El discurso de ‘yo protejo y usted destruye’ se ha convertido en una constante en las discusiones ambientales públicas en Colombia, al punto de convertirse en un debate que radicaliza y divide al país entre supuestos amigos o enemigos del ambiente, por un lado, o del desarrollo, por otro.
Suena paradójico si se tiene en cuenta que, por ejemplo, 193 países del mundo –entre ellos, Colombia– se comprometieron con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la Asamblea General de la ONU en 2015; y estos ODS contemplan, entre otros puntos, la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y proteger los ecosistemas terrestres y marítimos, pero también la reducción de la desigualdad, el logro de ciudades incluyentes para los humanos, la construcción de infraestructura, resiliente y la industrialización inclusiva y sostenible.
En este contexto, la discusión ambiental no podría excluir la construcción de infraestructura ni el desarrollo de proyectos que aporten al mejoramiento de la calidad de vida las personas, siempre y cuando sean sostenibles y estén alineadas con la protección de la biodiversidad.
Lo cierto es que pese a que hay tantas y fuertes discusiones ambientales, en cuya mayoría dividen y estigmatizan, Colombia sigue siendo uno de los países de la región con cifras de deforestación más altas (casi 140.000 hectáreas deforestadas en 2020, un 53 % más que en 2019). Además de la presencia de problemas con rellenos sanitarios, la contaminación en las fuentes de agua y la extracción ilícita de minerales, entre otros.
Para expertos consultados por EL TIEMPO, hay factores que dificultan el diálogo e impiden que la conversación ambiental fluya, como la ausencia de información técnica y científica en las discusiones, la falta de confianza y politización entre los distintos actores y la generalización que invisibiliza las verdaderas necesidades en los territorios.
Yo creo que nos faltan acuerdos
y entender el concepto de desarrollo sostenible; nos falta construir una perspectiva conjunta de país
“Yo creo que nos faltan acuerdos y entender el concepto de desarrollo sostenible; nos falta construir una perspectiva conjunta de país que tiene que conciliar intereses de todo tipo, porque lo que tenemos hoy, infortunadamente, como en otras instancias del país, son unas posiciones absolutamente radicalizadas”, advierte Santiago Gómez, ingeniero y consultor.
En su concepto, Colombia es un escenario natural para estas discusiones por sus riquezas, su diversidad, la gran cantidad de recursos, sus ecosistemas privilegiados y por los recursos minerales que se pueden explotar.
“Muchas veces son discursos fatalistas de lado y lado que estigmatizan a los distintos actores y así es muy difícil construir”, señala Mariana Sarmiento, gerente general de Terrasos, empresa especializada en la estructuración y operación de inversiones ambientales.
De acuerdo con Gómez, en el país hay imaginarios colectivos alrededor de los temas ambientales donde se piensa que toda la industria es mala, que la industria o la minería acaban con los recursos, “pero eso no deja de ser un imaginario, nos falta capacidad de diálogo sustentado y nos falta información técnica y científica de soporte”.
En eso está de acuerdo Sandra Forero, presidenta Ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol). Asegura que para el Consejo Gremial, el tema ambiental y la sostenibilidad se han convertido en pilares de las decisiones, “como un compromiso y una prioridad”, pero en muchos debates “se desconoce lo que se hace desde las actividades productivas para garantizar la sostenibilidad ambiental y son atacadas asumiendo que no la protegen”.
También pesa en el debate la calidad de la información a la cual pueden acceder los ciudadanos en general. “Sin duda, la información tiene que ser pública, pero de una manera que sea útil para poder entenderla y poder generar esa confianza de lo que estamos hablando”, afirma Mariana Sarmiento.
La información tiene que ser pública, pero de una manera que sea útil para poder entenderla y poder generar esa confianza de lo que estamos hablando
Si lo que se quiere es construir nuevas realidades con modelos de desarrollo nuevos a partir de las diferencias, para Sarmiento, esto implica “poner información sobre la mesa para que todos partan de los mismos elementos. Y eso es difícil, les cuesta mucho a los distintos sectores porque hay intereses también privados y políticos de por medio”.
Rodrigo Suárez, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), considera que la transparencia es clave para ganar confianza. “Por ejemplo, hoy en la página web de la Anla están publicados los ‘Estudios de impacto ambiental’ de lo que estamos evaluando, de tal manera que cualquier persona puede hacer un comentario, positivo o negativo”, explicó Suárez, y agregó que también empezaron a ir a las regiones, a hablar con las alcaldías, con los entes de control y, sobre todo, con las comunidades: “No se puede gobernar desde un escritorio en Bogotá porque eso no atiende todas las necesidades de los territorios”.
Ese es otro aspecto que los expertos señalan como clave para el diálogo ambiental.
“Como lo ambiental no escapa del ámbito sociocultural y percepciones de las comunidades, los diálogos tienen que ser regionales, no pueden ser abstractos, tienen que ser en una condición de un ecosistema específico, en un entorno específico, con unas particularidades como sociedad y como sitio en el cual se puedan manifestar esos impactos”, comenta Gómez.
Para los expertos consultados, un tema determinante para superar ese debate ambiental que divide es dejar a un lado los imaginarios colectivos que estigmatizan y más bien buscar la forma de trabajar en equipo por una mejor calidad en el país.
“Tenemos que poder buscar una forma de que las cosas funcionen y de que podamos tener proyectos de desarrollo que generen empleo, que generen regalías, pero al mismo tiempo que sean motor de conservación y restauración ambiental”, afirma Mariana Sarmiento. Y añade: “Invertir en la conservación de los recursos naturales es un buen negocio individual, para los territorios y para el país, en todo el sentido de la palabra”.
“Todas las grandes economías del mundo tienen explotaciones de recursos naturales como parte de sus fundamentos de la economía, entonces no se trata de no hacerlos, se trata de hacerlo bien”, agrega Santiago Gómez.
Mientras esas discusiones pasionales obstaculizan el desarrollo, los actores al margen de la ley avanzan sin limitación y el desmedro social y ambiental se apodera de los territorios
Todos coinciden en que Colombia tiene las herramientas para actuar. No solo tiene fama de tener una de las mejores legislaciones ambientales, sino que institucionalmente es uno de los países mejor equipados del mundo: cuenta con el Sistema Nacional Ambiental (Sina), creado en 1993, que comprende el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cinco institutos de investigación ambiental (Humboldt, Invemar, Ideam, Sinchi, Iiap), Parques Naturales Nacionales y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las CAR y hasta los alcaldes.
En total son unas 37 entidades del Sistema Ambiental. La pregunta es: ¿por qué, teniendo este ‘lujo’ de Sistema, el debate sigue sin fluir?
Los expertos coinciden en que hace falta fortalecer la capacidad de controlar y hacer cumplir las decisiones ambientales. “Hay una sociedad más informada, que está reclamando una acción más contundencia del Estado”, dice Mariana Sarmiento.
“Nos falta más capacidad de consensos y de construcción de acuerdos”, sostiene Gómez.
“A veces, estos debates se abordan desde orillas que parecieran antagónicas, pero lo cierto es que hay un denominador común y es el desarrollo sostenible. Sin infraestructura no hay prosperidad y sin protección del ambiente no hay sostenibilidad”, concluye Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
De acuerdo con Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), es indispensable diferenciar la actividad minera formal de la extracción ilícita de minerales.
“En relación con la minería formal debe entenderse que esta opera bajo estrictos estándares y regulaciones en diferentes frentes (ambiental, social, minero, laboral, etc.), lo cual garantiza la fiscalización y seguimiento por parte de las autoridades competentes”, explicó Nariño.
En relación con la minería formal debe entenderse que esta opera bajo estrictos estándares y regulaciones en diferentes frentes
Por eso, para el presidente de ACM, cuando esos elementos están alineados, la minería no debería constituir ningún riesgo ni amenaza al medio ambiente, sino que, por el contrario, se convierte en un aliado estratégico para mitigar, restaurar y recuperar los impactos. “Por ejemplo, mientras la minería formal invirtió $ 320.8000 millones en el 2020, año de pandemia, en programas de protección ambiental, priorizando los proyectos de reforestación, calidad de aire y protección de cuencas hidrográficas, la extracción ilícita es la mayor deforestadora de áreas protegidas y de zonas ribereñas”, enfatizó Nariño.
Además de los impactos negativos sistemáticos en el medio ambiente, la extracción ilegal está atada a la pobreza y a la falta de presencia estatal en zonas marginadas del territorio que es aprovechada por grupos armados.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene claro que el desarrollo urbano formal protege los activos ambientales. “No hay nada más nocivo para la protección ambiental del territorio que la informalidad”, dice la presidenta del gremio, Sandra Forero.
Asegura que en los últimos 10 años 37 de cada 100 viviendas en el país se desarrolló de manera informal, y eso implicó que en esos asentamientos no se cumpliera con la sostenibilidad ambiental.
En su concepto, se equivocan quienes plantean el debate de construcción versus medio ambiente. “Cuando el tema ambiental se usa para frenar el desarrollo urbano formal, se le está abriendo la puerta a la informalidad y eso es lo más grave que hay para la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades”, afirma Forero y agrega que sin pretender generalizar que “muchas veces nos salimos del escenario técnico, de la imparcialidad que debe regir esta discusión porque realmente el tema ambiental es constitucionalmente y por ley una determinante de ordenamiento”.
En el mismo sentido opina Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura: "Sobra advertir que la prosperidad que buscamos los empresarios no es incompatible con la sostenibilidad que buscan quienes propugnan, de manera legítima, por la protección del ambiente”.
*Un proyecto de contenidos editoriales especiales, con el auspicio de la Asociación Colombiana de Minería -ACM-.
