Las cifras son dramáticas. En tres semanas, al menos unos 400.000 miembros de la minoría étnica rohinyá han huido hacia Bangladés de la violencia militar en Birmania, desencadenada después de que el insurgente Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (Arsa) atacó casetas policiales y militares en el estado de Rakáin, a finales de agosto.
Según la ONU, la cifra de muertos por la violencia podría ser superior a mil. Además, se sabe que de los cientos de miles de rohinyás que huyen un 60 por ciento son niños, 23 por ciento de los cuales son menores de cinco años.
Pero quizá lo que más preocupa es que el número de desplazados puede llegar a ser el doble del actual.
Esta situación puso a Birmania en la mira, pues, no obstante los llamados de la comunidad internacional –que, encabezada por la ONU, calificó esta crisis de “limpieza ética”–, la violencia militar en contra de los rohinyás no cesa y, al contrario, parece intensificarse.
La ONG Amnistía Internacional (AI) acusó esta semana a las fuerzas de seguridad de Birmania de más de 80 incendios en aldeas Rakáin, identificados por imágenes de satélite, y de tirotear a civiles de esta perseguida minoría étnica.
“Los datos son irrefutables: las fuerzas de seguridad de Birmania están prendiendo fuego al norte del estado de Rakáin, en una campaña dirigida a expulsar a todos los rohinyás. No se equivoquen: es una limpieza étnica”, afirmó Tirana Hassan, directora de Respuesta de Crisis de AI.
“Se observa aquí un patrón claro y sistemático de abusos. Las fuerzas de seguridad rodean un pueblo, disparan a la gente que huye presa del pánico y luego incendian las casas hasta los cimientos. En términos legales, se trata de crímenes de lesa humanidad: ataques sistemáticos y expulsión forzada de civiles”, agregó la organización.
También se sabe que algunos rohinyás que han tratado de volver a Birmania se han encontrado con minas antipersona, supuestamente plantadas por militares para evitar que regresen, pues los rohinyás son considerados inmigrantes ilegales bengalíes, razón por la cual no tienen ciudadanía y están privados de derechos.
El problema, dicen algunos expertos, es que nadie los quiere: ni Birmania ni Bangladés.
Aunque en 1982 se creó una ley de ciudadanía en Birmania, son muy pocos los que han logrado ser naturalizados.
“Si no se es miembro de un grupo étnico, se tiene que probar que sus ancestros llegaron a Birmania antes de 1823, porque en 1824 se dio la guerra anglo-birmana y los extranjeros llegaron al país”, afirmó en diálogo con EL TIEMPO David Steinberg, especialista en Birmania y profesor emérito de Estudios Asiáticos de Georgetown University.
“Los rohinyás no son considerados un grupo étnico. Ellos quieren ser reconocidos como tal, lo que les daría derecho a la ciudadanía. Esa es la historia del problema, y el problema continúa porque son el grupo más pobre y dolido en el sur de Asia”, agregó.
Para Nehginpao Kipgen, director ejecutivo del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Jindal School of International Affairs de la India, aunque no hay una garantía de que no haya más violencia en contra de los rohinyás, en Birmania se necesita implementar medidas a corto y largo plazo enfocadas en el cese de la violencia y de las hostilidades por parte del Arsa y las fuerzas de seguridad birmanas.
“La ley y el orden necesitan ser restaurados; a todos los civiles inocentes se les debe dar una protección completa y provisiones necesarias para que desaparezcan las tensiones y evitar que la tensión o violencia comunal se extienda a otras partes del país”, dijo.
Desde la comunidad internacional se ha criticado abiertamente la postura de la líder del gobierno birmano y nobel de paz Aung San Suu Kyi, no solo porque la única vez que se refirió a la crisis habló de una campaña de “desinformación sobre los rohinyás”, sino también porque su gobierno los calificó como “terroristas” que huían de Birmania.
Pero ¿por qué Aung San Suu Kyi no defiende a los rohinyás? Expertos aseguran que la líder birmana está en una situación compleja, pues aunque su partido, el LND, ganó con una aplastante mayoría las elecciones del 2015 y logró el 80 por ciento de los escaños del Parlamento, los militares –que redactaron una Constitución que no permite que birmanos con esposos o descendientes extranjeros, como es su caso, asuman la Presidencia– se quedaron con un 25 por ciento de ellos.
Por eso, Suu Kyi no controla los aparatos de coerción del Estado, pues los militares dominan, entre otras cosas, los ministerios de Defensa e Interior.
“Es una política muy inexperta y en lugar de tratar de construir confianza con los militares, no lo ha hecho y como resultado no puede controlar sus acciones. Suu Kyi no quiere perder su base política y al salir en contra de ellos y a favor de los rohinyás perdería todo tipo de apoyo, porque hay un prejuicio muy grande en contra de ese grupo en el país”, afirmó Steinberg.
Al respecto, la revista ‘The Economist’ apuntó que “independientemente de si es popular o no, la primera responsabilidad de cada gobierno es mantener viva la gente a la cual gobierna. Incluso, si Suu Kyi no puede controlar a los militares, debería al menos denunciar su comportamiento y dejarles claro a los birmanos los horrores que son cometidos en su nombre”.
“Ella tiene que abordar o balancear la perspectiva militar, el criticismo internacional y la complejidad local”, afirmó Jurgen Haacke, profesor asociado de relaciones internacionales del London School of Economics e investigador en asuntos de Birmania.
Por ahora se sabe que, ante la mirada y la presión mundial, Suu Kyi se volverá a referir a la crisis de los rohinyás este martes. Mientras tanto, organismos internacionales han declarado una crisis humanitaria en Bangladés, que desde hace dos años ha propuesto desplazar a los refugiados rohinyás –que han llegado en exódos pasados a su territorio– a la isla de Bhashan Char, una alternativa que no es vista como viable por expertos.
“Esta no es la respuesta. Bangladés tiene que trabajar con Birmania. Uno esperaría que ambos gobiernos estén dispuestos a hacer algo para tratar de solucionar el problema de una manera humanitaria, porque estas personas necesitan ser ayudadas”, afirmó Steingerg.
SANDRA RAMÍREZ CARREÑO
Subeditora internacional
En Twitter: @esalgosimple
Cansados tras viajes largos y dolorosos, miles de rohinyás refugiados malviven en chamizos sobre el barro con la angustia sobre su futuro en Bangladés, pero la idea de volver a Birmania, donde dan por sentado que los espera el cementerio, no entra en sus cabezas.
“Me lo dijeron muy claramente: o se van o los matamos”, explicó Abby Sallam, rodeado por nietos y otros miembros de su familia, que no se quedó atrás en su pueblo de Fakira Bazar, en el estado occidental birmano de Rakáin.
El granjero, de pelo canoso y barba corta, decidió hace una semana resignarse y aceptar el ultimátum que le había dado el Ejército birmano. Dejó su granja, su casa, la vida que conocía y salió hacia Bangladés. Sin embargo, los militares no cumplieron su parte y le robaron las vidas de dos de sus hijos. El hombre lo narra sin emoción y, como quien enuncia una fórmula física, afirma: “Si volvemos, morimos”.
Como Sallam, la mayoría de los rohinyás en los campos de refugiados no quieren ni oír hablar de volver a Birmania, una pretensión que las autoridades de Bangladés han repetido hasta la saciedad.
La primera ministra bangladesí, Sheikh Hasina, indicó esta semana que su país ha aceptado a los rohinyás sobre la premisa de una “acción humanitaria”, pero insistió en que la solución a la crisis pasa por que Birmania acepte su regreso.
Sin embargo ayer, las mismas autoridades de Bangladés prohibieron a la población arrendar viviendas o acoger en ellas a los rohinyás, cuyo movimiento quedará limitado “a campos determinados” del distrito de Cox's Bazar.
“No pueden quedarse o refugiarse en las casas de parientes o conocidos fuera del campamento. Estarán en un campo determinado hasta que regresen a casa”, anunció la Policía de Bangladesh.
Líderes de la ONU consideran que lo que está ocurriendo es un “caso de libro de limpieza étnica”, algo que niegan las autoridades birmanas, que califican a los rohinyás de “terroristas”.
“¡No volveré nunca!”, dice Rokki Mullah, un hombre de 30 años que lleva viajando 14 días por montes y ríos desde su natal Tum Bazar, huyendo de los militares. Su historia es similar a la de Abby. “Me dijeron que si no dejaba este lugar, me mataban”, afirma.
EFE
