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La reforma tributaria que no pagaremos en condenas por demandas
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El presupuesto nacional para 2019 es de $ 258,9 billones.

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Leonardo Muñoz / EL TIEMPO

La reforma tributaria que no pagaremos en condenas por demandas

Ha sido exitosa la defensa jurídica de la Nación en los tribunales de arbitramento / Opinión. 

¿Cómo habrían quedado las finanzas del país si, además de todos los gastos y costos derivados de la pandemia y de la disparada de la pobreza, hubiera tenido que sacar diez billones de pesos largos para pagar condenas internacionales?

Esa es una preocupación que ya no ronda a los colombianos gracias a la exitosa defensa jurídica de la Nación en los tribunales de arbitramento más importantes del mundo.

El viernes se resolvió a favor del Estado colombiano la demanda de América Móvil (Claro), que pretendía cerca de 4,6 billones de pesos por supuestos daños derivados de una expropiación que, según concluyó la mayoría del tribunal del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington), nunca existió.

En otra decisión de este año, la Nación salió airosa en las demandas por 323 millones de dólares (1,2 billones) que pretendían los hermanos Carrizosa, antiguos dueños de Granahorrar. En marzo, Colombia ganó el pleito más alto que tenía en tribunales externos: el de los $ 4,8 billones que reclamaba la multinacional española Gas Natural-Fenosa por la intervención y liquidación de Electricaribe, que los árbitros internacionales declararon ajustados a derecho y a los tratados que protegen la inversión extranjera.

Y entre 2019 y 2020, el país se impuso en demandas ante tribunales nacionales y externos que pretendían el pago de 15,4 billones más. Son, desde 2019, 26 billones: lo que buscaba recaudar el Gobierno con su primera propuesta de reforma tributaria.

Lo que muestran esas decisiones es que Colombia, por fortuna, aprendió a defenderse en estrados. Tras una década desde su creación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hoy dirigida por Camilo Gómez, se ha consolidado en la tarea de liderar la respuesta oficial a las miles de demandas que cursan contra la Nación y que buscan $ 426 billones. Y tanto el gobierno Santos como el del presidente Duque han mantenido la Agencia lejos de pujas burocráticas, lo que ha garantizado una línea de continuidad clave para la defensa jurídica.

Por décadas, nos acostumbramos a dar por sentado que no había mejor negocio que demandar al Estado y, además, rentar de las condenas no pagadas por la Nación, que suman más de 11 billones y cuyos intereses de mora crecen a diario.

Pero la historia, por el bien de todos, parece estar cambiando.

JHON TORRES
Editor de EL TIEMPO
En Twitter: @JhonTorresET

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