Con el comunicado del pasado 13 de junio del grupo de las siete principales economías liberales, pidiendo a China respetar los derechos humanos y anunciando un nuevo plan de infraestructura para los países en desarrollo, avanza la consolidación de una visión conjunta de las principales democracias para enfrentar a la autocracia más poderosa del mundo. Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero, el presidente Biden ha buscado recomponer la alianza con la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia y Corea del Sur, convencido de que solo unidos podrán contrarrestar la creciente influencia internacional del gigante asiático.

Entre 1995 y 2019, China pasó de ser una economía más pequeña que la de Italia a multiplicar el tamaño de su economía 24 veces, convirtiéndose en la segunda economía del mundo y reduciendo su pobreza extrema al 1 por ciento de la población. Que las empresas norteamericanas hubieran generado en esos años fabulosas utilidades con sus ventas en el mercado chino no disminuyó la percepción entre el público norteamericano de que China se aprovecha de los Estados Unidos y le roba su tecnología, sino que contribuyó a intensificarla.

El resentimiento en Estados Unidos se gestó cuando cientos de empresas americanas trasladaron sus fábricas a China, aprovechando los bajos costos laborales y el potencial del mercado interno, pero eliminando miles de empleos sindicalizados en Estados Unidos.

Una de las pocas cosas en las que el Partido Demócrata y el Republicano están de acuerdo es en que China constituye la amenaza más grande para la hegemonía norteamericana. Ocho presidentes de los EE. UU., desde Nixon hasta Obama, optaron por un relacionamiento estratégico –engagement–, que, se creía, llevaría a que con su progreso económico, China se hiciera más democrática. Mientras China cada vez se hacía más fuerte, la prensa en las democracias registró continuamente las medidas autoritarias del partido comunista; sus graves violaciones de los derechos humanos, como la masacre de la plaza Tiananmén, el confinamiento y adoctrinamiento forzoso de la minoría uighur, y el espionaje industrial.

Sin embargo, Estados Unidos y la Unión Europea no tomaron mayores acciones, optando por no enemistarse con China por lo que esta hiciera dentro de su territorio, dadas las gigantescas utilidades que generaban los negocios con China.

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En el 2017, el presidente Donald Trump, fiel a su promesa de campaña, rompió con esa política y desató una guerra comercial imponiendo aranceles a más del 66 por ciento de las importaciones chinas por más de US$ 550 billones. Después de tres años y con las exportaciones de ambos afectadas, en enero del 2020, firmaron la ‘fase uno’ de una tregua, en la que China se comprometió a reducir sus barreras a las importaciones, principalmente agrícolas, de Estados Unidos y a mejorar la protección de la propiedad intelectual.

Sin embargo, no fueron ni el desbalance comercial ni las violaciones de los derechos humanos lo que llevó a Estados Unidos a concluir que su posición como superpotencia y su modelo de democracia liberal estaban en riesgo frente a China.

Primero, desde la crisis del 2009, China multiplicó el estímulo fiscal a su infraestructura, con el objetivo de liderar en todas las nuevas tecnologías. El gasto se ha destinado a la construcción masiva de trenes de alta velocidad, estaciones y sistemas de metro, plantas fotovoltaicas y turbinas eólicas. Poco después de la aparición de la pandemia, el Gobierno chino anunció un nuevo estímulo fiscal (390.000 millones de dólares) para la “infraestructura del futuro”, es decir, la fabricación de microchips, tecnología 5G y la masificación de estaciones de carga eléctrica para vehículos.

Por su parte, Estados Unidos pasó de producir en 1990 el 40 por ciento de todos los microchips (que hoy se utilizan no solo en computadores sino en automóviles, teléfonos, equipos de diagnóstico, maquinaria y cientos de productos más) a solo el 12 por ciento en el 2020. Como la gran mayoría de los microchips se fabrican hoy en Taiwán, cuya soberanía es disputada por China, EE. UU. ha comenzado a replicar los préstamos blandos y beneficios tributarios que China ha ofrecido por décadas para producir localmente microchips. Con un costo promedio de US$ 20 billones, construir una planta de microchips para trasladar su producción es improbable sin incentivos gubernamentales.

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En segundo lugar, las amenazas al sistema democrático de Estados Unidos y a su seguridad nacional. El presidente Xi Jinping ha acumulado mayor poder del que tuvo cualquiera de sus antecesores antes de Mao. Desde 1982, la constitución china limitaba el ejercicio de la presidencia a dos periodos de cinco años. En octubre del 2017, rompiendo con la tradición, el presidente Xi Jinping no presentó un sucesor para cuando terminara su segundo mandato, y anunció el comienzo de una nueva era del socialismo Chino.

Seis meses más tarde, el parlamento en Pekín modificó la constitución, permitiendo su reelección indefinida. Al mismo tiempo, el presupuesto en seguridad interna de China se incrementó en un 19 por ciento, sobrepasando inclusive el total del presupuesto destinado a seguridad externa.

En China, Google, WhatsApp, Twitter y Wikipedia, entre otras plataformas, están bloqueadas para que la población no pueda acceder libremente a la información, sin previa revisión del régimen.

La preocupación sobre el creciente autoritarismo chino no se limita al incumplimiento de su promesa de respetar el sistema autónomo de Hong Kong, donde ya eliminó la oposición política y cerró la prensa independiente, ni a sus agresivas declaraciones sobre Taiwán, o a la construcción de bases militares en islas artificiales y sus disputas fronterizas con ya 18 países a pesar de tener solo 14 vecinos. Las campañas de desinformación de China se han incrementado sustancialmente, según la BBC. Twitter y Facebook han suspendido miles de cuentas relacionadas con el Gobierno Chino, y estiman en mas de 200.000 las cuentas activas dedicadas a atacar a críticos del régimen y reproducir narrativas falsas en otros países.

El año pasado, el presidente Trump, a seis meses de las elecciones presidenciales, culpó a China de propagar intencionalmente el covid–19. Los servicios de prensa de Pekín respondieron que fueron soldados de Estados Unidos los que originaron el virus.

Mientras que el presidente Xi Jinping se ufanaba del rápido control del contagio en su país, y promocionaba ayuda en más de 100 países, los medios independientes resaltaron que fue la censura del partido comunista lo que permitió la rápida propagación del virus. Biden, por su parte, en el último mes ofreció millones de vacunas para los países en desarrollo y prometió facilitar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) las licencias obligatorias para las patentes de las vacunas, con lo cual se presiona a los fabricantes a incrementar la producción y bajar los precios.

En lo comercial, el gobierno Biden, heredero de la confrontación, no puede mostrar un acercamiento con China si no se resuelven algunos reclamos. Este mes, el Congreso de Estados Unidos aprobó subsidios en investigación y tecnología por US$ 250 billones, y Biden justifica su propuesta de mil billones de dólares en infraestructura para poder competir con China.

Quizás China disminuya la piratería industrial y cumpla con las reglas del comercio internacional si sus principales mercados de exportación lo enfrentan unidos. El costo para los aliados de enfrentar a China por sí solos es alto. A Canadá cumplir con el pedido de EE. UU. de arrestar en Vancouver a la hija del presidente de Huawei, por fraude al ocultar las relaciones de la empresa con Irán, le costó el arresto de dos canadienses que vivían en Pekín y severas sanciones comerciales a sus exportaciones. Para Australia haber criticado las acciones de China en Hong Kong significó altos aranceles para sus exportaciones de cebada y vino y la suspensión de sus ventas de carbón.

Evan Osnos, columnista de The New Yorker, en su libro sobre sus años en China, describe a una sociedad que ve la democracia como una indeseable forma de gobierno por su desorden y sus demoras en producir resultados. Un país oficialmente ateo con un número creciente de cristianos, crítico de la corrupción oficial y la censura, en medio de la mayor transformación económica de su historia.

El libro termina cuando asciende al poder Xi Jinping, hijo de uno de los “ocho inmortales” del partido comunista, y su mensaje sobre el sueño chino: “Nadie estará bien hasta que el Estado y la Nación estén bien”. Cuando el diario estatal People's Daily realizó una encuesta en línea preguntando si la gente apoyaba un gobierno de un solo partido y si creía en el socialismo, el 80 por ciento de los tres mil encuestados contestó que no. La encuesta fue retirada de la página. En el 2023, la China superará a la Unión Soviética, como el Estado unipartidista más longevo de la historia.

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Desde el 2005, cinco bancos controlados por el Gobierno chino han desembolsado más de US$ 137 billones en préstamos en América Latina. Colombia y AL tendrán necesariamente que tomar partido en la medida que la confrontación se incremente. Durante el gobierno Trump, la presión de Washington para que América Latina tomara distancia de China no logró resultados. Las advertencias sobre los riesgos de adoptar la tecnología 5G de Huawei no tuvieron eco. Aunque para Estados Unidos y sus principales aliados las acciones de China de los últimos años –el genocidio en la provincia de Xinjiang, la ruptura del sistema en Hong Kong, la disputa limítrofe con Japón y las amenazas a Taiwán– prenden las alarmas, las frágiles democracias de la región no arriesgan repercusiones de uno de sus principales socios comerciales.

En Estados Unidos, solo uno de los dos partidos políticos cree en la democracia, y sus aliados tradicionales calculan hasta dónde conviene enfrentar a China. Está en los hombros del presidente Biden liderar una coalición que trabaje con China para reducir el cambio climático y mejorar la coordinación en salud en un mundo pospandemia, pero que rescate, antes de que sea muy tarde, el prestigio de la democracia, tan golpeada por la demagogia, y resalte las graves consecuencias de los excesos de poder y la falta de transparencia.

NICOLÁS LLOREDA*
Para EL TIEMPO

*Abogado, exembajador de Colombia en Canadá y ministro plenipotenciario en Washington.