El Gobierno le acaba de quitar al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el manejo del bloqueo de señales de celular en las cárceles del país, fenómeno que ha desencadenado el aumento de las extorsiones.
EL TIEMPO estableció que el tema fue asumido directamente por el consejero de Seguridad y Convivencia, Juan Carlos Restrepo, quien está trazando una nueva estrategia en coordinación con el Gaula de la Policía, el Ministerio de las TIC y empresas privadas.
Así lo confirmó el propio gobierno después de que este diario denunció, hace una semana, que el Inpec no está adelantando ninguna medida para implementar ese servicio, calificado como urgente por la Fiscalía General.
La decisión de asumir el tema se tomó luego de establecer que, escudados en la gratuidad del bloqueo, algunas empresas vienen cobrando altas tarifas por el servicio de telefonía en los penales, por encima de los precios del mercado. Esa situación está estimulando el ingreso ilegal de celulares en las prisiones, incluso entre reos que no están ejerciendo actividades delictivas.
En consecuencia, en los próximos días, la oficina de Restrepo trazará una hoja de ruta para asumir, desde marzo de 2018, el bloqueo en manos de privados en 11 cárceles y activar el servicio en 125 prisiones restantes.
Una de las prioridades es la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), en donde una empresa de telefonía privada tiene activo un bloqueo para aparatos de 3G –a manera de compensación social–, y los delincuentes ya usan 4G.
Este diario estableció que Restrepo, en coordinación con el Gaula de la Policía, buscará incluirle al bloqueo de señales un monitoreo permanente de las llamadas, mecanismo usado con éxito en cárceles federales de Estados Unidos.
La Consejería para la Seguridad también está supervisando la licitación que el Inpec adelanta para contratar el servicio de telefonía.
El proceso, que se cierra este viernes, ha estado rodeado de quejas a la Procuraduría y hasta de una acción popular de una veeduría y de un sindicato del Inpec que alegan que no se incluyó el servicio de bloqueo. De hecho, el Tribunal de Bogotá conminó al Inpec a explicar porqué no está adelantando ningún mecanismo para activar los inhibidores de señal de celular.
Al respecto, una sentencia de la Corte Constitucional, del 27 de abril pasado, les ordenó a ese instituto y al Ministerio de las TIC implementar en menos de un año desde el acceso a internet para los preso hasta el correo en la modalidad de franquicia. Así mismo, se le ordenó a ese instituto bajar las tarifas de telefonía y ponerle fin a la corrupción con tarjetas de llamadas.
El plazo para implementar estas medidas se vence en cinco meses y aún no hay procesos de contratación marchando para cumplir el fallo de la Corte Constitucional.
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