Los 73 ejecutivos de planta que Odebrecht tiene en Colombia están varados en el país. Desde que estalló el escándalo que graduó de corrupta a esa multinacional a nivel mundial, nadie paga sus salarios, los arriendos de las oficinas, los impuestos ni los servicios públicos. Y no hay de dónde echar mano, pues EL TIEMPO investigó y estableció que ninguna de las cinco filiales de la brasileña en el país registra bienes en Colombia.
A eso se une que tres bancos les bloquearon sus cuentas, impidiendo el ingreso de divisas. En otras palabras, la poderosa brasileña es hoy una especie de cascarón sin activos.
Roberto Prieto, gerente de la campaña Santos 2014, y su amigo Andrés Giraldo, involucrados en la investigación por la presunta recepción de un soborno de la brasileña, tampoco tienen bienes registrados a su nombre en el país.
Sin embargo, la preocupación más grande se centra en Odebrecht. Según documentos obtenidos por la Superintendencia de Sociedades, acá no hay quien responda económicamente por obras en riesgo como la navegabilidad del río Magdalena, financiada con un préstamo del Banco Agrario cuyo plazo de pago expira en 3 días y suma 120.000 millones de pesos.
El 3 de febrero del 2015, y con el visto bueno de ese banco, le pasaron a un tercero el 71,15 por ciento de Navelena, ejecutora de la obra en el río. La Constructora Norberto Odebrecht Colombia Ltda. transfirió el paquete accionario a Odebrecht Participações e lnvestimentos S. A., la división de inversiones de capital de riesgo de la matriz, con sede en Río de Janeiro (Brasil). Ahora Navelena no tiene ingresos propios y, desde el 2012, la Constructora Norberto Odebrecht –articuladora del tramo II de la Ruta del Sol y del interceptor Tunjuelo-Canoas– estaba en causal de disolución por un déficit de 1.500 millones de pesos.
Según las pesquisas de la Supersociedades, que sometió a control a cuatro filiales de Odebrecht en Colombia, la matriz en Brasil tuvo que girar 1.800 millones de pesos para que pudieran quedarse con el contrato del río. El Banco Agrario sabía de esos problemas –como lo confirmó una auditoría interna–, sin embargo, les desembolsó la plata.
Ahora, las fiscalías de Colombia y Ecuador indagan si es cierto que Odebrecht se puso de acuerdo con la empresa española Acciona para que Odebrecht ganara el contrato del río Magdalena, en una especie de cartelizacion. Acciona es la misma compañía que construye el Metro de Quito con Odebrecht. Aunque cumplía los requisitos para pujar por el contrato del río, se retiró días antes de que se adjudicara.
“Los españoles no participaron solos y hubo otro consorcio que renunció a la licitación. Eso es lo que vamos a revisar”, le dijo a EL TIEMPO un investigador.
El turbio panorama económico de la brasileña obligará a las autoridades colombianas a buscar fondos en el exterior si quieren que Odebrecht indemnice prontamente al país por su conducta corrupta. El lío es que la torta se la van a pelear con 15 países afectados y ya tres tomaron la delantera, comprometiendo recursos de la brasileña hasta el 2040.
Tutela y apelación
Para que la dejen seguir trabajando, la multinacional ya se comprometió a pagarles al Ministerio Público Federal de Brasil, al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Procuraduría de Suiza 3.828 millones de dólares, unos 11 billones de pesos. El dinero saldrá de la venta de activos y de la caja por operaciones. Y es la prioridad.
Por ahora, el nuevo staff de Odebrecht en Colombia instauró una tutela en la que pide que se le protejan sus derechos y se ordene a tres bancos que les sigan prestando el servicio de la actividad bancaria, administración de valores y manejo de divisas. Solo así podrían salir de la asfixia financiera en la que están.
Además, le solicitaron al Tribunal de Cundinamarca que levante, por improcedentes, las medidas cautelares que pidió la Procuraduría en una acción popular, que terminaron en el embargo de cuentas por 191.000 millones y en la solicitud de toma de la obra de la Ruta del Sol tramo II.
Para Odebrecht es claro que la ley no le otorga facultades legales al Presidente de la República para ordenar la toma de la obra y que las medidas cautelares debían ser ordenadas por el magistrado a cargo de la acción popular, y no fue así.
Sobre el embargo de sus cuentas como garantía, dicen que nadie puede afirmar que se estén insolventando para eludir responsabilidades, aunque admiten que necesitarían de su matriz para indemnizar a Colombia.
No obstante, primero piden probar que 11 millones de dólares en sobornos salieron de la plata de los contratos. Y añaden que los directivos involucrados en corrupción fueron retirados, que la multinacional fue la que denunció ante la Fiscalía los presuntos ilícitos y que están colaborando.
En días se conocerá la respuesta del Tribunal y el resultado de la tutela.
Rastreo al dinero
Al igual que se hizo con el exviceministro Gabriel García Morales y con el exsenador Otto Nicolás Bula –confesos receptores de sobornos de Odebrecht–, los bienes de otros implicados en la investigación están bajo la lupa.
EL TIEMPO estableció que ni Roberto Prieto ni su amigo Andrés Giraldo, supuestos receptores de un millón de dólares de la brasileña, según Otto Bula, tienen bienes registrados a su nombre en Colombia. Ahora se rastrean empresas particulares y familiares a las que están vinculados en Colombia y en Estados Unidos.
Así fue como este diario llegó a los bienes de García Morales, quien movió el soborno a través de la firma panameña Lurion Trading Inc., Esa es la ruta para descartar un posible incremento injustificado de los patrimonios de Prieto y Giraldo.
Por ahora, el único que registra decenas de bienes, especialmente en el Valle, es Daniel García Arizabaleta, el director de la campaña Zuluaga Presidente, señalado enlace con Odebrecht y quien está a la espera de que la Fiscalía lo llame a declarar.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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