Hacinamiento volvería con más fuerza tras la pandemia: expertos

En diciembre del año pasado, el Ministerio de Justicia destacó que se había logrado la cifra de hacinamiento carcelario más baja de los últimos 20 años, pues estaba en el 19,9 por ciento.

Esa cifra, sin embargo, no duró mucho: en enero ascendió a 20,65 por ciento y este viernes estaba en 20,74. Aunque la variación aún es mínima, expertos advierten que la tendencia seguirá al alza y podría superar las cifras que había antes de la pandemia de covid-19.

¿El motivo? Las medidas que el año pasado redujeron las cifras fueron de emergencia, pero ninguna atacaba las causas de fondo. Esas medidas, por ejemplo, llevaron a que desde el comienzo de la pandemia más de 47.000 personas salieran en libertad o a detención domiciliaria –algunas de esas temporales– y a que las cárceles dejaran de recibir presos nuevos por meses.

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Aun así, hoy hay 97.676 presos y una sobrepoblación de 16.776 personas, que seguirá creciendo una vez ingresen algunos presos que estaban en centros de reclusión transitoria y cuyo traslado estaba congelado.

También podría crecer cuando los jueces vuelvan a tomar dinámicas en las que se priorizaban las medidas de aseguramiento por encima de otras (lo cual había cambiado con la emergencia), o cuando se termine el acelerador judicial que se había implementado por la pandemia para sacar presos por vías ordinarias, que fue como salieron la mayoría de los 47.000 internos en 2020.

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Santiago Tobón, director del centro de investigaciones económicas y financieras de la universidad Eafit, no duda que el hacinamiento regresará. “No ha habido ningún cambio en cómo se administra el sistema ni ninguna ley que reduzca penas o tipos penales. Entonces no hay ninguna razón para pensar que el hacinamiento no vuelva. La pandemia lo único que hizo fue aplazar los problemas carcelarios. Uno solamente cambia la trayectoria del hacinamiento si disminuye las razones por las cuales se va a la cárcel o aumenta los cupos y ninguna de las dos ha pasado”, comentó.

También opinó así Juan Sebastián Hernández, investigador del área judicial de Dejusticia, quien indicó que cuando pase la pandemia “es completamente previsible un hacinamiento aún más alto porque no ha habido reformas que reduzcan penas o ataquen el uso excesivo del encarcelamiento”, dijo.

El Gobierno tiene claro ese diagnóstico; de hecho está en el borrador del Plan Nacional de Política Criminal 2020-2024 que se discute ahora. Ese documento señala la necesidad de la racionalidad en las penas y dice que “el populismo punitivo incide en el hacinamiento carcelario, los extensos tiempos procesales y la congestión judicial”.

Pero aun teniendo el diagnóstico, el año pasado el Gobierno impulsó la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores que fue aprobada en el Congreso en medio de críticas de investigadores, abogados y academia sobre cómo esto hacinará aún más las cárceles.

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En esta problemática también ha aportado el Congreso, como señala la representante a la Cámara por Alianza Verde Juanita Goebertus. “Cada vez que el Congreso aprueba una ley que aumenta penas y reduce la aplicación de subrogados penales contribuye a aumentar el hacinamiento carcelario. No existe una correlación entre aumento de penas y reducción de criminalidad. Haríamos mucho más si fortaleciéramos la investigación criminal”, expresó.

Julio César Triana, representante por Cambio Radical, añadió que “lamentablemente el Congreso se ha convertido en una fábrica de leyes para que todos aquellos que incumplen la ley terminen en la cárcel sin tener un sistema carcelario preparado para ello. Hoy no solamente es preocupante es preocupante el hacinamiento, también la imposibilidad de la resocialización”, dijo.

¿Qué hacer, entonces? Para los expertos, en al menos tres vías estarían las salidas a esta crisis que viene incluso desde 1998, cuando la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario por la continua violación de los derechos de los presos.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, consideró que se requiere una “despenalización para que no siempre todas las penas conduzcan a una reclusión carcelaria; una política en materia nacional, municipal y local para la construcción de más cárceles y una política de largo plazo para asegurar la continuidad y éxito de la misma”.

Y Tobón destacó la necesidad de reducir la demanda de cupos penitenciarios, bien sea disminuyendo penas o las causas que llevan a alguien a la cárcel; aumentar cupos y reducir las razones por las que la gente está en la cárcel, como la reincidencia, con mejores programas de resocialización.

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Frente a esto, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, afirmó que están estudiando proyectos para fortalecer el uso racional de la cárcel y que esperan entregar a 2022 más de 9.000 cupos (ver anexa).

Es precisamente de estrategias a corto, mediano y largo plazo, tanto en temas normativos como de infraestructura, que para los expertos depende que no se siga agravando el problema que la pandemia suavizó pero no eliminó.

EL TIEMPO habló con el ministro de Justicia Wilson Ruiz sobre qué estrategias plantea el Gobierno para que el hacinamiento no empeore y se mantenga en niveles bajos. 

¿Qué acciones adelantan para mantener la baja del hacinamiento?

Es de vital importancia que los distintos actores tomen conciencia de la privación de la libertad, de manera que se reserven las prisiones para aquellos sujetos que cometen los crímenes más graves y para quienes esa resulta la medida más lógica a imponer. Por otro lado, hay que generar una concientización ciudadana que incida en la transformación de los paradigmas sociales sobre los fines de la pena y en el reconocimiento de los efectos de la prisión para la resocialización.

Finalmente, el Ministerio entregará 9.019 cupos carcelarios que contribuirán con la disminución del hacinamiento en un 11,90 por ciento para el año 2022, en el cual se espera tener 100.350 personas privadas de la libertad.(Lea también: El debate por el proyecto que regularía la cadena perpetua). 

Organizaciones dicen que el hacinamiento se trasladó a lugares de detención transitoria...

Hemos logrado acuerdos para ampliar y crear cupos en centros de detención transitoria, trasladar a privados de la libertad hacia establecimientos de reclusión del orden nacional, entre otros. Asimismo, el Inpec se ha articulado con la Judicatura y desde el comienzo de la pandemia se han concedido 20.393 detenciones domiciliarias y 26.669 libertades a quienes cumplen los requisitos de ley.

Investigadores advierten que el hacinamiento volvería porque no se han enfrentado las razones de fondo…

El Ministerio está trabajando en la elaboración de un plan de resocialización efectivo y en el estudio de proyectos de ley que impacten el sistema penitenciario y carcelario. En lo que tiene que ver con proyectos de ley, el Ministerio participa en el Comité Técnico del Consejo Superior de Política Criminal en la retoma de discusiones de una iniciativa legislativa para fortalecer la política criminal racional y coherente, abordando asuntos como medidas alternativas al encarcelamiento, descriminalización de tipos penales, entre otros.

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Por otro lado, el Ministerio continuará articulando con los entes territoriales los alcances de sus responsabilidades frente a la población detenida preventivamente. Además, se cuenta con el proceso de fortalecer el programa para la prevención de la reincidencia.

El 2020 cerró con una tasa de 218,2 personas presas por cada 100.000 colombianos, la cifra es la más baja desde 2011, cuando la cifra alcanzó 204,7, según cifras de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). En comparación, en 2019 esa tasa había llegado a 247,6.

Hernando Herrera, director de la corporación, explicó que este número refleja un pequeño alivio en uno de los problemas carcelarios más grandes en el país: el hacinamiento.

“Este índice no solo muestra que la sobrepoblación carcelaria ha disminuido sino que se relaciona con las condiciones de dignidad de la población reclusa”, comentó.

Esto porque parte de las razones por las cuales, como lo ha dicho la Corte Constitucional, los derechos de los presos son constantemente vulnerados en prisión es porque en muchos lugares los detenidos tienen menos de 2 metros cuadrados de espacio para vivir, como recogió una reciente sentencia del Consejo de Estado, que condenó a la Nación por el hacinamiento en una cárcel de mujeres.

No obstante, esta tasa de encarcelamiento que muestra una reducción no recoge la totalidad de la imagen, comentó Juan Sebastián Hernández, investigador del área judicial de Dejusticia, puesto que solo tiene en cuenta cifras de las cárceles nacionales más no de las municipales, ni de las militares, ni de lugares como estaciones de policía y URIS de la Fiscalía.

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“La crisis del sistema carcelario desbordó los establecimientos nacionales y se trasladó por fuera del sistema penitenciario. Estaciones de Policía y URI, que deberían tener a gente solo por 36 horas, también están recluyendo personas con medida de aseguramiento y a condenados”, indicó, por lo que dijo que la reducción de las tasas de encarcelamiento, que de todas formas es positiva, no refleja “la totalidad de fenómeno del encarcelamiento”.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Periodista de Justicia 
Twitter: @MIOF_