De las 88 actuaciones disciplinarias que adelanta la Procuraduría por violaciones a las normas electorales, 17 tienen relación con la presunta existencia de una nómina paralela en el Sena con fines electorales.
De acuerdo con el Ministerio Público, en seccionales de 10 departamentos del país se encontraron contratos de prestación de servicios “que no tenían ninguna relación con la función original de la entidad”.
“Antes del inicio de la Ley de Garantías, también era necesario cumplir con estándares mínimos de probidad, integridad y respeto del ejercicio de la función pública y no destinar la contratación pública al servicio de los intereses electorales de un grupo”, señaló el procurador Fernando Carrillo.
Por esa razón, el Ministerio Público dijo que no solo se suspenderán los contratos sino que también serán suspendidos los directores regionales del Sena que se prestaron para adelantar esa contratación irregular.
Frente al anuncio, la dirección del Sena señaló que brindará toda la información que requiera la Procuraduría para que se esclarezcan los hechos y se apliquen las sanciones a que haya lugar. Además indicó que las regionales y los centros de formación son autónomos en la contratación de su personal.
Además de las investigaciones por irregularidades en el Sena, el Ministerio Público anunció la apertura de 37 indagaciones por indebida participación en política y 27 por violación de las normas legales, siete de las cuales podrían tener también implicaciones penales.
Los alcaldes de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, y de Chaparral, Tolima, Humberto Buenaventura Lasso, también serán objeto de investigaciones disciplinarias.
De acuerdo con la Procuraduría, en el caso de Chaparral, el alcalde es señalado de una posible omisión en el control a la publicidad exterior en el municipio.
“La conclusión de este informe es el severo y preocupante incumplimiento de las normas electorales por la mayoría de los partidos políticos”, dijo Carrillo sobre lo que encontró el Ministerio Público en las 73 visitas realizadas a las regiones, en el marco del plan de vigilancia a las campañas electorales.
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