La posibilidad de que la reforma de la justicia se intente por tercera vez en cinco años, esta vez vía referendo, reactivó la discusión sobre la ruta que debe seguir el país para enfrentar la corrupción y otros males que asuelan el poder judicial.
La propuesta la hizo la semana pasada el procurador Fernando Carrillo, quien considera que ese mecanismo de participación popular tiene ventajas frente a otras opciones que están sobre la mesa.
En esencia, no entraña los riesgos para la institucionalidad que sí implicaría una asamblea constituyente, pero el mandato popular evitaría que, como sucedió con la reforma de equilibrio de poderes del 2015, las altas cortes terminen echando por tierra los cambios aprobados por el Congreso y que tocaban algunos de sus privilegios.
La idea del Procurador le suena al presidente Juan Manuel Santos, quien ordenó a sus ministros de Justicia, Enrique Gil Botero, y del Interior, Guillermo Rivera, que empiecen a explorar el ambiente político.
El Gobierno tiene claro que va a presentar su nueva propuesta de reforma de la justicia en los casi once meses que le quedan. Pero, como lo advirtió el lunes el ministro Gil, aún no es definitivo que el referendo será el camino.
En las últimas semanas los ministros han adelantado contactos para hablar sobre los temas de la reforma, que en esencia son los mismos que traían los fallidos proyectos del 2012 y el 2015: separar a las altas cortes de funciones electorales que las politizaron en los últimos años; enterrar la Comisión de Acusación para que los altos magistrados tengan un verdadero tribunal que los controle; mejorar la formación ética de los abogados e implementar estándares de eficiencia y transparencia en toda la Rama Judicial.
Si el referendo fuera la vía, se presentaría un proyecto de origen gubernamental, pero conciliado con los actores de la Rama. Si este se aprueba en el Congreso, en todo caso deberá ser avalado por la Corte Constitucional.
Ese proceso difícilmente tomaría menos de medio año y se corre el riesgo, además, de que una propuesta para acabar con la Comisión de Acusación se caiga, como ya pasó en ese tribunal, bajo la tesis de la sustitución de la Constitución.
Lo apretado de los tiempos sería uno de los principales obstáculos de un referendo. Además, el 2018 será un año electoral, lo que de entrada anticipa dificultades para una campaña política que deberá garantizar el apoyo de al menos nueve millones de ciudadanos (el 25 por ciento del censo electoral) a cada pregunta.
Los antecedentes en las urnas no son positivos. En la votación del plebiscito para la paz el Gobierno no logró el triunfo del Sí, que obtuvo apenas el apoyo de 6,3 millones de ciudadanos. Y en el 2003, en el referendo promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y que incluía propuestas similares a las que hoy se discuten (por ejemplo, el fin del cuestionado Consejo Superior de la Judicatura) solo consiguió el umbral del 25 por ciento una de las 15 preguntas consultadas a la ciudadanía.
Desde el Congreso, donde el paquete de normas sobre la paz aún está en discusión, se advirtieron las dificultades para aplicar ese mecanismo. “Es un debate importante pero los tiempos son apretados. Difícilmente va a salir adelante”, dijo el conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado. En el mismo sentido se pronunció el representante de Cambio Radical Rodrigo Lara, presidente de la Cámara.
Por su lado, el senador de ‘la U’ Roy Barreras consideró que el referendo sería viable “si hay un acuerdo nacional que convoque a todos”. En el mismo sentido, el senador Antonio Navarro Wolf, de Alianza Verde, advirtió que se necesita “un acuerdo nacional amplio, un consenso grande”.
Y mientras el Centro Democrático descalificó la posibilidad , la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez dijo que la reforma “se ha debido hacer durante los últimos siete años”, por lo que “le tocará al próximo gobierno”.
La también precandidata Clara López señaló, en sentido contrario, que la iniciativa debe impulsarse “cuanto antes” y consideró clave que además de combatir la corrupción se creen mecanismos “para acercar la justicia al ciudadano”.
Desde la Academia, Antonio Aljure, exdecano de Derecho de la Universidad del Rosario, consideró que un referendo no sería la mejor opción para reformar la justicia. Sostiene que el mecanismo, que implica la presentación de preguntas específicas a la ciudadanía, sería “muy rígido” e incluso dejaría aspectos por fuera que posteriormente sería mucho más complicado cambiar. Aljure afirma que se debe insistir en una reforma vía Congreso.
Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, considera que lo que procede es aplicar “los procesos ordinarios de reforma constitucional y sobre todo de reforma legal y de reforma reglamentaria”: “Hay muchas reformas que no necesitan cambios constitucionales, sino que se pueden dar a nivel de ley estatutaria, de leyes ordinarias e incluso de reglamentos dictados por las mismas cortes y el Consejo Superior de la Judicatura”.
Los expertos también advierten sobre la importancia de hacer bien los cambios. Por ejemplo, al quitarles a las cortes facultades electorales, estas pasan necesariamente a otro poder, lo que puede afectar el sistema de pesos y contrapesos creado por la Carta del 91.
Desde Estados Unidos, donde participa en la cumbre Concordia, el senador Álvaro Uribe descalificó un eventual referendo: “Muy tarde, muy corto el tiempo, no entiendo por qué este gobierno le quitó legitimidad a la Corte Constitucional al anular las posibilidades de independencia de los magistrados y de respeto a la democracia, irrespetaron el plebiscito”, dijo.
Y aseguró: “Este Gobierno ha estimulado la corrupción de la justicia con gabelas, con intercambio de favores con la justicia”.
El ministro de Justicia, Enrique Gil.
Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que así como se está contemplando la posibilidad de adelantar un referendo, se revisan otras opciones.
En todo caso, hace énfasis en que desde el punto de vista administrativo, existen alternativas para aumentar la transparencia en la Rama Judicial. De hecho, dice que ya se viene trabajando con entidades como Dejusticia y la Corporación Excelencia en la Justicia, cuyas propuestas “no requieren de un gran proyecto de ley, sino que la gran mayoría se puede llevar a cabo a través de decisiones al interior de la misma Rama Judicial, que ha manifestado su intención de autorregularse”.
Sobre la opción del referendo, manifiesta que existen dos formas de convocarlo: a través de una iniciativa ciudadana, lo que implicaría recolectar firmas, o una iniciativa gubernamental impulsada a través de un proyecto de ley firmado por el Presidente. En el primer caso, el proceso podría tardar más de un año; en el segundo, dependería del trámite legislativo y la revisión previa de la Corte Constitucional.
El ministro coincide con expertos consultados por este diario al afirmar que los cambios legales solo funcionarán con un trabajo de base en la formación de los abogados y afirma que ya se han trazado objetivos en ese sentido y que quedaron plasmados en los compromisos adquiridos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
El ministro asegura que nada garantiza que las reformas superen las revisiones de las cortes, pero que un trabajo juicioso sobre los argumentos de la Corte Constitucional en el fallo que tumbó el Equilibrio de Poderes “puede ayudar a corregir y dar un paso más en las reformas que necesita el país”.
Así mismo, afirmó que la Comisión de Acusación debe adelantar los procesos que tiene de la forma más eficiente, y efectiva, y que en caso de que, a través de una forma legal o constitucional, se modifique su papel, se debe garantizar la transición que permita que los procesos que ya se están llevando no queden en el limbo.
Fernando Carrillo, Procurador General.
Claudia Rubio / Archivo EL TIEMPO
El procurador Fernando Carrillo es el autor de la idea de un referendo para reformar la justicia. Estos son sus argumentos.
¿Por qué el referendo es la mejor opción?
Vivimos un tsunami ético que amenaza la estabilidad de la democracia. Solo un referendo puede devolver las aguas institucionales a su cauce. El referendo activa la participación ciudadana en la toma de una decisión tan trascendental, y tiene puntos de control y concertación previos que evitarían dar un salto al vacío. Una constituyente podría significar años intentando consensos amplios que la apoyen, lo que llevaría a aplazar indefinidamente las reformas que exige la justicia.
Expertos dicen que no es viable por presupuesto, tiempo y umbral de votación...
Es valiosa la voluntad política del Gobierno para sumarse a esta iniciativa, pero se necesitan muchos más actores para concretarla, como las facultades de derecho, los centros de pensamiento, los colegios de jueces. Pero el principal actor del referendo es la ciudadanía.
¿Qué otras opciones hay si finalmente no se opta por el referendo?
No hacer nada es la peor opción. La constituyente, reitero, es innecesaria y peligrosa. El referendo sí le pone una agenda de transformación urgente a la justicia. Sería un tema de seis meses para que Colombia dé un paso gigantesco en la consolidación de un modelo de justicia.
¿Cuáles serían los puntos que deberían estar en el referendo?
La eliminación de las funciones electorales de las altas cortes, la creación de mecanismos eficientes para investigar a los aforados, que cada corporación judicial pueda disponer el retiro o suspensión inmediata de magistrados o jueces que actúen contra la ética o que estén investigados por corrupción. Todo ello a la par con medidas contundentes para formar abogados y jueces.
¿Cómo lograr que esta reforma sobreviva a las oposiciones de la Rama?
La primera regla es escuchar a los actores reales de la justicia. Soy optimista en que seremos capaces de impedir que la institucionalidad se nos derrumbe en las manos.
El referendo es una vía expresa para salir del hueco moral en que los corruptos han metido al país.
JUSTICIA
Comentar