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A este paso, tomaría más de 50 años indemnizar a víctimas de conflicto
Víctimas en Riachuelo

El padre Francisco de Roux ofreció la misa en Riachuelo en la que pidió la reconciliación.

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Luis A. Cárdenas Mateus

A este paso, tomaría más de 50 años indemnizar a víctimas de conflicto

Congreso debate prorrogar ley de víctimas, pero avances hacen dudar si extenderla 10 años alcanzará.

En los 9 años que lleva vigente la Ley 1448 de 2011, de víctimas y restitución de tierras, poco más del 12 por ciento del total de la población sujeto de reparación ha sido indemnizada, y al ritmo actual tomaría al menos 56 años más indemnizar a las víctimas del conflicto, 24 años atenderlas psicosocialmente y más de 16 años para terminar las reparaciones colectivas.

Estas cifras hacen parte del séptimo informe que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de la norma, integrada por la Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Mesa Nacional de Víctimas, le entregó al Congreso hace unos días, en momentos en los que el Legislativo discute una prórroga a esta ley, cuya vigencia va hasta 2021.

A un debate de finalizar su tránsito en el Congreso, la prórroga sería por 10 años, pero ese tiempo será insuficiente para reparar integralmente a las víctimas si no se acompaña de financiación.

Elena Ambrosi, procuradora delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto y los Desmovilizados, explicó que la principal razón por la que en estos 9 años solo se ha indemnizado a 879.821 personas –al primer trimestre de este año–, de las 7’261.998 víctimas sujeto de reparación, es que la ley está desfinanciada.

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Esta desfinanciación, explicó el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, surgió porque la ley se diseñó para menos víctimas, ya que no se incluía entre los sujetos por reparar económicamente a los desplazados, pero en 2013 la Corte Constitucional ordenó indemnizarlos.

Hoy, de los 9 millones de víctimas, más del 80 por ciento son de desplazamiento, lo que desfinancia la ley completamente”, dijo, aunque indicó que a la fecha han indemnizado a cerca de 1’100.000 personas y que esperan lograr este año 127.000 indemnizaciones.

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Entre 2012 y el primer trimestre del año el Gobierno ha invertido 118 billones de pesos para la atención y reparación integral de las víctimas, pero esto ha sido insuficiente para atenderlas a todas.

“Los cálculos que hemos hecho indican que faltan entre 45 y 50 billones de pesos para indemnizar a las víctimas que nos faltan”, añadió Rodríguez, quien indicó que pese a todo, el presupuesto de la unidad ha crecido y para 2021 aumentó en 3 por ciento.

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Por otro lado, las víctimas siguen aumentando, pues la violencia no cesa; además, argumentó Ambrosi, ha faltado una mejor articulación de las autoridades nacionales, territoriales y locales para la reparación.

Aunque el Gobierno no ha entregado una proyección detallada de los recursos necesarios para atender al nuevo universo de víctimas, advirtieron los órganos de control, cálculos de la Contraloría General estiman que a 2030 se requieren más de $357,4 billones para ejecutar 14 medidas de reparación entre las que están indemnización individual y colectiva ($48,7 billones); vivienda urbana y rural ($26,2 billones); alimentación ($24,8 billones), retornos y reubicaciones ($20,5 billones), educación y salud ($197,3 billones), entre otros.

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Los cálculos que hemos hecho indican que faltan entre 45 y 50 billones de pesos para indemnizar a las víctimas que nos faltan

Ludirlena Pérez, lideresa de la asociación de Organización Mujeres Víctimas Gestionando Paz y miembro de la Comisión de Seguimiento, destacó que la oferta del Estado se ha quedado corta con las necesidades de las víctimas y que no existen garantías de no repetición. “Los pueblos siguen siendo vulnerados; las comunidades, despojadas, sigue el reclutamiento forzado de menores, los cuerpos de las mujeres son usados como territorio de guerra”, señaló.

Aunque Pérez celebra que se esté debatiendo la prórroga de la Ley de Víctimas, que le da “un poco de tranquilidad a todas las víctimas que aún no han sido reparadas para que no queden en el limbo”, dijo que esto solo podrá cumplirse en el tiempo adecuado si hay financiación, y agregó que como víctimas se oponen a algunas modificaciones de la ley que se están discutiendo.

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Necesitamos que la ley quede tal y como está, pero financiada; si no lo está, ¿para qué sirve, para que nuestras víctimas sigan muriendo mientras reciben la indemnización?”, resaltó, y añadió que es fundamental crear una política de empleo y generación de ingresos para que las víctimas puedan salir de la vulnerabilidad en la que viven.

En esto coincidió la procuradora Ambrosi, que señaló le pidieron al Congreso que la ley se extienda por 15 años y no por los 50 años que han calculado que hacen falta para que “se haga un esfuerzo para garantizar la reparación en un plazo razonable, porque es revictimizante que una víctima tenga que esperar 20 o 30 años para su reparación”.

Da “un poco de tranquilidad a todas las víctimas que aún no han sido reparadas para que no queden en el limbo

Añadió que la implementación del acuerdo de paz con las Farc es una oportunidad para avanzar en componentes de la ley de víctimas que aún faltan, como garantías de acceso a tierras, lo cual podría complementarse con la reforma rural integral que trae el acuerdo.

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Frente a esto, el director de la Unidad de Víctimas comentó: “Más que tiempo, necesitamos más recursos y articulación”. Y en estos recursos, dijo, hacen falta los de “los victimarios, tanto de la Ley de Justicia y Paz, como los recursos del acuerdo de paz con las Farc, de este último deben entregarnos $ 30.000 millones”.

Además de los problemas de desfinanciación que vienen de tiempo atrás, la Comisión de Seguimiento advirtió sobre los efectos que podría tener la emergencia por la pandemia de covid-19, que podría llevar a que parte de las 1’813.644 víctimas que habían mejorado sus condiciones en 2019 “vea deteriorada su situación socioeconómica, volviendo a vivir en pobreza y pobreza extrema”. Por ello, dijeron, es urgente una estrategia para mitigar los efectos de la crisis.

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Al respecto, Rodríguez comentó que de cara a la pandemia han fortalecido la atención humanitaria y la coordinación con otras entidades para que las víctimas tengan acceso preferente a programas y auxilios creados por la emergencia, y que están buscando recursos de cooperación internacional para brindar más apoyo.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redactora de JUSTICIA
En Twitter: @MIOF_

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