Nuevo gobierno firma pacto para garantizar protección de defensores

Nuevo gobierno firma pacto para garantizar protección de defensores

El presidente Iván Duque afirmó que este es solo un primer paso de una política integral.

Instalación de Mesa de Protección

En Apartadó (Antioquia) se llevó a cabo la segunda mesa de Protección a la Vida organizada por la Procuraduría General y otros órganos de control y defensa.

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Presidencia de la República

Por: Justicia
24 de agosto 2018 , 12:10 a.m.

Once puntos concretos para garantizar la seguridad e integridad de los líderes y defensores de derechos humanos del país, acordaron este jueves representantes de todos los niveles del Estado reunidos en Apartadó (Antioquia).

A instancias de la Procuraduría General, que convocó a las partes, se firmó una declaración que plantea una revolución en la protección de los defensores y establece garantías de que los crímenes de este sector sean judicializados y además fija compromisos de cada uno de los sectores en ese propósito.

Este es el primer acto en el que el nuevo gobierno establece su posición sobre la protección de este sector de la población. El presidente Iván Duque, señaló: “vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales en nuestro país”.

Y añadió “nuestro compromiso es con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la legalidad, con la defensa del imperio de la ley, con garantizarle a todos los colombianos la libertad de expresión, con garantizarle a todas las personas que están ejerciendo la defensa de los derechos de los colombianos la protección por parte del Estado”.

El presidente Duque igualmente afirmó que este compromiso es solo el comienzo de una política pública integral que se conocerá en las próximas semanas y que tiene como principio “que todas las entidades del Estado defendemos la vida y la honra de nuestros líderes sociales, políticos, de nuestros periodistas, de todos los colombianos”.

El procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que el Ministerio Público no permitirá que “alcaldes y gobernadores continúen mirando a otro lado. Conminaremos a estas autoridades para que se comprometan y actúen en la protección de los líderes sociales”. De hecho el pacto fue suscrito por un importante número de mandatarios regionales.

Igualmente señaló que es necesario revisar la seguridad de todas las personas que hoy cuentan con medidas de protección para “desenmascarar a esos funcionarios que se pavonean con sistemas de seguridad que en algunos casos no necesitan, mientras que los líderes sociales continúan sin protección”.

El acuerdo establece, entre otras medidas, una reestructuración del programa de protección de líderes a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) “que se modernizará y fortalecerá”.

Igualmente el Gobierno se comprometió a garantizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad cuyos miembros serán convocados para fijar una hoja de ruta que lleve a “combatir y desmantelar a las organizaciones criminales que atentan contra los líderes sociales”.

Por su parte la Defensoría del Pueblo, que también suscribió el acuerdo, seguirá activando alertas tempranas sobre el riesgo de los defensores y además pondrá en funcionamiento una línea telefónica que estará en servicio 24 horas al día para atender cualquier información sobre amenazas a estas personas.

Vamos a trabajar de manera articulada para la protección de la vida y la integridad de los líderes sociales en nuestro país

Los mandatarios regionales, a su turno, se comprometieron a adoptar el Plan integral de protección en zonas rurales, “así mismo acompañarán a las organizaciones sociales, autoridades territoriales y a las personas defensoras de derechos humanos en su labor”.

La vicefiscal general María Paulina Riveros indicó en el acto que el ente acusador avanza activamente en el proceso de judicialización de quienes atacan a los defensores.

Las cifras de la Fiscalía indican que el nivel de esclarecimiento de los crímenes de este sector de la población llega al 50 por ciento. En 93 de los 194 casos reportados hasta ahora por las Naciones Unidas, han sido vinculadas 208 personas a las investigaciones, se han hecho efectivas 250 capturas y los jueces han emitido 19 sentencias condenatorias.

En el hecho puntual de los ataque en el Urabá antioqueño y chocoano, la vicefiscal, dijo que se han logrado condenas contra 39 palmicultores.

JUSTICIA
En Twitter: @JusticiaET

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