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'A los medios los castigan por decir y por callar'

La Ley de Comunicación todavía genera polémica por las altas restricciones a la libertad de prensa.

A comienzos de noviembre el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompió un ejemplar del diario La Hora en público. Lo hizo porque a su parecer el periódico dio una información inexacta y “mentirosa” al titular ‘Ellos negaron la consulta popular’, un artículo que daba testimonio de la decisión de la Corte Constitucional de dejar en manos de la Asamblea Nacional la enmienda de la reelección indefinida, que se suponía debería haber pasado por un referendo popular.
La imagen se ha repetido al menos seis veces desde que Correa asumió el poder, en el 2007. En años anteriores, el Presidente ya había roto ejemplares de medios como El Universo, El Comercio y Hoy. Pero lo grave es que a esta acción se han sumado los insultos y demandas contra periodistas, columnistas y opositores.
“Constantemente se repite que el periodista es corrupto, mediocre, mentiroso, y que es el enemigo de la revolución”, dice en diálogo con EL TIEMPO César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios.
Con este panorama, Ecuador es hoy uno de los países de América Latina que tienen más restricciones cuando se trata de libertad de expresión y libertad de prensa.
Expertos opinan que desde que llegó Correa, los medios se han visto limitados para informar y los ciudadanos y opositores difícilmente pueden expresar opiniones contrarias al Gobierno públicamente.
“Se ha impuesto un ataque: un discurso estigmatizante, declaraciones ofensivas y hostigamiento cotidianos. Los insultos son contra los ciudadanos y contra los periodistas que emiten cualquier opinión”, le dice a este diario Diego Cornejo, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep).
La ley ‘mordaza’
La situación empeoró desde que, en junio del 2013, entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación –llamada ley ‘mordaza’ por organismos defensores de la libertad de expresión–.
Analistas afirman que en dicha ley se entienden la comunicación y la información como un servicio público, lo que quiere decir que estas son reguladas por el Estado a través de instituciones administrativas como la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) –que tiene entre sus funciones monitorear a periódicos, emisoras radiales y canales de televisión, y sancionarlos en caso de que incumplan esta ley–.
Pero el problema real –afirma Ricaurte– es que ahora “el Estado está en la capacidad de decir qué es lo que se dice, cómo se dice y bajo qué condiciones. A los medios los castigan por decir y por callar”.
Uno de los casos más emblemáticos de la lucha de Correa contra los medios fue la demanda contra el diario El Universo después de que el caricaturista Xavier Bonilla (Bonil) publicó una caricatura en la que se mostraba un allanamiento de las oficinas de un asambleísta y su asesor que eran acusados por el Presidente de jaquear correos del Gobierno.
En esa oportunidad se dio la primera sanción a un medio bajo la Ley de Comunicación. La Supercom no solo le dio un plazo de 72 horas al caricaturista para rectificarse, sino que además le impuso al medio una multa del dos por ciento de la facturación del último trimestre, como ‘corresponsable’ de la publicación.
Y la situación restrictiva preocupa. La Sociedad Inter-americana de Prensa (SIP) condenó en octubre pasado la Ley de Comunicación debido a su impacto negativo.
Según la SIP, en Ecuador son evidentes “la significativa reducción del periodismo de investigación en los medios independientes” y el alto nivel de autocensura.
Linchamiento mediático
“Ecuador en este momento ha logrado una proeza mundial: desapareció la corrupción. Nadie habla de ella. La ley está hecha para blindar al poder y no permitir que se lo investigue o se lo cuestione”, asevera Ricaurte.
“Antes, si un medio hacía una investigación periodística, se buscaba que otros medios siguieran el tema. Pero ahora seguir un tema es un ‘linchamiento mediático’ porque (...) se considera que hay una trama para hacerle daño a un funcionario público”, explica Cornejo.
La SIP también manifestó su preocupación por las sanciones y multas impuestas a los medios, el cierre de diarios y suplementos y el “sustancial incremento de reclamos de la ciudadanía contra los medios”.
De hecho, según las últimas cifras de Fundamedios, el número de agresiones contra la libertad de expresión entre el 2008 y septiembre del 2014 llegó a 962 (al menos 184 se presentaron este año).
Además, la organización ha contabilizado 202 procesos judiciales y administrativos, 122 descalificaciones, 119 actos de uso abusivo del poder –entre los que se encuentran casos en los que se les retira la publicidad oficial a los medios, se usan cadenas de televisión y medios estatales para descalificar, cancelación de frecuencias y abusos de organismos de control–; 102 agresiones físicas a periodistas y 73 amenazas.
Y aunque organismos como la SIP han pedido que la ley sea derogada porque “restringe la libertad de expresión”, debido al “control de contenidos”, el Gobierno la mantiene en pie.
Mientras Correa afirma que con la ley se detiene lo que considera excesos de sectores periodísticos, la Asamblea Nacional ha dicho que las solicitudes de organismos internacionales atentan contra “la soberanía, independencia y autodeterminación del Estado ecuatoriano”.
SANDRA RAMÍREZ CARREÑO
Enviada especial de EL TIEMPO
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