¿Quién responde por daños a la salud tras un accidente de tránsito?

¿Quién responde por daños a la salud tras un accidente de tránsito?

Estas son las recientes aclaraciones que hicieron la Corte Suprema y la Corte Constitucional.

Accidente de tránsito

La mayoría de accidentes de tránsito involucran a motocicletas. 

Foto:

istock

Por: Justicia
18 de marzo 2020 , 03:12 p. m.

El 9 de junio del 2008 una mujer se transportaba como pasajera en un vehículo afiliado a la empresa transportadora Coomotor Huila y Caquetá, desde Neiva a Florencia.

En un tramo del camino, el conductor perdió el control de la camioneta y colisionó.

Tras el accidente, la mujer fue trasladada hasta el hospital María Inmaculada, en donde le diagnosticaron “trauma craneano y fractura frontal”. El accidente le dejó una deformidad física que afectó su rostro de forma permanente.

Esto llevó a que ella interpusiera una demanda civil contra la empresa Coomotor y el dueño del vehículo, exigiendo una indemnización.  

Tanto la empresa como el propietario alegaron que el siniestro había ocurrido por un hecho fortuito y, por lo tanto, no eran responsables de lo sucedido ni debían indemnizar a la mujer que sufrió la lesión permanente.

Al evaluar su caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aseguró que la responsabilidad por los daños que sufre un pasajero que haya celebrado un contrato de transporte (como lo es comprar con una empresa de transporte un pasaje) “prescinde por completo del elemento de culpa”.

Esto significa que en estos casos no importa si el conductor tuvo o no la culpa de los daños físicos que sufrió un pasajero, ya que en todo caso debe responder por esta situación.

“El transportador está obligado en el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino”, recordó la Corte, según establece el Código de Comercio.

Es por esto que, según el mismo Código, los transportadores deben responder de todos los daños que sufran los pasajeros desde el momento en que queden a su cargo, es decir, cuando comience a transportarlos.

Así, la responsabilidad del transportador abarca los daños causados por los vehículos utilizados por él, así como por los daños que sufran los pasajeros en los sitios de embarque, o desembarque, estacionamiento, o cualquier instalación que se use para el servicio y ejecutar el contrato de transporte.

El transportador está obligado en el transporte de personas a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino

Por ello, según la Corte, contrario a los médicos que tienen una obligación de medio, los transportadores sí tienen una obligación de resultado en la que, aunque hayan cumplido su deber de manejar con responsabilidad y prudencia, no quedan exonerados de las lesiones que sufra un pasajero.

Es así como en los accidentes de tránsito son irrelevantes las pruebas que buscan demostrar que el conductor iba o no con exceso de velocidad, si fue o no cuidadoso, si previó las consecuencias de su acción, ya que en cualquier caso su deber es llevar al pasajero en perfecto estado.

La única forma en la que un transportador se puede librar de indemnizar a un pasajero que sufre afectaciones tras un accidente, es cuando se pruebe la culpa exclusiva de la víctima o la causa extraña.

Pero además del transportador, en los accidentes de tránsito también deben responder solidariamente las empresas de servicio público, aún cuando no sean propietarias o arrendatarias del vehículo, al igual que también responden de forma solidaria los dueños de los vehículos.

Es por esto que la Corte aceptó la demanda para que el dueño de la camioneta y la empresa Coomotor indemnicen a la mujer afectada.

En estos casos se aplican, además, dos seguros. En primer lugar, el Seguro Obligatorio de Tránsito (SOAT) debe responder por los daños que sufren los pasajeros sin necesidad de demostrar si hubo o no responsabilidad de quien conducía. En cambio, el seguro de responsabilidad civil al que pueden acudir las empresas transportadoras -y cuyo fin es indemnizatorio- sí depende de que se demuestre que el conductor obró con responsabilidad.

¿Quién paga una discapacidad permanente?
Accidente Guaduas

Accidente de tránsito. 

Foto:

Bomberos Cundinamarca

Además de las demandas de responsabilidad civil a empresas transportadoras, hay otro asunto que involucra a las víctimas de accidentes de tránsito, y es el reconocimiento de la discapacidad permanente en los casos en los que, por sus afectaciones, no puedan volver a trabajar.

El 26 de enero un hombre se movilizaba como pasajero de una moto conducida por su hermano. Los dos sufrieron un accidente y fueron arrollados por otro vehículo.

El siniestro le generó al pasajero lesiones en su lado izquierdo del cuerpo, específicamente un edema y deformidad a nivel del tercio distal del muslo, en la rodilla, así como fractura del fémur izquierdo, y lesiones múltiples.

A pesar de las numerosas cirugías, quedó con lesiones que lo incapacitaron por 120 días y que le dificultan volver a trabajar. 

El hombre es un trabajador informal independiente, sin acceso a la seguridad social, por lo que dependía de sus actividades como comerciante. Actualmente está viviendo de la caridad de su familia al no poder tener ingresos.

Es por esto que buscó acceder a la indemnización por incapacidad permanente que cubre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Para poder ser valorado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez debía pagar un salario mínimo por concepto de honorarios, dinero que no tiene.

Es por esto que en junio del 2018 le pidió a Seguros Generales Suramericana, quien expidió el SOAT de la moto en la que iba, que remitiera a la junta regional los documentos necesarios para que se evaluara su pérdida de capacidad laboral, y además le pidió sufragar los honorarios de dicha junta.

Esto implica que las empresas responsables del SOAT tienen también la carga legal de realizar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez

Pero la aseguradora se negó afirmando que el deber de asumir esa valoración le corresponde a la administradora de riesgos laborales o a la administradora del sistema general de pensiones, algo a lo que él, como trabajador informal, no estaba afiliado.

Es por esto que la víctima del accidente de tránsito interpuso una tutela afirmando que Seguros Generales Suramericana estaba vulnerando sus derechos a la igualdad y a la seguridad social.

Al evaluar la situación, la Corte recordó que debido a la incidencia que tienen los accidentes de tránsito en la salud de las personas, el Estado creó el SOAT para los vehículos, cuya finalidad es amparar la muerte o daños corporales que sufran las personas en los siniestros viales.

Es así como, dice la Corte, el SOAT debe cubrir la muerte o los daños físicos causados a las personas, los gastos que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, la incapacidad permanente, los gastos funerarios y el transporte de víctimas.

Así, la indemnización por la incapacidad permanente, recuerda la Corte, es el valor que se reconoce a una persona víctima de accidente de tránsito, por una sola vez, cuando como consecuencia de los eventos catastróficos pierda su capacidad para desempeñarse laboralmente.

Sobre quiénes son los responsables de calificar el estado de invalidez o la pérdida de capacidad laboral de un ciudadano, la Corte recordó que según la ley, los que tienen ese deber son las administradoras de fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales, o las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y las entidades promotoras de salud.

Y, sólo si el interesado está en desacuerdo con el resultado, el expediente debe ser remitido a la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que se pronuncie y dé su concepto técnico.

Es así como dar este dictamen recae no solo sobre autoridades tradicionales, sino también en las compañías de seguros. “Esto implica que las empresas responsables del SOAT tienen también la carga legal de realizar, en primera oportunidad, el examen de pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez de quien realiza la reclamación”.

Así, con lo dicho por la Corte Constitucional, queda claro para acceder a la indemnización por incapacidad permanente -que es amparada por el SOAT- se debe aportar el dictamen médico que determina la incapacidad. Una de las autoridades competentes para dar ese dictamen, en la primera oportunidad, son las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte.

Es por esto que la Corte concluyó que Seguros Generales Suramericana tenía la obligación de realizar el dictamen que la víctima de accidente vial necesitaba para reclamar la indemnización de incapacidad permanente del SOAT.

JUSTICIA

Descarga la app El Tiempo

Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate.

CONOCE MÁS
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.