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Relatores de ONU piden a Duque no reactivar fumigaciones con glifosato
Demandas contra las fumigaciones rodean los 1,7 billones de pesos

La fumigación con glifosato se suspendió a finales del 2015.

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Archivo / EL TIEMPO

Relatores de ONU piden a Duque no reactivar fumigaciones con glifosato

En carta dicen que las aspersiones aéreas ponen en riesgo los derechos humanos y el medioambiente.

"La propuesta del Gobierno de reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato supondría enormes riesgos para los derechos humanos y el medioambiente (...) La propuesta violaría también el punto cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera". 

De este modo, siete relatores de la ONU le dicen al presidente colombiano Iván Duque que desista de su intención de volver a las fumigaciones aéreas con glifosato como estrategia contra los narcocultivos. 

La respuesta llegó en una carta de los relatores, tras una solicitud que hicieron organismos como Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudio sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, entre otros.

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Esta misiva, firmada por los relatores de Sustancias Tóxicas, de Afrodescendientes, el de Medioambiente, Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas, fue enviada al gobierno en diciembre de 2020 pero solo se hizo pública dos meses después. 

El documento expresa la preocupación de los relatores por las movidas que ha adelantado el gobierno con miras a volver a asperjar, y dice que el programa de erradicación de cultivos ilícitos con glifosato (Pecig) representa un riesgo para los derechos humanos. 

"La propuesta ha sido presentada en un contexto de agudización de la violencia y baja implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta al punto 1 y 4 del Acuerdo; pandemia, grave déficit de participación ciudadana en temas ambientales, sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afrocolombianos , escasas garantías de evidencia científica disponible y tomada de manera independiente y rigurosa, falta de acceso a la información", prosigue la carta.

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Así mismo, los relatores destacan que los 104 municipios en los que se proyecta reanudar "una actividad de grave peligrosidad para el medioambiente y la salud humana se concentran en seis zonas del país, que cubren más de 170.000 hectáreas, y son principalmente territorios rurales habitados por pueblos indígenas y afrocolombianos y comunidades campesinas, con grandes limitaciones de conectividad".

Se refieren a una audiencia virtual que en diciembre celebró la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en la que se estudiaba aprobar la modificación del plan de manejo ambiental del Pecig, al respecto los relatores dijeron que no se habrían dado las condiciones para la participación de los ciudadanos. "El déficit participativo en el proceso impediría la inclusión y consideración de testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre la gravedad de los daños experimentados a causa de la aspersión del glifosato en años anteriores sobre los cultivos de pancoger, el agua, los animales domésticos y los polinizadores".

El déficit participativo impediría la inclusión y consideración de testimonios de la ciudadanía y las comunidades sobre la gravedad de los daños experimentados a causa de la aspersión del glifosato

Hablaron igualmente del riesgo en el que ya están los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país y sobre las masacres en el país. Solo el año pasado, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia registró 76 masacres, que implicaron la muerte de 292 personas, a lo que se sumó el asesinato de 133 defensoras de derechos humanos.

Sobre esto, la carta de los relatores a Duque llamó la atención sobre palabras del exministro de defensa Carlos Holmes Trujillo sobre que las aspersiones bajarían las masacres: "De acuerdo con la información recibida, del total de masacres reportadas en lo que va del año (a junio de 2020), el 78 por ciento habría tenido lugar en municipios en que la policía plantea retomar las aspersiones aéreas con glifosato. En este sentido, también son de preocupación las declaraciones del Ministro de Defensa, en las que habría sostenido que las aspersiones sirven para detener el aumento reciente de las masacres.

Sobre los deberes que impone el acuerdo de paz firmado con las Farc, recuerdan los relatores en su carta que el acuerdo establece una jerarquía entre las estrategias para combatir los cultivos ilícitos en la que primero está la erradicación manual.

De hecho, a finales del año pasado la Corte Constitucional recordó que según el acuerdo de paz y sus fallos de 2017 y 2019 en los que el alto tribunal condicionó el regreso de las aspersiones, para poder fumigar se tendría que demostrar primero que tanto la sustitución voluntaria como la erradicación manual forzada fallaron.

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Además, en la carta al presidente Iván Duque los relatores le llaman la atención sobre las obligaciones existentes en relación con instrumentos internacionales de derechos humanos, de los cuales Colombia es parte, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

"A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al Gobierno y al Congreso Nacional de Su Excelencia a rechazar la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (Pecig)", concluyen en su comunicación. 

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET
justicia@eltiempo.com

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