¿Cómo se reparten los bienes si me separo y vivía en unión libre?

En esta entrega de Consultorio Jurídico, abogados de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre explican las implicaciones legales de la unión libre, o unión marital de hecho, sus diferencias con el matrimonio y qué debe saber en lo que a bienes en común respecta en caso de que decidan separarse. 

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La unión marital de hecho es una de las formas de conformar una familia, surge entre dos personas de igual o de diferente sexo, que conviven de manera permanente y singular, sin estar casados entre sí. 

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Se diferencia del matrimonio en que este se establece mediante un vínculo solmene, en cambio la unión, por la sola convivencia de los compañeros permanentes. En cuanto a los derechos, deberes y obligaciones que surgen entre los compañeros permanente y los cónyuges son básicamente los mismos, sin embargo, existen diferencias en la forma como se constituye y disuelve la una y la otra institución familiar.

Pasados dos años de la existencia de la unión marital de hecho se presume la existencia de la sociedad patrimonial, y todos los bienes adquiridos a título oneroso por los compañeros permanentes pertenecen a esta, y habría lugar a liquidarlos (repartirlos), una vez se disuelva (termine). 

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Si bien es cierto que la unión marital surge desde la convivencia permanente y singular de los compañeros, es necesario que se declare su existencia por los medios que la ley establece, siendo estos, el acuerdo de voluntades elevado a escritura pública o el acta de conciliación y, la declaración judicial en el proceso adelantado con dicho fin.

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Al igual que los cónyuges, los compañeros permanentes tienen vocación hereditaria en la sucesión de su compañero que ha fallecido, en el segundo y tercer orden hereditario, independiente de los gananciales a que tiene derecho en la liquidación de la sociedad patrimonial. Adicionalmente, puede optar por gananciales o por porción marital, derechos estos reconocidos mediante la Ley 54 de 1990 y las sentencias C-283 de 2011 y C-238 de 2012 de la Corte Constitucional.

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