De 136.116 trabajadores del sector salud que cumplen funciones en 926 centros médicos del país, únicamente 46.715 están vinculados con un contrato directo y hacen parte de la planta de personal.
Es así como los demás, unos 116.401, que equivalen al 71,37 por ciento, trabajan con contratos tercerizados o vinculación indirecta.
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Esa información fue entregada por el Ministerio de Salud a la Procuraduría General, por lo cual este organismo de control instó al Gobierno, a las autoridades departamentales y municipales, y a los directores de los hospitales para que cumplan las normas que determinan que el trabajo del personal de salud se debe dar en condiciones dignas.
Así, el procurador Fernando Carrillo emitió una circular en la que advirtió a los funcionarios administrativos del sector salud que dentro de la organización de estos servicios para que sean financieramente viables y eficientes no pueden desconocer “los derechos de los trabajadores del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral”.
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Según Carrillo, las leyes prohíben la vinculación con contratos tercerizados cuando se desarrollan actividades misionales, por lo cual el personal del sector salud no puede “estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales”.
Las leyes prohíben la vinculación con contratos tercerizados cuando se desarrollan actividades misionales
Pero lo que muestran las cifras es que se está violando la regla general de la administración pública, que indica que todos sus trabajadores deben ser vinculados de manera directa y “excepcionalmente, por situaciones casi fortuitas, por contratos de prestación de servicios o tercerizados”, dijo el Ministerio Público.
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La Procuraduría también advirtió que en los últimos años se incrementó la precarización laboral en el sector salud, pues se están haciendo más frecuentes los contratos de prestación de servicios, los de outsourcing, servicios temporales, cooperativas de trabajo y contratos sindicales, hasta el punto en que se están creando “verdaderas nóminas paralelas”.
REDACCIÓN JUSTICIA
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