Fiscalía, crítica frente a proyecto anticorrupción de la Procuraduría

Fiscalía, crítica frente a proyecto anticorrupción de la Procuraduría

El Fiscal General dijo que la mayoría de las herramientas planteadas ya existen.

Duque radica proyecto anticorrupción

En el Senado fue radicado un proyecto de ley para la probidad y ética pública, con el que el presidente Iván Duque busca combatir la corrupción.

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César Carrión- Presidencia

29 de agosto 2018 , 06:15 p.m.

En la cumbre anticorrupción que se llevará a cabo en pocos minutos en la Casa de Nariño, el fiscalNéstor Humberto Martínez llegará con la posición de que no debe haber "desarreglos institucionales" que terminen afectando la efectividad de la lucha contra los corruptos.

Esto, en respuesta a la propuesta de entregar facultades, incluso en materia de extinción de dominio, para la Procuraduría, como lo consigna un proyecto de ley radicado este martes por el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo

La posición de la Fiscalía, que no fue consultada sobre la iniciativa, es que la mayoría de las herramientas planteadas ya existen y están en pleno funcionamiento, y que algunos de los alcances propuestos podrían violar incluso normas constitucionales.

Este proyecto de ley, denominado "para la probidad y ética pública" tiene propuestas como la extinción de dominio que incluso le permite al Ministerio Público “la utilización de agentes encubiertos” para detectar los bienes de redes dedicadas a desfalcar al Estado.

Otra de las novedades es el aumento de tiempo para sancionar a funcionarios, dejando la prescripción disciplinaria en 20 años frente a las faltas gravísimas con lo que se busca ampliar los términos para que puedan ser sancionados los involucrados en casos de corrupción.

El proyecto también establece drásticas sanciones para los contratistas que por ejemplo no usen el anticipo pagado por los contratos en la obra para la que han licitado y que según la experiencia se usan para pagar coimas para la obtención de los contratos. Así las empresas contratantes podrían declarar la caducidad del contrato y la empresa podría ser inhabilitada por 20 años para contratar con el Estado.

La Procuraduría, la Contraloría o la entidad afectada, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades “la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, con el fin de esclarecer las responsabilidades y obtener de los socios la efectiva indemnización de los perjuicios que hubiesen causado al patrimonio público”.

Precisamente en el tema de personas jurídicas se plantean cambios importantes. Frente a hechos de corrupción podrán ser llamadas a responder penalmente las empresas a través de sus representantes legales.

Incluso frente a hechos graves se contempla la disolución o la cancelación de la persona.

JUSTICIA

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