Aunque en los seis años largos que lleva de vida legal no ha cumplido, de lejos, la misión de ponerle eficiencia y transparencia al manejo de la plata del sector carcelario del país, la polémica Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) no desaparecerá del mapa.
Juan Carlos Restrepo, consejero presidencial de Seguridad Ciudadana y a quien el Gobierno designó en comisión especial para frenar el desorden en la Uspec, asegura que a diferencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes (de la que fue su último jefe y denunciante del saqueo de los bienes incautados a la mafia) los “problema de la entidad no son imposibles de atender”.
“Tiene una misión crítica por cumplir, que es resolver el hacinamiento carcelario y garantizar que la población privada de la libertad goce de unas condiciones mínimas que garanticen sus derechos humanos, como condiciones dignas de habitabilidad, salud y alimentación (...). Es una entidad intensiva en contratación que tiene un presupuesto de más de un billón de pesos, pero una muy pobre ejecución”, afirma Restrepo.
Después del escándalo con la millonaria licitación de los brazaletes electrónicos, develado por este diario y que está en la mira de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, el Ejecutivo relevó del cargo a la directora María Cristina Palau y finalmente encargó a Restrepo. Y una de sus primeras acciones fue declarar desierta la licitación más grande que tenía la Uspec este año: la construcción de la cárcel de Fundación, Magdalena, por 300.000 millones de pesos.
Es una entidad intensiva en contratación que tiene un presupuesto de más de un billón de pesos, pero una muy pobre ejecución
¿La razón? Aunque llegaron propuestas de seis consorcios –dos de los cuales lograron de entrada los puntajes mínimos exigidos–, en plena audiencia de adjudicación, el 14 de diciembre, varios de los oferentes denunciaron que les habían impuesto certificaciones adicionales por fuera de los términos y, sobre todo, que no existía claridad sobre el uso de la media aritmética, que garantiza la selección de la mejor oferta para el Estado. “Al no estar la fórmula de ponderación de las ofertas económicas al aplicar el método de la media aritmética, resulta imposible la selección objetiva”, dice la resolución que declara desierta la licitación.
Para hacerlo, además, Restrepo tuvo que declarar insubsistente y asumir funciones de María Liliana Vargas Guzmán, quien llevaba un año largo como directora de Infraestructura.
La nueva administración ha encontrado situaciones sorprendentes, como que la Uspec no contrataba interventorías para los millonarios contratos que firmaba.
Esa conducta ya había sido advertida por la Contraloría, que en junio pasado calificó como “ineficiente” (con una nota de 2,6 sobre 10) a la Unidad en materia de controles internos: “El diseño de los controles es inadecuado y los mismos no son efectivos por cuanto no mitigan los riesgos (...). Se detectaron deficiencias relacionadas con la oportunidad y la legalidad en el proceso presupuestal, consistencia de la información (...), eficiencia, eficacia y economía en procesos de selección de proveedores, ejecución contractual, supervisión e interventoría”.
Esa falta de eficiencia y transparencia es una de las razones que explican por qué de 12.000 nuevos cupos en cárceles que debió construir entre 2014 y 2018 la Uspec ha entregado menos de la mitad: 5.183. Mientras tanto, el hacinamiento carcelario ronda el 45,9 por ciento.
La Uspec, que carga entre sus lastres haber sido cuota de poderosos ‘caciques’ políticos, terminó delegando su misión de construir cárceles en un socio aún más cuestionado: el Fonade. Esa entidad (que fue en los últimos años manejada por fichas de ‘los Ñoños’) firmó con la Uspec convenios para construcción de infraestructura que tuvieron 12 adiciones presupuestales por 867.687 millones, lo que elevó el valor inicial 26 veces.
Restrepo señala que “las malas administraciones” son responsables de la crisis de la Unidad. Para salvarla ya empezó una revisión de las prácticas contractuales y se acordó con la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) un estudio que determinó que la actual planta no cumple el perfil técnico que se supondría en un organismo dedicado a ‘gerenciar’ el presupuesto de las cárceles.
En todo caso, en el mapa del Gobierno no está devolverle al no menos polémico Inpec el manejo de la plata del sector penitenciario. “Si se corrige la capacidad de la Uspec de responder eficientemente a las necesidades del Inpec y se mejora la comunicación y coordinación entre ambas entidades, es sano mantener la separación de las mismas: la contratación y logística por un lado y el manejo de la población privada de la libertad por otro”, dice Restrepo.
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