El heredero del imperio Samsung y otros cuatro ejecutivos de la empresa fueron oficialmente inculpados este martes por corrupción en el marco del escándalo político que sacude a Corea del Sur desde hace meses, un nuevo golpe para el primer fabricante mundial de teléfonos inteligentes.
Esta inculpación significa de manera casi segura que Lee Jae-Yong comparecerá, junto a los cuatro ejecutivos, en un tribunal, lo que siembra nuevas inquietudes al mastodonte de la telefonía que se vio obligado a pedir a nivel mundial que le regresen, debido a una falla, la última generación de sus teléfonos.
Lee, de 48 años, fue inculpado "por corrupción, utilización indebida de bienes públicos, encubrimiento de activos en el extranjero y perjurio", declaró Lee Kyu-Chul, portavoz del equipo especial que investiga este caso que le valió la destitución a la presidenta Park Geun-Hye.
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Lee Jae-Yong es el vicepresidente de Samsung Electronics, e hijo del presidente y nieto del fundador. El 17 de febrero estuvo en detención provisoria. Tres de los cinco inculpados renunciaron, pero no el heredero, anunció la empresa, el principal conglomerado del país que representa un quinto del PIB.
Samsung anunció así mismo el desmantelamiento de la Oficina de Estrategias Futuras, "su torre de control", que supervisa todas sus decisiones importantes, en el marco de un "programa de reformas" que prevé que cada departamento de la empresa tenga mayor independencia.
Samsung también decidió desmantelar su poderoso servicio a cargo del lobby con el gobierno y quiere hacer que su política de donaciones sea más transparente. "Queda por saber si se trata de una nueva medida cosmética para desviar las críticas de la opinión", comentó Chung Sun-Sup, director de chaebol.com, página de internet que escruta el comportamiento de las empresas.
En el pasado, dijo, "Samsung desmanteló organismos de control del grupo cuando se descubrió que no cumplían con la ley, y luego los volvió a formar con otro nombre". Lee se convirtió en el jefe de la multinacional luego de la crisis cardíaca de su padre en 2014.
Los investigadores revelaron este martes su decisión de presentar cargos formales contra el empresario, en un paso más de la operación legal contra la amplia trama de corrupción que sacude al país desde octubre y que también causó la caída de la presidenta Park Geun-hye.
El directivo está acusado de haber autorizado el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon-sil -amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la 'Rasputina' por su cercanía a la mandataria-, a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.
Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (36 millones de euros/ 38 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por Choi, pero niegan cualquier irregularidad y que recibieran trato de favor por ello.
El portavoz del equipo de investigadores, Lee Kyu-chul, dejó hoy abierta la posibilidad de inculpar a altos responsables de otros 'chaebol' (grandes conglomerados empresariales), que también están bajo investigación dentro de la trama de corrupción, en declaraciones a los medios.
Hasta 53 compañías -entre ellas otros gigantes del país como SK hynix, Lotte, LG o Hyunday- están bajo investigación de las autoridades por su supuesto papel dentro de la trama de la 'Rasputina', a la que habrían contribuido con 77.400 millones de wones (63 millones de euros/ 67 millones de dólares).
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Dentro de esta parte de la instrucción, la amiga íntima de Park afrontará también los cargos de soborno, mientras que la presidenta ha vuelto a ser señalada como sospechosa del mismo delito, aunque el cargo público que por ahora ocupa impide que sea acusada formalmente.
Choi permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la presidenta, miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.
El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre pasado destituir a Park, aunque la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir si respalda el proceso.
AGENCIAS
