El Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia acusaron este jueves a Pekín de violar sus obligaciones internacionales tras la adopción por parte del parlamento chino de una controvertida legislación de seguridad nacional para Hong Kong.
"La decisión de China de imponer la nueva ley sobre seguridad nacional en Hong Kong entra en contradicción directa con sus obligaciones internacionales según los principios de la declaración conjunta firmada por China y Reino Unido, legalmente obligatoria y registrada ante la ONU" declararon los jefes de la diplomacia de esos cuatro países en un comunicado conjunto.
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La ley recién aprobada "limitaría las libertades de la población de Hong Kong y socavaría de manera dramática la autonomía y el sistema que lo hicieron tan próspero", estimaron los firmantes, que expresaron su "profunda inquietud" ante la situación política en el enclave y el agravamiento de las "divisiones en el seno de la sociedad de Hong Kong". Por ello invitan a Pekín a "trabajar con el pueblo de Hong Kong para hallar una solución aceptable para ambas partes".
El contextoEl parlamento chino adoptó este jueves la polémica ley sobre la seguridad nacional en
Hong Kong, como respuesta a las grandes manifestaciones prodemocracia el año pasado en la excolonia británica, y pese a las amenazas de sanciones de Estados Unidos.
Como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron esta medida que reactivó las protestas en Hong Kong.
Solo un diputado votó en contra y seis se abstuvieron. El anuncio del resultado de la votación fue celebrado con un largo y fuerte aplauso en el marco solemne del Palacio del Pueblo en Pekín, ante la presencia del presidente Xi Jinping.
En Hong Kong, los opositores demócratas a la influencia del gobierno central afirman que la medida abre el camino a un retroceso sin precedentes de las libertades en esta metrópolis financiera de siete millones de habitantes.
"Es el fin de Hong Kong", dijo a la AFP Claudia Mo, diputada prodemocracia en el Consejo Legislativo hongkonés. "A partir de ahora, Hong Kong será una ciudad china como las otras".
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En el bando pro-Pekín, su colega Martin Liao se congratuló en cambio de la votación en el Parlamento nacional: "Esta decisión no afectará a los derechos y libertades de los hongkoneses. Al contrario, ayudará a Hong Kong, a largo plazo, a poner fin a la violencia y al caos".
Estos últimos meses, la movilización se había interrumpido debido a las medidas sanitarias para frenar la epidemia de covid-19, pero miles de manifestantes salieron el domingo de nuevo a la calle para protestar contra el proyecto de ley, anunciado solo tres días antes.
El voto otorga mandato al comité permanente de la ANP para redactar un proyecto de ley que será incorporado a la pequeña Constitución de Hong Kong, evitando así la opinión del Consejo Legislativo local.
Esta ley deberá "impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos" de Hong Kong, según un proyecto que había sido sometido a la ANP.
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China acusó en múltiples ocasiones a las "fuerzas extranjeras", especialmente a Estados Unidos, de fomentar las protestas en Hong Kong. También acusó a los manifestantes radicales de librarse a actividades "terroristas".
El Comité Permanente de la ANP podría examinar el texto a partir de junio y el proyecto de ley sería adoptado a finales de agosto, según la web NPC Observer, especialista en temas legislativos chinos.
El texto también prevé autorizar a los organismos que dependen del gobierno central a abrir en Hong Kong oficinas con autoridad en materia de seguridad nacional. Según sus detractores, la medida supone el fin del principio "un país, dos sistemas", que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por el Reino Unido a China en 1997.
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El futuro de este gran centro financiero mundial preocupa a la comunidad internacional, especialmente a Estados Unidos donde, sin esperar el voto del Parlamento chino, la administración de Donald Trump allanó el camino para imponer sanciones económicas contra Hong Kong.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo el miércoles en el Congreso que ya no consideraba que el territorio fuera autónomo respecto a Pekín.
"Ninguna persona razonable puede decir hoy en día que Hong Kong mantiene un alto grado de autonomía de China", afirmó. Tras esta constatación, la administración de Trump puede ahora acabar con el estatus especial acordado a la excolonia británica para propósitos comerciales.
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Esta medida, que Washington todavía no anunció si aplicaría, es un acto de "barbarie", denunció el jueves la oficina del ministerio chino de Relaciones Exteriores en el enclave.
AFP
