Municipios piden nuevos modelos para atender sindicados en cárceles

Con la participación de alcaldes, expertos en sistema penitenciario, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, y otros invitados comenzó este jueves un foro de Asocapitales que busca analizar los retos de las ciudades frente al sistema carcelario del país.

El conversatorio inició con una pequeña presentación de Edulfo Peña, y un saludo del rector de la Universidad El Rosario, para luego dar paso al ministro Ruiz, quien precisó que sostener a un preso en Colombia cuesta más o menos 2'400.000 pesos al mes y que construir espacios modulares en cárceles, para alojar a 70 internos, cuesta unos 7.000 millones de pesos.

Ruiz agregó que la ley contempla expresamente que es obligación de los entes territoriales encargarse de los sindicados, es decir, aquellas personas que aún no han sido condenadas.

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"Los 132 establecimientos del orden nacional tienen capacidad para 82.117 internos y tenemos aproximadamente 99.000, lo que quiere decir que tenemos un sobrecupo de 37.000 internos", señaló Ruiz, que añadió que por eso hacía un llamado de SOS a los alcaldes y gobernadores "para que se unan con nosotros como gobierno para ver cómo lo empezamos a sacar".

Recordó además que en el país la Corte Constitucional ha decretado un estado de cosas inconstitucional y que hace falta una atención integral a las personas imputadas o acusadas, "puede denotar cierto desinterés de muchos mandatarios, pese a que este es un asunto que no solo compete a la cartera ministerial". 

El jefe de la cartera de Justicia concluyó diciendo que es increíble que haya "ciudades capitales que llevan 10 u 11 años sin ayudar a los reclusos de nuestro país, una persona por más condenada que esté tiene dignidad, tener alimentos, salud, dormida...", señaló, por lo cual dijo que es en extremo necesario que los entes territoriales hagan las gestiones para atender lo dispuesto para incluir las partidas necesarias para garantizar la sostenibilidad de los centros de detención preventiva. 

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Óscar Ayzanoa, asesor penitenciario del CICR Colombia, resaltó que es necesario planificar no solo cupos carcelarios sino servicios para los privados de la libertad como salud, educación, trabajo, que les faciliten su resocialización.

Añadió que se debe contar con información desagregada de la criminalidad y otros datos de los presos en los entes territoriales, esa información es necesaria para tomar decisiones. 

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas, recordó que por pasarse el "balón" de los detenidos de un lado a otro, entre entes nacionales y territoriales, "nadie se duele por los detenidos". Invitó a implementar la virtualidad como estrategia permanente de la justicia y no como algo temporal por la pandemia.

Igualmente señaló que los defensores públicos son los que ponen el pecho por los presos en la mayoría de los casos, que tienen que asumir miles de casos y no tienen una estabilidad laboral, y dijo que por ello hay que fortalecer la defensoría pública.

"El verdadero problema es que no se están presentando soluciones, todos los días hay proyectos de ley que aumentan las penas, la cadena perpetua por ejemplo. El primer defensor que se va a enfrentar a la cadena perpetua será seguramente un defensor público, ¿lo estamos capacitando para eso?", cuestionó Bernate, quien le pidió específicamente al ministro de Justicia racionalizar el Código Penal y frenar "el populismo punitivo, empoderemos a la jueces y defensores públicos". 

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Por su parte, Camilo Burbano, experto en derecho penal, indicó que el problema de fondo es la inexistencia de una verdadera política criminal, algo que, dijo, no  es culpa solo de este gobierno.  "La división de que la Nación se encargaba de condenados y entes territoriales de sindicados obedece a un criterio no justificado, falto de fundamento real", para él son necesarios criterios más sólidos, adaptados a la realidad nacional, como el tipo de delito.

Todavía hay personas condenados por terrorismo, narcotráfico, que están preventivamente en CAI, expuso, y preguntó; "¿realmente las entidades territoriales deberían ocuparse de los delitos más graves o eso le corresponde al gobierno nacional?". 

Agregó que no es lo mismo exigirle a ciudades más grandes la ejecución de ciertos tipos de cárceles que  a ciudades más pequeñas que no tienen el presupuesto y cuya criminalidad no es tan fuerte en alta o medida seguridad, pero sí en delitos menores. 

Cerrando los argumentos de este primer panel, el ministro de Justicia resaltó que el país debería dejar de ser "carcelero" y que no se debería tratar de resolver todo con enviar a la cárcel, y que quizás sería mejor invertir más en las familias que en mantener un interno en una prisión, como medida de prevención.

En el segundo panel del foro, Carlos Ordosgoitia, alcalde de Montería y presidente de Asocapitales, resaltó así mismo que no todos los territorios tienen la misma capacidad para mantener cárceles. Pero además, dijo, la situación actual pone en riesgo los derechos de los presos a una resocialización.

"Es importante que el gobierno a través del proyecto de ley que vamos a presentar, llegue al punto donde empecemos a revisar esa obligación por parte de entidades territoriales de la custodia de presos. Solamente los costos para cubrir ese hacinamiento, entendiendo también el significativo número de personas sindicadas, supera 5,4 billones de pesos para infraestructura adecuada y 1 billón anual en el mantenimiento, hoy los recursos que podemos usar los entes territoriales es escasamente 1,6 billones de pesos", resaltó.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín, expuso que el problemas de las cárceles es un problema nacional y así debe ser entendido, "las ciudades, ni pequeñas ni grandes, tienen los recursos económicos para resolver un problema que evidentemente requiere un avance legislativo que defina quiénes son los responsables de cada una de las tareas. En Medellín hay un hacinamiento de 362 por ciento de sindicados en URI o estaciones de Policía", dijo. 

El mandatario de la capital antioqueña igualmente apuntó la necesidad de desjudicializar algunas conductas y no resolver todo con la cárcel.

"Si quisiéramos resolver el problema tenemos que pagar 35 millones de pesos por cada persona privada de la libertad. En algunos casos es más barato pagar los 600.000 pesos por no pagar asistencia alimentaria, por ejemplo, pero también universidades, un estudiante nos puede valer una tercera parte y con eso cambiamos el futuro", expuso.

Añadió que hay delitos de tal dimensión que deben, definitivamente, ser abordados por los niveles de seguridad que requieren, por el gobierno nacional y que hoy hay una oportunidad gigante de cambiar la legislación, los modelos.

Por ejemplo, habló de buscar un punto intermedio de reclusión, por un lado la casa por cárcel, por el otro la cárcel, "pero en algunos casos podríamos tener unos hoteles donde pague el sindicado por estar ahí mientras se juzga y se determina si es culpable o inocente", expresó.

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Alejandro Fúneme, alcalde de Tunja, consideró que el enfoque debería ser integral, "el problema parte de la demora para buscar una mejor legislación, estamos con un código de hace 30 años con una realidad penal absolutamente diferente y una realidad territorial absolutamente diferencial", mencionó. 

Frente a los comentarios del ministro Ruiz, señaló que se habla de un hacinamiento sobre el 20 por ciento en las cárceles nacionales, pero que las 42 territoriales alcanzan unos índices de hacinamiento de hasta 700 por ciento.

Susana Escobar, doctora en Derecho, expuso que para ella parte de la solución sería delimitar bien las competencias territoriales y nacionales, una delimitación que tenga en cuenta los recursos y capacidad de gestión de las distintas entidades. Resaltó varios puntos frente a las críticas situaciones de los centros de detención carcelaria.

Frente a la propuesta de Quintero de tener a los sindicados en un hotel que ellos paguen, la doctora señaló: "Es inconveniente y para mí, inconstitucional, el Estado no puede trasladar a los particulares un deber como estos; y tampoco que una persona a la que presumimos inocente -porque es sindicada y no ha sido condenada- la privamos de la libertad y tiene que pagar por esto".

Añadió que las alcaldías y gobernaciones deberían dedicarse más a la construcción de estrategias de política criminal que atienda a las necesidades y recursos de cada territorio.

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Ordosgoitia señaló que ante la situación que se está viviendo es pertinente poner sobre la mesa la alternativa de la fianza y que los sindicados puedan pagar por esperar su condena en casa. También pensar en que algunos delitos menores, excarcelables, tenerlos en cuenta de manera oportuna cuando estén siendo sindicadas las personas. 

Quintero reiteró que hay delitos que son nacionales, como el narcotráfico, terrorismo, masacres, "porque requieren privaciones de máxima seguridad deberían ser asumidas por el gobierno nacional", y señaló que las gobernaciones también deberían tener centros de reclusión para delitos regionales, como por ejemplo, mencionó, los delitos ambientales.

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