Con dos argumentos: “responder a las graves condiciones humanitarias que afrontan las cárceles” y la visita del papa Francisco en septiembre, respectivamente, el Gobierno y el partido de ‘la U’ radicaron el jueves dos polémicos proyectos de ley que podrían dejar en libertad a entre 30.000 y 40.000 presos en los próximos cinco años.
El proyecto del Gobierno, que se suma a otros que han generado fuerte debate con el fiscal Néstor Humberto Martínez (quien considera que se trata de iniciativas que van en contra de la seguridad ciudadana), plantea una rebaja del 20 por ciento de la pena, por una sola vez, para delitos cometidos antes de este 16 de marzo.
Según las proyecciones del Ministerio de Justicia, de aprobarse la iniciativa este año saldrían de prisión cerca de 10.000 sentenciados: 3.276 por narcotráfico, fabricación o porte drogas; 4.344 por hurto; 142 por homicidio simple; 404 por porte de armas, 53 por delitos sexuales; 931 responsables de violencia intrafamiliar y 182 condenados por inasistencia alimentaria.
Y a 2020 habrían acortado su estancia en la cárcel más de 30.000 responsables de diversos delitos. Las rebajas podrán ser concedidas al momento de imponerse la pena o cuando el juez de ejecución de sentencias haga una revisión de las medidas punitivas.
El proyecto de ‘la U’, del senador Roy Barreras, plantea una rebaja de la sexta parte de la pena para los sentenciados y propone, además, una excarcelación inmediata de sindicados a través de la figura de la “conmutación de medidas de aseguramiento”.
Los únicos que no saldrían, según la polémica iniciativa, serían “las personas procesadas o condenadas por delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, delitos contra la vida, delitos contra la libertad y formación sexuales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico; así como delitos contra menores de edad”.
Podemos modificar los esquemas tradicionales dentro del derecho penal represor por un derecho penal humanístico
La iniciativa del Gobierno deja expresamente por fuera de las rebajas a los responsables de delitos graves como el genocidio, homicidio doloso agravado, feminicidio, ataques con ácido o lesiones que impliquen la pérdida de algún órgano. También, a los condenados por crímenes contra el Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, torturas, el desplazamiento, el secuestro extorsivo, la trata de personas, los delitos contra menores de edad, el lavado de activos y el peculado que exceda los 50 salarios mínimos (unos $ 36,9 millones).
Para sustentar su propuesta, el Ministerio de Justicia sostiene que el país necesita hacerle frente “al estado de cosas inconstitucional actual en el sistema penitenciario” y que esto debe hacerse desde la política criminal.
El hacinamiento carcelario es del 52 por ciento. Esto genera una crisis que, dice el Gobierno, repercute en la grave vulneración de los derechos humanos de los detenidos. “Podemos modificar los esquemas tradicionales dentro del derecho penal represor por un derecho penal humanístico”, dijo el ministro de Justicia, Enrique Gil, al llevar el jueves la propuesta al Congreso.
Los dos proyectos de rebaja de penas tienen también alcances políticos: el Gobierno y ‘la U’ se anticiparon al anuncio que el uribismo había hecho de una iniciativa similar.
Aunque el Gobierno asegura que su propuesta no tiene carácter de jubileo por la visita de Francisco, lo cierto es que no es la primera vez que en la antesala de una visita papal llegan proyectos como estos al Congreso. Ocurrió en 1968 y en 1986, cuando Pablo VI y Juan Pablo II, respectivamente, visitaron el país.
Lo ideal es diseñar una política criminal que no lleve a tantas personas a la cárcel de manera inconsistente y frenar el abuso de la detención preventiva
César Rodríguez, director de Dejusticia, considera que las rebajas de penas planteadas son una respuesta “que puede ser útil”, pero que no resuelve el “problema estructural” del sistema penal colombiano. “Lo ideal es diseñar una política criminal que no lleve a tantas personas a la cárcel de manera inconsistente y frenar el abuso de la detención preventiva”, sostiene.
Por su lado, Jorge Restrepo, director del Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, señala que deben tenerse en cuenta elementos como “la peligrosidad de esas personas, si son criminales violentos o no, si han reincidido o han usado armas de fuego para cometer los crímenes. Una clemencia generalizada sería una muy mala idea”, advierte.
Un proyecto de ley del anterior ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, para reducir el hacinamiento en las cárceles había provocado ya un choque con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Según este, el proyecto “amenaza la seguridad ciudadana”.
El Fiscal sostuvo que un artículo de la iniciativa de Londoño permitía que capturados llevados a audiencias quedaran libres si el juez consideraba que no había un cupo digno en las cárceles para mantenerlos. El Ministerio de Justicia defendió el proyecto y dijo que el artículo polémico “está virtualmente eliminado”.
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