El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, pidió al presidente electo, Iván Duque, poner en marcha las reformas de fondo que se requieran para la efectiva prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a cerca de 5 millones de estudiantes beneficiarios.
De acuerdo con Carrillo, es una "necesidad urgente e inaplazable enfrentar las complejas dificultades del programa”, en especial la falta de financiación y cerrar las puertas a la corrupción y a las prácticas que atenten contra los recursos destinados al programa.
Según el análisis del Ministerio Público, los principales problemas del PAE son el no acceso al servicio y la deficiente calidad de los alimentos a los niños. "En algunas regiones del país, aún no se ha implementado en el presidente año el programa, y constantemente, se suspende su provisión, o se atiende solo parcialmente a los estudiantes”, dijo la Procuraduría.
En su informe, la entidad aseguró que hay cerca de 200 procesos disciplinarios abiertos por irregularidades en el PAE y que hay riesgo de que en algunos lugares no se preste el servicio por falta de recursos.
Por otro lado, el Procurador se refirió a los casos más críticos: Cúcuta, Norte de Santander, y Soacha, Cundinamarca.
En la primera, fronteriza con Venezuela, se atienden 58.000 beneficiarios, entre los que se cuentan cerca de 6.000 nuevos estudiantes provenientes del país vecino. Sin embargo, el contrato con el operador solo va hasta agosto y requiere cerca de $9.000 millones para lograr finalizar el año sin suspender el servicio.
Por otra parte, en Soacha apenas se puede mantener la prestación del servicio hasta esta semana, por lo que requiere cerca de $ 5.000 millones para garantizar su actual cobertura, que en 2018 aumentó en 1.000 nuevos beneficiaros provenientes de Venezuela.
“En situación similar se encuentran los departamentos de Guaviare y Vichada, que en abril ya suspendieron el programa y, de no disponer de los recursos suficientes, tendrán que interrumpirlo nuevamente antes de que termine el calendario escolar, afectando a 27.000 estudiantes”, expresó Carrillo.
Otras preocupaciones están en Chocó (que tiene 105.000 beneficiarios) y Antioquia (con 204.000 beneficiarios), pues “a la fecha no se tiene claro cómo se financiará el PAE en los últimos meses del año”.
Además, Cartagena y Montería, con 89.000 y 30.000 beneficiarios priorizados respectivamente, aunque tienen los recursos suficientes no han contratado el operador, por lo que en todo el año no se ha prestado el servicio de alimentación escolar.
En el documento enviado a Iván Duque, el Procurador hace algunas recomendaciones para mejorar el servicio de alimentación.
- Avanzar hacia una cobertura universal del PAE.
- Trabajar en reformas estructurales que permitan garantizar fuentes estables de financiación.
- Dotar mejor a la instituciones educativas para que se preste un servicio más óptimo, o aumentar la proporción de las raciones servidas en un sitio.
- Involucrar a las entidades de salud correspondientes para que se garantice la sanidad y calidad de los alimentos.
- Mejorar el seguimiento al programa para evitar corrupción y prácticas que atentes contra su buen funcionamiento.
- Implementar un registro de proveedores del PAE que tenga un sistema de calificación para conocer la trayectoria y desempeño de los operadores antes de contratarlos.
JUSTICIA
Comentar