Farc insiste en que gobierno ‘simula’ implementación de acuerdo de paz

Farc insiste en que gobierno ‘simula’ implementación de acuerdo de paz

Así lo sostienen en informe presentado este jueves por el componente Csivi de ese partido.

Rodrigo Granda

Rodrigo Granda, vocero de Farc en el Componente de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo.

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Farc

Por: Justicia
18 de junio 2020 , 09:42 a.m.

Para el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), surgido del proceso de paz con la antigua guerrilla, el Gobierno está presentando como avances de implementación del acuerdo de paz la prestación de servicios básicos en el territorio que ya debían haber llegado antes de las negociaciones. Por eso, insisten en que hay una “simulación” de la implementación del acuerdo de paz.

Así lo señalan en el informe ‘Claves analíticas sobre el estado actual de la implementación’, del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y el Componente de Seguimiento, Impulso, Verificación e Implementación (Csivi) del acuerdo de paz del partido Farc. Este informe, realizado bajo la dirección del docente de la Universidad Nacional Jairo Estrada, fue presentado este jueves.

Rodrigo Granda, vocero del Csivi, señaló que se trata de un análisis “muy crítico pero muy realista” del estado de la implementación del acuerdo de paz. Además, recordó que ese Componente está congelado a raíz de la posición que tomó Colombia frente al gobierno de Cuba, país garante del proceso de paz, para que Estados Unidos lo señalara como país que no coopera en la lucha contra el terrorismo. No obstante, informó que se adelantan conversaciones para retomar las sesiones de la el 26 de junio pueden reiniciar las sesiones de la Comisión.

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Sobre lo que llaman una política de “simulación”, Estrada dijo que no se ha diseñado una política territorial de implementación, sino que el enfoque del Gobierno “dista sustancialmente” del espíritu del acuerdo.

Aseguró que las zonas futuro, que coinciden con los municipios priorizados para los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), descansan sobre una visión de orden público y seguridad “para una ocupación militar de los territorios”, que no es necesariamente el tratamiento integral del acuerdo.

El informe señala, en palabras de Estrada, que los Pdet que está implementando el gobierno “en sentido estricto no corresponden con los del acuerdo de paz”. Explicó que para ellos no se concibe que se implementen los Pdet sin entrega de tierras a los campesinos.

“No conocemos un solo campesino de carne y hueso que haya recibido tierras por cuenta del fondo de tierras concebido en el acuerdo de paz”, aseguró. Asimismo, dijo que la transformación territorial no se concibe sin formalización de la propiedad de la tierra en el país, para lo cual se concibió el catastro multipropósito en el acuerdo.

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Señaló que aunque se valora la participación de la comunidad, contemplada en la presentación de más de 32.100 iniciativas, no todas estas se pueden comprender como transformación territorial. Por ejemplo, arreglar un centro de salud es un deber del Estado más que una apuesta por esa transformación, explicó Estrada.

Lo mismo señaló sobre el tema de la financiación, pues según dijo, la implementación de los Pdet está utilizando dineros que no son específicos para la implementación del acuerdo, sino que ya estaban destinados a esos territorios.

Además, aunque valoró que muchos municipios y departamentos hayan incorporado “el discurso del acuerdo de paz”, falta evaluar cómo se materializó este en los planes de desarrollo locales y regionales.

El informe presentado se concentra en lo ocurrido este año, pero no abarca toda la implementación del acuerdo, sino “las tendencias más recientes y particularmente aquellas que se expresan en el contexto de excepcionalidad derivado de la pandemia del coronavirus”, dijo Estrada.

Además, subrayó la preocupación de que el acuerdo de paz pueda convertirse “en otra víctima de la pandemia” teniendo en cuenta la situación de excepcionalidad que restringe el debate público y hace más difícil la verificación del cumplimiento de los compromisos.

En otros aspectos, el informe señala una preocupación por “la insistencia de altos funcionarios del Estado sobre la necesidad de introducir modificaciones al acuerdo de paz”, en referencia a las declaraciones del Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.

“No es un tema sobre el debate político, sino una postura gubernamental que no exhibe una postura a favor”, aseguró Estrada. Para el partido Farc, esto se evidencia en que no hay actos legislativos, proyectos de ley ni una agenda legislativa para avanzar en el desarrollo normativo del acuerdo en materias como la reforma rural y la participación política.

Consideran que la política de “paz con legalidad” del gobierno Duque no está en consonancia con “el espíritu y la letra” del acuerdo de paz.

También llamaron la atención por las circunstancias de seguridad, no solamente por los 111 líderes y lideresas asesinados hasta mayo, sino también porque con los asesinatos a excombatientes se consideran una organización “sometida a un exterminio continuado”. Estrada señaló una insuficiente aplicación de las garantías de seguridad contenidas en el acuerdo y que la Comisión Nacional de Garantías “apenas funciona formalmente”.

“No nos sentimos satisfechos con que se afirme que hay unos determinados perpetradores directos”, dijo, y señaló que necesitan que el Estado “garantice la vida de los firmantes de paz”.

El informe también señala que los países garantes, el componente internacional de verificación y la Segunda Misión de Verificación de la ONU “adquieren una importancia más que preponderante” pues “los esfuerzos mancomunados de todos ellos han contribuido a ponerle freno a los incumplimientos del Estado y también constituyen factor explicativo de gran peso frente a los avances que se han podido registrar en el proceso de implementación”.

JUSTICIA
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