En Colombia hay 1.301 hombres privados de la libertad con 70 años o más, según las estadísticas del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec). De estos, 1.000 están condenados y los otros 301 están sindicados, pero permanecen presos. También, 41 mujeres con esa misma edad, 33 condenadas y 8 sindicadas.
Algunas voces ya han comenzado a pedir que se tomen medidas frente a estas personas, pues son consideradas las más vulnerables frente a un eventual contagio de covid-19. Varias de estas pertenecen al Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Por ejemplo, el penalista Iván Cancino dice que a estas personas se les deben dar medidas especiales, como pensar en la detención domiciliaria y, si están presos por delitos graves, pensar en disponer lugares aislados para estos. “Nuestras cárceles no tienen medidas para combatir esta pandemia”, aseguró el abogado en su cuenta de Twitter.
Todos los mayores de 70 años que estén detenidos deben tener medidas especiales , según delito pensar en domiciliaria , si son graves lugares aislados para ellos . Urgente @INPEC_Colombia @CPenalistas nuestras cárceles no tiene medidas para combatir esta pandemia ! @fbernate
— Iván Cancino (@CancinoAbog) March 18, 2020
En conversación con EL TIEMPO, el también penalista Marlon Díaz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que para ellos es necesario “hacer compatibles” las medidas de estado de emergencia tomadas por el Gobierno, que incluyen la limitación a circulación de personas mayores de 70 años, con las que se toman frente a la población carcelaria.
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“No tiene sentido que los mayores de 70 años permanezcan en los establecimientos de reclusión, donde no hay ninguna posibilidad de brindarles una atención adecuada”, asegura Díaz.
En el rango de edad que le sigue, de 65 a 69 años, que también es una edad con riesgo para su vida en caso de resultar contagiada, son 74 mujeres con detención intramural. De estas, 26 están sindicadas y las demás, 48, condenadas. Y son 1.503 hombres de los cuales 1.107 ya cumplen condena y 394 están sindicados.
En total, son 2.919 las personas privadas de la libertad que están por encima de 65 años y, por lo tanto, tienen una mayor vulnerabilidad frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el Inpec ha sido insistente en afirmar que, hasta ahora, ni en la población privada de la libertad ni en los funcionarios de las cárceles se ha presentado ningún caso.
También ha tomado medidas como la restricción de visitas y el aprovisionamiento de insumos sanitarios.
Díaz indica que otros países ya han tomado medidas de choque, y cita como ejemplo el caso de Irán, donde, según dice, 85 mil presos fueron liberados, recibieron permisos carcelarios, aislamientos “y hasta amnistías e indultos por penados de menos de 5 años”, y pidió al Ministerio de Justicia y al Inpec tomar medidas.
“Es un tema de dignidad humana, todos los presos mayores de 70 y enfermos deben irse a su casa o en libertad”, aseguró.
Para él, pese a que no haya casos, pensar que solo una persona sea contagiada en una cárcel como La Modelo o La Picota, en Bogotá, Bellavista en Medellín, o incluso la cárcel de Riohacha, tiene un hacinamiento de 350 por ciento, implica focos de contagio que serían difíciles de controlar. “Si afuera no es posible brindar una atención de salud óptima a quienes están en riesgo, mucho menos a quienes están privados de la libertad”, asegura.
Irán 🇮🇷 ya liberó 85 mil presos por #COVID2019, permisos carcelarios, aislamientos y hasta amnistias e indultos por penados de menos de 5 años. Qué espera @MinjusticiaCo e @INPEC_Colombia para tomar medidas (por hacinamiento en cárceles) @CPenalistas @DefensoriaCol (1/3) https://t.co/kG8Vn0RvFi
— Marlon Díaz (@MarlonDiazyDiaz) March 18, 2020
Esta solicitud, por ahora, está siendo presentada para casos particulares. Por ejemplo, la defensa del exministro Alberto Santofimio Botero, de 78 años, condenado por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ya presentó una solicitud a una jueza para que le permita gozar de detención domiciliaria en virtud a que es la persona de más edad en su pabellón.
Santofimio, además, como explica el abogado Édgar Aguilar, ha sufrido problemas de salud como paros respiratorios, comas diabéticos, bajas de presión. Por eso, esperan que en máximo 72 horas se pronuncien todas las partes y se tome una decisión favorable a su defendido. Aguilar, además, aseguró que visitó recientemente La Picota y que esta no cuenta con las medidas de salubridad necesarias para la actual emergencia.
Díaz explica que en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal establece dos causales para cambiar la detención intramural por domiciliaria. La primera, para mayores de 65 años, salvo cuando se trate de delitos graves como violencia sexual u homicidios múltiples. “Para el resto de delitos, debe prevalecer la protección de esa persona y su entorno sobre el cumplimiento de la pena”, dice.
En el segundo escenario se establece la sustitución de la medida de aseguramiento por grave enfermedad. Si bien en este caso todavía no se han presentado contagios, cree que en el marco del estado de emergencia se puede flexibilizar esa norma y tener en cuenta que también son vulnerables quienes tienen enfermedades graves, como todas las respiratorias, cáncer, diabetes o enfermedades coronarias.
De acuerdo con cifras a julio del 2019, 302 privados de la libertad sufrían tuberculosis, 739 VIH, 19 hepatitis B, 244 varicela, 4.161 hipertensión, 1.197 diabetes y 94 cáncer, entre otras enfermedades.
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