Luz Stella Forero sobrevivió en 2011 a un ataque de su esposo Ricardo González, pero sus hijas Natalia y Sofía no corrieron la misma suerte. Él las asesinó, fue condenado a 45 años de cárcel y ahora su caso está en el ojo del huracán tras la libertad condicional que le fue concedida semanas atrás y luego revocada. Sin embargo, permanece internado en una clínica en Bogotá.
Ella contó su historia a EL TIEMPO. Episodios como este siguen registrando víctimas. El año pasado, según cifras de Medicina Legal, ocurrieron 128 feminicidios en el país, 28 más que en 2015. Además, en 2016 hubo 15.082 denuncias de violencia sexual, de las cuales el 41,53 por ciento se habría cometido contra menores entre 10 y 14 años.
Las rutas de atención a la violencia de género creadas por las entidades públicas responsables son una herramienta para combatir este flagelo, que no deja de cobrar víctimas en el país.
En 2016, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, ya había hecho un llamado para que “todas las mujeres que han sido víctimas denuncien y persistan en los procesos. No están solas y podemos acompañarlas”.
Según los casos, hay por lo menos dos rutas de atención: la primera, compete a los casos en los que la violencia es ejercida por alguien del mismo círculo familiar. En estos casos, el primer actor al que se debe acudir son las Comisarías de Familia. La segunda, en caso de que sea externo, señala a la Fiscalía como la entidad responsable.
Con apoyo de la Policía y demás instituciones, el primer paso es garantizar la protección de la o las mujeres agredidas, así como de menores de edad, que pueden llegar incluso a facilitar el traslado de las víctimas a refugios de ubicación desconocida para el agresor.
Tras la protección inicial, la ruta señala que es necesario denunciar. Así, en los casos de violencia doméstica, se hace ante un CAVIF (Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar), mientras que en casos que involucran a externos al ámbito doméstico es competencia de un CAIVAS (Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar). Otras entidades, como Comisarías de Familia, Unidades de Reacción Inmediata, Fiscalía o Policía Judicial, también pueden recibir la denuncia.
Se deben fortalecer los mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y la institucionalidad
¿Qué más se puede hacer, además de pedir protección y denunciar? Ordóñez explica que existe la reparación en términos de salud por parte de la IPS de la o las mujeres. “Esta reparación debe ser integral, tanto física como psicológicamente”, explica.
Además, continúa, “está la estabilización de condiciones de vida de la víctima y sus hijos. Esto, por ejemplo, se hace a través de casas refugio u hogares de acogida, donde se le brinda alojamiento, alimentación y alternativas de capacitación, trabajo y educación”, cuenta la funcionaria.
En su relato, Luz Stella cuenta que fue violada por su esposo, y que acudió a una comisaría de familia en búsqueda de protección, pero no encontró resultado.
Sobre esto, Ordóñez explica que las Personerías son las encargadas de vigilar la actuación de las comisarías. “Asimismo, las mujeres víctimas pueden acudir a las defensorías del pueblo para recibir asesoría y acompañamiento jurídico”.
Es importante tener en cuenta que también existen mecanismos como la línea 155, habilitada desde 2015 por la Policía Nacional, y cuyo funcionamiento se mantiene desde entonces porque ha sido efectivo, según fuentes de esa institución. Esta línea funciona específicamente para atender casos de violencia de género y permiten a las autoridades actuar en situaciones de emergencia.
La Consejera Presidencial precisa que “es importante fortalecer con recursos técnicos, financieros y humanos las entidades que tienen la competencia en la protección y la atención de las mujeres víctimas de violencia”, pero que servidores y servidoras públicos deben cumplir con sus funciones tal como lo establecen las normativas.
“Asimismo –concluye Ordóñez–, se deben fortalecer los mecanismos de diálogo entre la sociedad civil y la institucionalidad con el fin de detectar las barreras y dificultades en las rutas de atención de las víctimas”.
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