Los despachos judiciales, las oficinas notariales y los bufetes de abogados no son ajenos para Jeimy Murcia. Esta odontóloga bogotana de 28 años pasó la mitad de su vida defendiendo sus derechos de herencia a los bienes que le dejaron su padre y sus abuelos.
Leonel, su padre, falleció en un accidente cuando ella tenía apenas unos meses de nacida, y dejó el producto de una vida como comerciante: un supermercado, un edificio, un terreno urbano y más de mil cabezas de ganado en sociedad con su familia. Pero los negocios del padre de Jeimy fueron siempre de palabra, jamás se preocupó por ordenar sus posesiones, por lo que su muerte desató una disputa por su herencia con tíos, primos y abuelos, quienes también creían tener derecho a los bienes de Leonel.
No es un caso excepcional. Le puede pasar a mucha gente. Y la razón es que son muy pocos los colombianos que practican una costumbre de más de dos mil años, heredada de los romanos y que ha prevalecido hasta hoy en el Código Civil colombiano: hacer una declaración legal, escrita y voluntaria, sobre cómo quieren que se disponga de sus posesiones, bienes y derechos después de su muerte.
Esa última voluntad la conocemos como testamento y adquiere validez legal al registrarse ante un notario. Un trámite que no cuesta más de 60.000 pesos.
Pero “esta es una figura a la que pocos acuden. Por lo regular son personas de edad avanzada. Lo usual es que quienes tienen bienes para heredar busquen otras alternativas”, indicó Pilar Conde, notaria 27 encargada. Según ella, en el despacho a su cargo se hicieron 20 testamentos el año pasado. En otras notarias, como la 16, hubo solo dos en el 2017. Y no existe una estadística unificada a nivel nacional.
Las “otras alternativas” a las que se refiere Conde son los fideicomisos y los capitales autónomos, en los cuales el capital heredable se encomienda, por lo regular, a una institución financiera para que lo administre y, en caso de muerte, lo reparta entre los designados previamente o lo invierta de acuerdo con lo dispuesto en el contrato, explican expertos como la abogada Yadira Rincón Palacio, profesora y líder de investigación en derecho privado de la Universidad Javeriana.
Esta es una figura a la que pocos acuden. Por lo regular son personas de edad avanzada. Lo usual es que quienes tienen bienes para heredar busquen otras alternativas
También están las sociedades anónimas simplificadas, cuyo fin es estimular la pequeña empresa, pero que cada vez se usan más para evitar el proceso de sucesión, en el cual los beneficiarios deben pagar un impuesto por ganancia ocasional que puede llegar al 32 por ciento del capital heredado. En el caso de las sociedades anónimas simplificadas también se paga ganancia ocasional, pero el impuesto se liquida solo sobre el valor de la participación accionaria en la sociedad de quien dejó de existir.
Sucesión: ‘una cruz’Otra causa que hace del testamento un medio poco atractivo para quienes quieren poner en orden su patrimonio son las limitaciones de ley para disponer de manera libre de sus posesiones.
“La sucesión de los bienes en Colombia es una cruz que desciende, asciende y se extiende”, explica el abogado Germán Rincón Perfetti. Siguiendo esta figura, aclara que los primeros en heredar son los descendientes directos de una persona, es decir, sus hijos y nietos. Si no los hay, los bienes pueden pasar a los padres. Pero si tampoco existen ya, la sucesión quedará en manos de sus hermanos y sobrinos.
En el caso de la esposa o esposo, o compañera o compañero permanente, la situación es diferente. Por existir una sociedad conyugal, la mitad de los bienes obtenidos estando en pareja pasan a quien sobrevive. El otro 50 por ciento es para los herederos forzosos o por derecho, salvo que, existiendo testamento, el testador decida utilizar su derecho al llamado “cuarto de libre disposición”, un 25 por ciento de su patrimonio que puede dejar a quien desee.
Los primeros en heredar son los descendientes directos de una persona, es decir, sus hijos y nietos. Si no los hay, los bienes pueden pasar a los padres
El testamento no solo sirve para repartir bienes, aclara Rincón Perfetti. Las personas también pueden dejar consignado su derecho a morir dignamente, donar órganos, reconocer hijos o incluso organizar los detalles de su propio funeral.
En el caso de Jeimy, y ante la falta de un blindaje legal que las favoreciera a ella y a su madre, los padres y hermanos de Leonel desataron una ofensiva para disputarles la herencia. La madre de Jeimy tuvo que contratar a un abogado para que la representara en el pleito a cambio de una comisión del 20 por ciento del valor de los bienes en disputa.
De esta manera, el caso llegó a un juez de familia, para que fuera el Estado el que repartiera lo dejado por su esposo. Solo así, después de tres años de litigio, consiguieron mantener parte de los bienes.
En el 2017, según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura, los juzgados de familia en Colombia recibieron 4.689 procesos de este tipo. De ellos resolvieron 2.843, y los casi 2.000 pleitos restantes siguen en litigio.
El proceso judicial aplica las mismas reglas que rigen para el testamento. Las partes en conflicto deben presentar pruebas que los acrediten como herederos. El juez también tiene que convocar a todo aquel que se crea con derechos y velar porque nadie quede fuera de la repartición.
Estas desavenencias no siempre se resuelven por las buenas, incluso pueden terminar en crímenes. En el caso del asesinato de Alonso Orjuela, el dueño de la cadena de supermercados Surtifruver, la Fiscalía vinculó al homicidio a la esposa del comerciante y la acusó de haber planeado la muerte de su esposo, entre otras razones, para quedarse con sus bienes.
En el caso de Jeimy, su familia no llegó a estos extremos, pero la encarnizada disputa la alejó de sus parientes. Además, las diferencias no terminaron con la sentencia del juez a favor de ella y de su madre. Tiempo después murió el abuelo de la joven, y sus familiares intentaron disponer de las propiedades a sus espaldas, pero ante las dificultades para vender y traspasar los bienes debieron incluirla en otro proceso de sucesión, esta vez concertado, que se resolvió fácilmente.
Luego ocurrió el fallecimiento de su abuela, pero la joven prefirió renunciar a sus derechos y dejar a sus parientes solos disputando los bienes que dejó. Lo cual es una opción.
Los trámites de sucesión se realizan ante un notario. Y, de acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, el año pasado se efectuaron 43.680 sucesiones en todo el país, y van 1.043 en el 2018. Cifras que muestran la importancia de hacer un testamento.
Las excentricidades y lujos de la familia Barrientos, en Medellín, hoy son casi un mito urbano. Eran dueños de tierras, acciones, joyas y lingotes de oro. Ostentaban con su apellido, cuentan que se ufanaban de ocupar el quinto escaño de la monarquía española, y a sus fiestas solo asistían parientes –elegidos meticulosamente por ellos–, personajes de la ciudad con apellido aristocrático y uno que otro socio del Club Unión, donde se reúnen las clases poderosas paisas.
El símbolo del poder de los Barrientos era una mansión construida en 1870 y ubicada sobre la avenida La Playa, en pleno centro de Medellín. La hermosa casa, con una imponente escalera en forma de caracol, vitrales y otros lujos, terminó siendo declarada patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Al morir Federico, el último de los Barrientos, en 1982, y no dejar descendencia, el grueso de la fortuna familiar –calculada en más de 10.000 millones de pesos– fue saqueada.
La imponente edificación, una de las pocas posesiones que sobrevivieron al saqueo, terminó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) junto con un terreno invadido y un mausoleo en el cementerio museo San Pedro, también patrimonio de la ciudad.
Como la casona y otros bienes de los Barrientos, al ICBF pasan desde 1968, por ley, los bienes de quienes mueren en Colombia sin tener descendencia viva y sin testamento. Por eso, la mansión terminó bajo su dominio hasta el año 2005 cuando la cedió a la ciudad ante la imposibilidad de restaurarla. Hoy es la sede de la Biblioteca Infantil de Medellín. El lote también se han convertido en un encarte para la entidad: no ha podido desalojar a invasores que ocupan el predio, pero sí debe cancelar los impuestos y servicios públicos de la propiedad.
Al ICBF pasan desde 1968, por ley, los bienes de quienes mueren en Colombia sin tener descendencia viva y sin testamento
Por ley, tampoco puede vender o alquilar el mausoleo, pero sí debe velar por su mantenimiento. Y no es la única tumba heredada, la entidad tiene otras nueve en diferentes partes del país.
En situaciones similares, el ICBF debe lidiar con una hacienda en Lérida, Tolima; y otra en Chinauta, por la vía a Girardot. Son terrenos que heredó de una pareja de alemanes que murieron sin dejar descendencia. Aún no puede disponer de ellos pero debe asumir los gastos de mantenimiento y vigilancia de los predios, asediados continuamente por los invasores. Según Walid David Jalil Nasser, director administrativo del ICBF, la entidad cuenta con un total de 106 bienes invadidos, los cuales demandan altos gastos en trámites judiciales y vigilancia. Son casos que, en palabras del funcionario, “lo comido sale por lo servido”.
En la actualidad, la entidad solo puede disponer de 26 bienes entre terrenos, casas bodegas o garajes, cuyo valor no supera los 108.000 millones de pesos. La mayoría serán vendidos en subasta pública. Otras 23 propiedades las usa como sedes. Algunas con truculentas historias, como la de la regional Antioquia, en el sector de Laureles, en Medellín. La propiedad era del anestesiólogo del hospital Pablo Tobón Uribe, Conrado Rico Álvarez, asesinado en julio de 1992. Los sicarios ingresaron a la casa y lo balearon. Con él estaba su hermano, Guillermo, su único heredero, quien también fue asesinado.
Pero no todo es pérdida. El Instituto cuenta con un cargamento de lingotes de oro valorados en 104 millones de pesos, bajo custodia en el Banco de la República, y 10 lienzos avaluados en 170 millones. Los más valiosos son tres paisajes del maestro Gonzalo Ariza, que superan, cada uno, los 40 millones.
En los depósitos del Emisor también se guardan joyas y monedas antiguas cuyo valor llega casi a 180 millones de pesos. Pero junto con estos valiosos objetos hay 62 muebles y electrodomésticos con los que el ICBF no sabe qué hacer. Su avalúo no llega a los 500.000 pesos y permanecen en bodegas de Bogotá y Medellín. Son una nevera, un televisor en blanco y negro, un equipo de sonido, una máquina de escribir, ollas, butacos, planchas, vajillas, colchones y macetas.
GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
Editor de EL TIEMPO
gerjim@eltiempo.com
En Twitter: @GermanAJL
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