o que al menos está en un plan de imitación de las prácticas del chavismo: torcerle el pescuezo a la Constitución, con una interpretación forzada del artículo 233.
Para los defensores del ‘abandono del cargo’, algunos de los cuales son reputados juristas, esta figura no se circunscribe exclusivamente a la presencia física del gobernante, sino que se puede aplicar al mal gobierno, patente en el desabastecimiento, en la inflación desbordada, en la inseguridad, en el hecho de que Maduro gobierna con poderes especiales autootorgados sin control legislativo y en que la economía tuvo el peor desempeño del mundo en el año que terminó. Y pueden tener razón jurídica. La Constitución redactada por Chávez tiene tantas zonas grises que aguanta cualquier interpretación.
Pero intentar hacerles entender a los venezolanos que agotan sus días en eternas filas o rogando atención a las puertas de un hospital que el Presidente que ven una o dos veces al día en interminables cadenas de radio y TV abandonó su puesto no solo es ingenuo, sino demasiado optimista sobre las fuerzas que mueven la opinión pública, cansadas de la polarización y con fatiga por los recientes yerros de la oposición. Mucho más cuando los dirigentes de la MUD reconocen que es improbable un adelanto de elecciones y que el ‘abandono de cargo’ no tendrá efectos prácticos.
El bloqueo institucional continúa, el diálogo mediado por el Vaticano va en nada y la situación ya rebasó la disputa sobre la imposición de un modelo ideológico y económico. El asunto ya es de supervivencia, de viabilidad del país. Eso es lo que parecen no entender ni Gobierno ni oposición.
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