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La búsqueda histórica de un buen ambiente en Colombia
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El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente vela por los recursos. 

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La búsqueda histórica de un buen ambiente en Colombia

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El Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente vela por los recursos. 

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Las políticas públicas y los acuerdos internacionales evidencian un interés por  la sostenibilidad.

La tierra colombiana ha estado marcada por conflictos que, desafortunadamente, han tenido en el medio ambiente a una de sus principales víctimas. Los cultivos ilícitos y todo el arrasamiento ambiental que conllevan, el establecimiento de yacimientos petrolíferos que no consideraban el entorno ecológico, el mal uso de las fuentes hídricas, la pesca indiscriminada, la minería sin criterio y la urbanización irresponsable
pusieron en jaque al país.

Uno de los primeros pasos para poner la casa en orden fue la creación, en 1968, del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), con
el fin de reglamentar, administrar y proteger los recursos naturales de nuestro territorio.

Sin embargo, los cada vez mayores retos de Colombia llevaron al Gobierno a replantear su política y, en 1993, se dio paso al Ministerio del Medio Ambiente, que asumió las funciones del Inderena y tuvo más “dientes” para que su gestión estuviera acorde con las nuevas realidades ecológicas, tanto locales como mundiales, junto con mayores partidas presupuestales destinadas a la labor.

El Artículo 2 de la Ley 99 de 1993, señala que esta cartera se convierte en el “organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, (siendo el) encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza…” Además, la norma perfiló que desde el entonces naciente Ministerio
se deberían definir “las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación a fin de asegurar
el desarrollo sostenible”.

De acuerdo con el mundo

La historia dice que nuestro país ha suscrito y ratificado diversos acuerdos internacionales que pretenden, o pretendieron, solucionar problemas ambientales específicos, aunque con diferentes resultados.

En su momento, y entre otros, Colombia ratificó el Convenio RAMSAR sobre humedales (1971), la Declaración de Estocolmo sobre el MedioAmbiente Humano ( 1972 ), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres ( 1973 ), el Tratado de Cooperación Amazónica (1979), la Declaración de Río y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (ambos en 1992 ), y la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (los dos en 1998).

Además, aprobó en 2003 las enmiendas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, y firmó en 2007 la Declaración de Bariloche, emanada del segundo congreso Latinoamericano de Parques
y otras Áreas Protegidas.

Otro hito fue la creación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante la Ley 1444 de 2011, definido como un “organismo técnico con autonomía
administrativa y financiera (encargado) del estudio, la aprobación y la expedición de licencias, permisos y trámites ambientales”.

Recientemente, y con mayor exactitud a finales de noviembre de 2020, el presidente Iván Duque y Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
anunciaron la meta de reducción del 51 por ciento de las emisiones de CO2 del país para el año 2030, un compromiso enmarcado en el proceso de actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia, conocida como NDC.

Esta se constituye en la hoja de ruta del país para la planeación y el desarrollo de acciones que permitirán enfrentar los efectos del cambio climático en los próximos diez años.

Biodesarrollo económico

Las fundaciones y los fondos privados, que en nuestro país laboran en pro del medio ambiente, coinciden en afirmar que Colombia cuenta, al respecto, con políticas serias y
metas muy ambiciosas, convirtiendo al país en líder en estos asuntos en Latinoamérica.

Sin embargo, y a pesar del fuerte marco jurídico existente, es necesario tomar las medidas necesarias que hagan de la biodiversidad nacional un motor de riqueza y desarrollo regional, y que el accionar y las políticas de Estado tengan cada vez mayor
correlación.

Luis Ortega, director de Ecohabitats, afirma que, según el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina, “el área promedio protegida en sitios importantes para la biodiversidad es de 35,7 por ciento, y en la lista Red Index tiene un puntaje de 0,75 (en el que 0 significa que menos especies están en riesgo de extinción, y 1 que más)”.

En Colombia, el área promedio protegida en sitios terrestres importantes para la biodiversidad es del 37,9 por ciento, con un puntaje de 0,73 en Red Index.

En relación con el cumplimiento de la meta Aichi 11, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt plantea que nuestro país ha alcanzado casi el 17 por ciento de la meta de ecosistemas terrestres conservados.

¿Cómo está el país?

Con la aprobación del Documento CONPES 3918 de 2018 “Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, el Gobierno nacional definió la hoja de ruta para la implementación de la Agenda 2030 en el país.

Ya en 2015, el país reafirmó, con vocería del entonces presidente Juan Manuel Santos, su compromiso con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrados en tres dimensiones: económica, social y ambiental.

Aún más, Colombia planteó la propuesta de unas metas que integrarán, de manera equilibrada, esas tres dimensiones, una iniciativa que fue aprobada en la Conferencia de Rio +20, siendo uno de los países que lideró la gestación de la Agenda.

Con respecto al ODS número 13, el Gobierno nacional se ha comprometido a llevar a cabo acciones tendientes a garantizar un manejo efectivo de desastres, reduciendo la tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes (por cada 100.000 habitantes) de 1.048 a 987 personas en 2022.

Para ese mismo año se espera que los 32 departamentos hayan implementado iniciativas de adaptación al cambio climático, y se haya reducido la emisión de dióxido de carbono en 36 millones de toneladas en todo el país.

En el ODS número 15, a 2022 se espera pasar de 701.000 a 1.402.900 hectáreas con sistemas sostenibles de conservación, además de reducir en un 30 por ciento la tendencia de deforestación e incrementar la participación de la economía forestal en
el PIB.

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