Aunque el documento que se firmó este miércoles para destrabar la construcción de la Ruta del Sol Tramo II lleva las firmas del presidente de la Concesionaria Ruta del Sol, el brasileño Eder Ferracuti, y del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, este requiere el visto bueno de la autoridad judicial.
En otras palabra, la Fiscalía –que investiga a la multinacional Odebrecht por pagar sobornos y a funcionarios de la ANI por presuntamente saberlo– será la que defina si lo que quedó estipulado en 20 páginas y 8 puntos es o no viable.
Y eso puede llevarse algunas semanas porque primero se debe aplicar la fórmula de liquidación del contrato de obra que permitirá establecer si existe un saldo a favor de la brasileña y de sus socios o en contra. Ese es el primer punto del acuerdo.
Otro más establece que si sobra dinero, como se espera, este quedará en una primera subcuenta para que con el remanente se cubran los perjuicios que el Gobierno deberá afrontar en materia de sobrecostos, daño reputacional, licencias y otras arandelas.
La fórmula de liquidación, algo compleja en el papel, prevé variables como los aportes del Instituto Colombiano de Infraestructura (Inco), los recaudos que se han alcanzado a hacer con los peajes ya construidos, los costos asociados a estudios de trazados y licencias ambientales. Así mismo, la administración, la operación y los impuestos pagados, intereses corrientes y multas impuestas.
Bajo el supuesto de que haya un saldo a favor de Odebrecht y de sus socios, otro punto del documento señala que una de las primeras deudas que entraría a cubrir la ANI es la que se tiene con la banca.
Mientras eso se establece y la Fiscalía da el visto bueno, la liquidación tendrá un primer periodo llamado “de transición”, en el cual la concesionaria seguirá disponiendo del recaudo proveniente de los peajes.
Cuando el acuerdo ya esté aprobado vendrá el “periodo de reversión”, en el que si bien seguirá manejando los recursos de los peajes, los rendimientos financieros de la fiducia y los aportes del Inco, estos irán a una subcuenta especial, y se destinarán exclusivamente a liquidar el personal, al pago de proveedores, de predios y de gestión predial, de impuestos y a los costos administrativos.
Durante este periodo habrá una mesa de trabajo entre la ANI, la concesionaria y la interventoría para evaluar la mejor manera de entregar las obras. El documento precisa que la concesionaria deberá entregarle a la ANI la infraestructura vial, los equipos, los bienes muebles e inmuebles, la memoria técnica, los planos de construcción, las estaciones de pesaje, las áreas de servicio, los automóviles y equipos instalados para dicha operación.
La próxima semana, Odebrecht le presentará el acuerdo a la Fiscalía.
EL TIEMPO estableció que la multinacional calcula que hay disponibles cerca de 440.000 millones de pesos. Ese monto, dicen, cubre con creces los perjuicios que desencadenó el soborno que pagaron a través del entonces viceministro de Transporte Daniel García Morales. El exfuncionario ya aceptó hacer recibido 6, 5 millones de dólares, y dice no haberlos compartido, cosa que la Fiscalía pone en duda.
El punto es que Odebrecht no estaría dispuesta a asumir el hueco completo que deje la liquidación de la obra. EL TIEMPO estableció que, al menos para la defensa de la brasileña, solo deberían responder por un 50 por ciento.
La tesis jurídica que llevarán a la Fiscalía señala que si bien ellos ofrecieron y pagaron sobornos, también fueron víctimas de los funcionarios que se los exigieron.
“Acá se tipifica una colusión, delito que castiga al que da y al que pide”, explicó un experto cercano al tema.
Habrá que ver ahora si la Fiscalía acoge la tesis. De ser así, se tendrá que establecer si el otro 50 por ciento lo paga el Gobierno o los funcionarios y exfuncionarios que recibieron parte de la mordida.
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