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Reclusos no necesitan permiso de expareja para cambiar visita conyugal

En el departamento de Santander se capturan en promedio 29 personas al día.

En el departamento de Santander se capturan en promedio 29 personas al día.

Foto:Jaime Moreno / El Tiempo

A una mujer presa en la Picaleña le habían negado permiso para que la visitara su nuevo novio.

Diana Rincón
Un fuerte regaño le hizo la Corte Constitucional al director de una cárcel que se negó a cambiar el permiso de visita conyugal que tenía una mujer, afirmando que se debía contar con la aprobación de su expareja.
La Corte afirma que no se puede limitar de forma irracional y arbitraria el derecho a la intimidad de un recluso y que aunque los directores de las cárceles pueden definir un régimen interno sobre visitas, no están facultados para decidir con quién pueden llevar a cabo ese derecho. 
Según la corporación “la persona recluida conserva la libertad de escoger su pareja y de mantener relaciones sexuales, siempre y cuando cumpla con las exigencias de salubridad, orden y seguridad propias de los establecimientos carcelarios”.
Por eso recordó que es una obligación de las autoridades “eliminar los obstáculos administrativos y físicos” que impidan que los reclusos tengan el espacio de privacidad al que tienen derecho.
El pronunciamiento de la Corte se dio al resolver una tutela que presentó una mujer presa desde el 2010 en la cárcel Picaleña, en Ibagué, en la que afirma que ese penal vulneró sus derechos a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad y a la sexualidad.
Su pelea jurídica comenzó cuando intentó anular una resolución del 25 de noviembre del 2015 que autorizaba la visita conyugal de su anterior compañero sentimental, quien también está preso en la Picaleña, pero en el patio de hombres. Cuatro meses después de que se hizo efectiva la resolución, la mujer terminó ese noviazgo e inició una nueva relación con otro preso, por lo que buscó que se le concediera el permiso de visita a su nuevo novio.
Aunque la mujer pidió en dos oportunidades que se cancelara el anterior permiso y se le trasladara a su nueva pareja, el centro penitenciario se negó. El argumento del penal fue que para anular ese permiso debía tener la aprobación de su exnovio, firmada y con su huella dactilar.
“Para poder dar trámite a su solicitud de anulación de su visita íntima, debe anexar manifestación escrita por parte de su compañero sentimental con firma y huella a fin de soportar la decisión de mutuo acuerdo de la petición realizada”, dice la respuesta.
Por esta razón la mujer presentó una tutela el 7 de abril del año pasado, pero el director de ese complejo carcelario afirmó que según las instrucciones del Inpec “no puede aprobar o anular visitas íntimas con la voluntad de sólo uno de los internos autorizados”.
En su decisión, la Corte le dio la razón afirmando que las trabas que le impuso el director de la cárcel eran arbitrarias pues se inmiscuían en su vida privada, por lo que recordó que no se puede limitar las visitas íntimas a “quienes demuestren la preexistencia de una relación estable”.

Cuando los presos deciden terminar el vínculo y a raíz de ello solicitan la cancelación de una visita íntima previamente concedida, no es necesaria la manifestación expresa de ambas partes.

El fallo agrega que “cuando estos (los presos) deciden terminar el vínculo y a raíz de ello solicitan la cancelación de una visita íntima que fue previamente concedida, no es necesaria la manifestación expresa de ambas partes. Basta una de ellas, porque la decisión de terminar una relación hace parte de esa autonomía, independencia y libertad que conserva el interno y es un aspecto personalísimo que debe ser respetado por las autoridades públicas”.
Finalmente la Corte le ordenó al Inpec que imparta instrucciones a los directores de las cárceles para que les quede claro que ante una solicitud de cancelación de visitas íntimas sólo se necesita la manifestación del interesado.
JUSTICIA
Diana Rincón
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