Tras casi una década de narcoterrorismo, el país siguió de pie

Tras casi una década de narcoterrorismo, el país siguió de pie

Con sus actos, Pablo Escobar puso en jaque a la sociedad. La gente se unió y él terminó abatido.

Atentado 1989

Un policía avanza entre los restos del avión de Avianca que Escobar mandó explotar en pleno vuelo, en 1989.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: María Paulina Ortiz 
30 de marzo 2020 , 04:55 p.m.

Miedo. Era la dictadura del miedo. Salir a la calle y suponer –no sin razón– que alguno de esos carros parqueados en la esquina podía explotar en cualquier momento. Miedo: a la espera de conocer la noticia del día que avisara del nuevo atentado, del nuevo secuestro, del nuevo magnicidio.

Eso fue lo que impuso entre los colombianos la guerra que los Extraditables, encabezados por Pablo Escobar Gaviria, le declararon al Estado desde mediados de los años ochenta hasta inicios de los noventa. Y en la que no dejaron por fuera a la población civil.

El inicio de esta etapa –una de las más sombrías que ha vivido el país– tuvo un momento preciso: el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984. Durante el tiempo que estuvo a cargo de la cartera de Justicia, en el gobierno de Belisario Betancur, Lara Bonilla no cedió en su lucha contra el narcotráfico; buscó detener su penetración en la sociedad –la mafia ya había impregnado desde la justicia hasta el fútbol– y se convirtió en su principal enemigo.

Sobre todo para Pablo Escobar, a quien Lara se empeñó en hacer expulsar de su curul en la Cámara de Representantes y paró así su propósito de entrar en la política. Dos días después del asesinato del ministro, como efecto del magnicidio, el presidente Betancur anunció la aplicación de la ley de extradición.

A partir de ese momento los líderes del narcotráfico entraron en guerra contra el Estado. “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”, fue el lema de los que empezaron a llamarse los Extraditables.

Comenzó un periodo de terror en Colombia. Los secuestros, los magnicidios, los carros bomba se convirtieron en hechos cotidianos. Las cifras dicen que fueron más de seiscientos atentados y que la acción sanguinaria de Escobar provocó más de cuatro mil muertos.

Solo entre septiembre y diciembre de 1989 –el peor de los años del narcoterrorismo– explotaron cien bombas, y apenas poco menos, ochenta y cinco, durante el primer semestre de 1990. Son números que se leen rápido. Pero lo que esta situación generaba en la gente era un verdadero horror.

Las bombas explotaban en cualquier calle, en un supermercado, una entidad bancaria, junto a un colegio, en un centro comercial. Quien haya vivido esa etapa con seguridad tiene una memoria personal, un recuerdo cercano, de esa tragedia.

Políticos, periodistas, jueces, cualquiera que se atravesara en los intereses de la mafia se volvía su objetivo. Y el interés de los narcotraficantes –en esta guerra Escobar tuvo en Gonzalo Rodríguez Gacha, ‘el Mexicano’, su principal aliado– era por encima de todo tumbar la extradición.

Muchos se interpusieron. Fueron asesinados. El candidato a la presidencia Luis Carlos Galán, el director de El Espectador Guillermo Cano, el ministro de Justicia Enrique Low Murtra, el periodista Jorge Enrique Pulido, el procurador Carlos Mauro Hoyos. Murieron cerca de quinientos policías: Escobar pagaba dos millones de pesos por sus cabezas.

En el atentado al avión de Avianca perdieron la vida ciento siete pasajeros. La bomba en las instalaciones del DAS dejó casi setenta muertos y centenares de heridos. Además de los secuestros de Diana Turbay –asesinada en cautiverio durante un intento de rescate–, Andrés Pastrana, Maruja Pachón, Beatriz Villamizar o Francisco Santos.

Son solo unos de tantos crímenes y enumerarlos así no refleja lo que causaron en familias concretas, en la sociedad. Era un país que no parecía encontrar salida. “En esos momentos se tenía la sensación de que los narcos le iban a ganar la partida al Estado y de que íbamos a caer en una especie de narco-Estado”, dice Alfonso Gómez Méndez, procurador general de la Nación entre 1989 y 1990.

Una época “de un horror difícil de imaginar para quienes no lo vivieron –escribe Enrique Santos Calderón en El país que me tocó–. (…) Afectó a todo el mundo, trastornó al país de arriba abajo”. Pero también unió a la sociedad en contra de los responsables de ese derrame de sangre. Ante cada tragedia aparecía la solidaridad.

La gente intentaba vivir cada día “con ese modo particular que tienen los colombianos de hacerles frente a los desastres”, como escribió la periodista Alma Guillermoprieto en su crónica sobre la Bogotá de esos momentos. Tenemos una capacidad de adaptarnos a situaciones complejas.

Se han hecho estudios de resiliencia que lo muestran, según dice el psiquiatra Carlos López Jaramillo, profesor de la Universidad de Antioquia: “Ante situaciones dolorosas como las que vivimos en ese momento, y que en otros países pueden generar mucho trauma, los colombianos respondemos de forma diferente.

No es que no nos importe, es que terminamos adaptándonos y encontrando que lo importante es mantener la actitud de sobrevivencia. Colombia ha estado sometida a circunstancias muy difíciles durante muchos años. Necesitamos esa adaptación, de lo contrario estaríamos paralizados”.

La gente pedía que la pesadilla tuviera fin. Escobar parecía reinar y las fuerzas del Estado no encontraban la forma de detener su acción. Llegar a un acuerdo se planteaba como la única respuesta. A comienzos de los noventa, el gobierno de César Gaviria estableció la política de sometimiento a la justicia con garantía de no extradición.

Se trataba de buscar fórmulas para que la guerra acabara. Y el 19 de junio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente –que gozaba del apoyo de gran parte de la ciudadanía– votó de forma contundente a favor de prohibir la extradición de colombianos.

Ese mismo día Escobar se entregó a la justicia. Un alivio para el país, que quería el fin de los actos terroristas, aunque con sabor a derrota. De hecho lo que siguió fue la ya conocida burla que resultó su estadía en la cárcel La Catedral y su fuga, que volvió a poner la guerra en las calles.

Pero así como el inicio del narcoterrorismo tuvo un inicio, también tuvo un final: el 2 de diciembre de 1993 Escobar fue dado de baja en el tejado de una casa en Medellín. Empezaba a quedar atrás una de las peores etapas en la historia del país. Y como siempre: los colombianos seguían de pie. Con esa forma de ponerle cara a la tragedia.

MARÍA PAULINA ORTÍZ
EDITORA DE LECTURAS
EL TIEMPO 

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