Durante los dos meses que llevan 1.300 indígenas emberas asentados en el Parque Nacional de Bogotá, exigiendo una solución digna de vivienda, la Procuraduría ha mantenido un seguimiento al caso, pero con el agravamiento de las condiciones en las últimas semanas, y el fallecimiento de un niño el domingo pasado, el Ministerio Público tomó cartas en el asunto.
(Lea también: Procuraduría pidió acelerar vacunación contra covid-19 en cárceles)
Mediante oficios enviados en los últimos días, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres requirió a varias entidades para que informen qué medidas han tomado para proteger a esta población.
(Le puede interesar: Otro bebé Emberá está en delicado estado de salud: ¿qué pasará con ellos?)
En un primer oficio dirigido al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez López, la procuradora Viviana Mora le pidió que informe cuáles son las gestiones que ha adelantado esa entidad para lograr la caracterización de la población con fines de garantizar el derecho fundamental a la salud.
Así mismo, le pidió datos actualizados sobre los niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores y población con afecciones de salud de gravedad que están en el Parque Nacional.
Del mismo modo, deberá describir las gestiones adelantadas por parte de la Secretaría de Salud y de las dependencias adscritas para el cumplimiento de los compromisos
adquiridos por dicha entidad en la reunión del 22 de octubre de 2021.
(Más notas: Procuraduría ratificó inhabilidad de 20 años a exdirectivos de Odebrecht)
En esa reunión participaron miembros de la comunidad embera, representantes del ICBF, la Defensoría, la Personería de Bogotá, y la Procuraduría; y se acordó hacer una caracterización de la población, identificación de los riesgos en salud y activación de rutas de atención; tomar pruebas rápidas para la identificación de VIH y Sífilis; hacer jornadas de atención con consultas de medicina general, pediatría, nutrición, odontología, salud sexual y reproductiva, suministro de medicamentos previamente prescritos; entre otras actividades.
Además de informar cómo va el cumplimiento de esos compromisos, el Ministerio Público también requirió al Secretario de Salud de Bogotá informar si han tenido conocimiento de nacimientos de infantes en inmediaciones del Parque Nacional y cómo ha sido la atención a las madres y los recién nacidos.
Así mismo, especificar si hay menores de edad, mujeres o personas mayores que hayan sido trasladados a centros asistenciales.
Asentamiento indígena que habita el Parque Nacional desde septiembre.
Héctor Fabio
Para indagar sobre la atención y protección a los derechos de los niños indígenas, el órgano de control también le hizo un requerimiento al ICBF.
Puntualmente le pidió informar cuáles han sido las gestiones para la prevención de la vulneración, el restablecimiento y la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres gestantes o lactantes de los indígenas; entregar datos actualizados sobre las verificaciones de la garantía de derechos y apertura de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derecho de estos menores de edad.
También le preguntó qué tipo de vulneraciones de derechos se han identificado, si se han documentado casos de trabajo infantil o explotación con fines laborales; y si existe protocolo o ruta de actuaciones para la prevención de la vulneración de los derechos de estos niños y mujeres lactantes que ahora enfrentan escenarios de protesta social o desalojos.
(Le recomendamos: Procuraduría pide celeridad en reconstrucción tras un año del huracán Iota)
Esta última entidad ya le envió su respuesta a la Procuraduría y en un documento de cinco páginas Martha Isabel Tovar, directora regional (e) del ICBF Bogotá informó que desde el 30 de septiembre se han ejecutado rutas de atención a través del Centro Zonal Santafé, que se acompañó a la comunidad antes de asentarse en el Parque Nacional, cuando se habían ubicado en las afueras del edificio Avianca.
Así mismo, citó que, entre otras visitas, el 5 de octubre un Equipo Móvil de Protección Integral realizó un recorrido por la zona del parque en donde las familias están alojadas en cambuches y se trabajaron con las personas temas relacionados con prevención de abuso sexual, higiene y orden en los espacios de descanso y áreas comunes, prevención de accidentes, y el acceso de oferta en salud en caso de que algún niño, mujer gestante o miembro de la familia lo requiera.
"Sin embargo, la guardia indígena les solicitó a los funcionarios del ICBF que se retiraran del espacio del asentamiento, manifestando que, si se realizaba el ingreso sin la autorización por parte del Gobernante de la comunidad, ellos tomarían las acciones correspondientes, motivo por el cual los equipos de Unidades Móviles, Equipos Móvil de Protección Integral y Defensores de Familia deciden salir del espacio. No obstante, lo anterior, se continuó con el acompañamiento desde otros puntos alrededor del lugar donde está asentada la comunidad por parte de todos los equipos previamente mencionados", señaló la funcionaria.
Frente a los procesos de restablecimiento de derecho de los niños indígenas que están allí, el ICBF Bogotá informó que se han abierto 5 de estos procesos, de tres niñas y dos niños. Tres por un reporte proveniente del Hospital San Ignacio y dos por intervención del ICBF y voluntariedad de la familia.
Cuatro de los menores que ingresaron en el proceso de restablecimiento de derechos son menores entre los cero y 5 años de edad, mientras que uno está entre los 14 y los 18 años.
El ICBF también le informó a la Procuraduría que de los cinco menores que entraron al proceso para restablecer sus derechos, dos fueron por la falta absoluta o temporal de su familia; uno por violencia física y dos más por omisión o negligencia.
justicia@eltiempo.com
Lea otras notas de Justicia-Los 'falsos positivos' de La Popa que serían el primer caso juzgado por JEP
-Caso Uribe: Corte ratifica reconocimiento de Deyanira Gómez como víctima
-Consejo de Estado entierra ‘choque de trenes’ por megapensiones