Entre el 2013 y el 2017, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) manejó en todos los departamentos del país recursos por 3,7 billones de pesos. Y, en ese tiempo, más de 655.000 millones, que corresponden casi a la quinta parte del total, han quedado en manos de apenas cinco personas.
Eso es lo que muestra un informe de la Procuraduría que identificó a los cinco principales ‘zares’ de los contratos del PAE, quienes tienen negocios en todo el territorio a pesar de que algunas de sus empresas han terminado investigadas por las autoridades. Esa lista la encabeza Luisa Fernanda Flórez Rincón, representante legal de la empresa Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada, que ha firmado 22 contratos con el PAE por más de 110.000 millones de pesos. Flórez participó además en la Unión Temporal Alimentación Escolar Santander, que administró más de 42.000 millones de pesos de la alimentación de los niños en ese departamento.
La Cooperativa Multiactiva está bajo la lupa de la Fiscalía por el presunto cobro de más de 1.000 millones de pesos para compras de carne, frutas y postres que, presuntamente, nunca llegaron a los comedores escolares de esa región.
El segundo nombre en la lista es el de Germán Almanza Hernández, representante legal del Convenio Interinstitucional de Asociación, la Fundación Vive Colombia y la Unión Temporal Nutrialianza, todas firmas que contratan alimentación escolar. Desde el año 2013 se quedaron con negocios superiores a 149.000 millones de pesos distribuidos en 271 contratos.
Vive Colombia quedó inhabilitada en el 2011 para contratar porque recibió tres multas del ICBF y fue demandada ante la Fiscalía por presentar estados financieros falsos entre los años 2008 y 2010. Sin embargo, desde el 2013 ha tenido 240 contratos por más de 142.000 millones de pesos para la entrega de raciones de comida a niños, en especial en Cundinamarca y Boyacá.
Ivis del Carmen Rosado, representante legal de cuatro empresas, ha recibido en los últimos cuatro años más de 144.000 millones de pesos de los recursos de alimentación escolar del Cesar, Magdalena y La Guajira.
Las organizaciones de Rosado han sido cuestionadas por años, pero siguen quedándose año a año con decenas de contratos. Solo en Santa Marta, la Contraloría encontró en una auditoría revelada el año pasado que a Asoalimentarse se le pagaron de más y sin ninguna justificación 2.097 millones de pesos por las raciones de comida.
Además, según una investigación de la Contraloría, los mayores desfalcos al programa han sido detectados en La Guajira, donde las empresas y asociaciones de Rosado administran la mayor parte de los recursos.
Los otros dos nombres del top 5 develado por la Procuraduría son los de Noel Rodríguez Cubides, representante de la Unión Temporal Maná, quien ha tenido a su cargo 116.000 millones del departamento de Antioquia, y Victoria Eugenia González, de la Fundación Construyamos Colombia, quien ha firmado 43 contratos por 92.000 millones.
El procurador Fernando Carrillo calificó esa concentración de contratos como una “cartelización del programa” y advirtió que en ese campo siguen siendo comunes los “contratos sastre”: es decir, los que se hacen a la medida de las empresas y asociaciones que de manera histórica se quedan con los recursos del PAE.
Aunque sobre el papel se supone que el sistema está diseñado para evitar los monopolios en el manejo de ese programa –que es clave porque garantiza la permanencia de los niños en los colegios–, el informe elaborado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría señala que en el 84 por ciento del país hay una “alta concentración” de contratos.
La explicación para ese fenómeno es, según la Procuraduría, que ocho de cada diez se adjudican directamente, sacándole el cuerpo a la licitación pública o a un concurso de méritos abierto.
El Ministerio Público ha abierto en total 152 procesos disciplinarios, de los cuales 45 ya son investigaciones formales y 104 están en etapa preliminar.
El Procurador, quien pidió evaluar el modelo actual de la prestación de los servicios de nutrición escolar, anunció que implementará un plan de seguimiento especial a la contratación y a la ejecución del PAE. Carrillo hizo énfasis en que la entrega de contratos a dedo afecta no solo el derecho a la nutrición y la salud de los niños sino también la educación, porque pone en riesgo su permanencia en el sistema educativo.
Otra modalidad para sacarle el cuerpo a las normas de contratación que tiene encendidas las alarmas es la de los convenios con entidades públicas que nada tienen que ver con el manejo de alimentos y terminan subcontratando con particulares.
La Procuraduría encontró que en 27 de los 32 departamentos del país aparecen varias ESE (empresas sociales del Estado-hospitales) como contratantes y contratistas dentro del Programa de Alimentación Escolar.
Antioquia es el departamento que registra más casos. Hospitales de municipios como Támesis, Frontino y San Carlos han firmado contratos con las administraciones locales por más de 200 millones de pesos para el suministro de alimentos para los niños.
De acuerdo con el procurador Fernando Carrillo, los mismos hospitales aparecen después como contratantes; es decir, aparecen tercerizando los servicios de alimentación.
El saqueo contra el Programa de Alimentación Escolar (PAE), según los hallazgos de la Contraloría, suma 57.263 millones de pesos. Entre tanto, las investigaciones de la Fiscalía dan cuenta de al menos 16.780 millones de pesos desviados de esos contratos. El ente acusador adelanta 12 procesos penales sobre 16 contratos.
Según la Contraloría, el departamento en donde se han encontrado mayores irregularidades es La Guajira, donde el desvío superaría los 20.000 millones de pesos.
Allá los principales operadores del negocio son el Consorcio Primero la Nutrición y el Consorcio Alimentemos Juntos, de Ivis del Carmen Rosado Robles. También está la firma Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, de María Angélica Araújo Noguera.
En la lista de la Contraloría sigue Santander, con 8.461 millones; César, con 7.842 millones; Huila, con 7.761 millones; Atlántico, con 2.258 millones, y Norte de Santander, con 1.647 millones bajo la lupa.
En la primera semana de diciembre, la Contraloría reveló el caso del Consorcio Proescolares (antes llamado Cooperativa de Servicios Generales La Heroica Ltda.), que le cobró a la Alcaldía de Cartagena pechugas de pollo a 40.000 pesos cada una.
En Vichada, la Contraloría avanza en la indagación preliminar por un presunto detrimento patrimonial de 4.922 millones de pesos originado en irregularidades presentadas en un contrato de suministro de alimentación escolar para los internados.
En Santander, la Fiscalía investiga un peculado de 2.120 millones en la ejecución del contrato del PAE 2016, celebrado por la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Educación. Entre las irregularidades halladas está la compra de tamales por 30 millones de pesos, los cuales aparecen como entregados por una asociación de trabajadores de grúas según quienes nunca hicieron tal negocio. Se han detectado 48 falsedades en documentos.
El fiscal Néstor Humberto Martínez advirtió de las maniobras con las que varias firmas siguen controlando los recursos de los niños. “Existen verdaderas mallas de operadores del PAE que funcionan en varios departamentos y usan diferentes nombres”, dijo.
Martínez aseguró que se están robando la plata de los niños al quedarse con el valor de raciones alimenticias y por “la mala calidad e incumplimiento de los estándares nutricionales, los alumnos fantasma, contratos a dedo, sobrecostos y pagos no contemplados”, entre otras trampas que siguen desangrando al Programa de Alimentación Escolar.
Por las irregularidades en el PAE han sido capturadas 73 personas. La semana pasada, un juez otorgó casa por cárcel a Islaida Cecilia Mindiola Arenas, coordinadora y supervisora del Plan de Alimentación Escolar en Riohacha. Mindiola Arenas habría adjudicado un contrato pese a que el proponente se presentó de manera extemporánea.
La Fiscalía investiga la apropiación irregular de 1.176 millones de pesos para la ejecución de un convenio que supuestamente buscaba beneficiar a 16.630 estudiantes de las zonas rurales y de las comunidades indígenas. Además, la Fiscalía encontró duplicidad de nóminas y sobrecostos en el transporte. Por estos hechos están capturados el alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilvey Yensith Acosta Novely.
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