107 profesores califican de 'indolente' actitud de Gobierno con presos

107 profesores califican de 'indolente' actitud de Gobierno con presos

Los profesores de reconocidas universidades piden modificar el decreto de excarcelación. 

Cárcel de Villavicencio

La cárcel de Villavicencio fue la primera en reportar internos con coronavirus.

Foto:

ÓSCAR BERNAL. EL TIEMPO

Por: Justicia
22 de abril 2020 , 09:57 p.m.

Este miércoles, con más de 70 infectados con coronavirus en las prisiones del país —la mayoría de ellos en la cárcel de Villavicencio—, los centros penitenciarios volvieron a ocupar la atención nacional por el riesgo que representa la pandemia en las cárceles colombianas y para la salud pública.

Aunque el Gobierno emitió un decreto que podría sacar de las prisiones a unos 4.000 internos que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y no estén entre los excluidos por sus delitos cometidos, muchos sectores han salido a criticar esa medida por considerarla insuficiente ante el hacinamiento carcelario del país, que supera el 50 por ciento y que hace más grave el contagio.

Entre las críticas se conoció un manifiesto de 35 reconocidos profesores de derecho penal de Europa y América y 72 docentes nacionales en el que piden mejores condiciones de vida y salud para la población detenida, y medidas mucho más amplias que el decreto 546 del 2020, que les dará casa por cárcel a unos 4.000 detenidos.

Entre los profesores nacionales que firman este manifiesto están Ricardo Posada Maya y Ricardo Molina López, de la Universidad de los Andes. También Jaime Sandoval Fernández, de la del Norte; Alfonso Cadavid Quintero y Juan Oberto Sotomayor, de  Eafit; Francisco Javier Tamayo Patiño y Armando Luis Calle Calderón, de la Universidad de Antioquia; así como Estanislao Escalante Barreto, de la Universidad Nacional.

Y del ámbito internacional se adhirieron al manifiesto profesores como José Hurtado Pozo, de la Universidad de Fribourg (Suiza); Eugenio Raúl Zaffaroni, tratadista de derecho penal, y José Luis González Cussac, de la Universidad de Valencia (España) entre otros firmantes. 

El manifiesto, que lleva como título 'Rumbo a un genocidio carcelario', critica el decreto y pide una “mejora real de las condiciones de privación de la libertad para los reclusos y el personal penitenciario” ante el coronavirus.

En este documento aseguran que repudian “la actitud indolente del Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la población carcelaria y a los trabajadores vinculados al sector penitenciario del país”.

También aseguran que les “indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad, pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población”.

Indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad

Así, dicen los docentes e investigadores en derecho penal, criminología y política criminal, el decreto que “prometía resolver la crisis de salud pública” en las cárceles “demuestra su total inutilidad e ineficacia”, por el riesgo de transmisión y contagio que sigue en las prisiones.

Los docentes critican que el decreto de excarcelaciones esté lleno de excepciones para acceder a la reclusión domiciliaria, excepciones que, a su juicio, son “discriminatorias, populistas y, por ende, ilegítimas”.

Con el decreto, dicen los expertos, el Gobierno “da la apariencia de que se ocupó del conflicto, que tuvo sensibilidad respecto del mismo, que salvaguardó los derechos humanos en riesgo y dio una solución salomónica, esto es, justa, necesaria, proporcional y humana, cuando en realidad todo es una grosera mentira inscrita en lo que se conoce como el uso simbólico del derecho”.

También afirman que las barreras para la detención domiciliaria que puso el Gobierno son ilegítimas porque la vida y la salud no pueden ser puestas en peligro por el Estado.

Desde ese punto de vista, al no poder garantizar estos derechos para los detenidos, dicen los académicos, hay una “extralimitación al ejercicio de la privación de la libertad”, dejando de lado la legalidad, humanidad y proporcionalidad que son requisitos de la legitimidad.

“Obligar a cualquier persona a encarar el peligro para la vida, real y cierto, en las condiciones actuales, significa someterla a situaciones equiparables a una pena de muerte”, afirman.

Así, los docentes exigen que el decreto 546 sea modificado para que tumbe todas las barreras que impiden el acceso a la detención domiciliaria, garantizando la vida y salud de los presos y de los trabajadores del Inpec.
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JUSTICIA

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