Las negociaciones para acabar con los conflictos armados alrededor del mundo han tenido como eje central la creación de modelos de justicia transicional, especialmente diseñados para estos contextos de transición política y social.
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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, "cuando se trata de ponerle fin a conflictos armados internos, la justicia transicional contribuye a conseguir -al mismo tiempo- dos objetivos esenciales: la negociación política del conflicto y la realización de la justicia".
Para este proceso, la justicia transicional contempla una serie de mecanismos y herramientas especiales que permiten enfrentar el legado de violaciones masivas a los derechos humanos, buscando el reconocimiento de las víctimas y la construcción de confianza entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado.
Para el International Center for Transitional Justice (ICTJ), la justicia transicional "alude a las formas en que países que dejan atrás periodos de conflicto y represión utilizan para enfrentarse a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada".
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En el caso de Colombia, el órgano que tiene dicha función es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc.
Según el ICTJ, los objetivos de la justicia transicional varían en cada situación, aunque sus rasgos —el reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— son constantes.
Así las cosas, los modelos de este tipo buscan, por ejemplo, crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas, posibilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos o conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda de una sociedad justa.
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A eso se suma el respeto del Estado de derecho, facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos, sentar las bases para afrontar las causas subyacentes del conflicto y la marginación y fomentar la reconciliación.
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