Protagonistas de sonados escándalos de corrupción como Carlos Albornoz (exjefe de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes); el abogado Álvaro Davila (uno de los del ‘carrusel’ de contratos en la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá) y Tomás Jaramillo (cerebro del desfalco del Fondo Premium de Interbolsa) tendrán a partir del próximo primero de julio un as bajo la manga para pedir su libertad.
En esa fecha empezará a regir plenamente la ley de Racionalización de la Detención preventiva, promovida hace dos años por el Gobierno y que, en esencia, abrirá las puertas de la cárcel para los procesados por los delitos más graves que lleven más de dos años en la cárcel sin que se haya producido una condena en su contra.
La misma gabela aplica para los detenidos por delitos simples, como el hurto, y que lleven un año presos sin sentencia.
En los casos de Albornóz, Dávila y Jaramillo, los 24 meses detenidos ya pasaron. Y en sus casos y miles más se anticipa una cascada de solicitudes de libertades, a menos que la justicia logre, en menos de 45 días, cumplir la tarea que no ha hecho en años.
La norma, que sobre el papel pretende acabar con las detenciones eternas para sindicados al imponerle plazos perentorios a la justicia, se ha estrellado con la lentitud del aparato judicial.
El resultado es que a pesar de que el año pasado se aprobó de urgencia otra ley que postergó 12 meses la vigencia de la norma original, hoy la justicia vuelve a estar en plena contrarreloj para evitar la excarcelación indiscriminada de al menos 11.000 señalados delincuentes.
El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, empezó a trabajar con el Consejo Superior de la Judicatura en una estrategia para agilizar miles de audiencias y tramitar una salida provisional que ya ha sido usada por la Fiscalía en 1.427 casos: pedir la prórroga de la medida de aseguramiento, bien por la gravedad del delito o demostrando las maniobras dilatorias de las defensas de los detenidos.
Hoy la justicia vuelve a estar en plena contrarreloj para evitar la excarcelación indiscriminada de al menos 11.000 señalados delincuentes
Pero, advierte el fiscal Néstor Humberto Martínez en carta enviada la semana pasada al Minjusticia, el escenario más probable será que, no obstante los esfuerzos, los resultados sean precarios. Hoy hay represadas más de 100.000 audiencias judiciales, de las cuales 4.396 tienen mora superior a un año.
En la carta a Gil Botero, el Fiscal hace énfasis en que con la plena entrada en vigencia de las leyes 1760 del 2015 y 1786 del 2016, “es previsible” que se presenten excarcelaciones masivas que afecten “no solo el desarrollo de los procesos correspondientes sino la seguridad ciudadana”. Y es que, solo en Bogotá podrían salir de prisión 402 presos por delitos sexuales, 296 procesados por hurto agravado y 17 capturados por homicidio.
Entre los detenidos ad portas de salir están Juan Carlos Mahecha Cárdenas, director ejecutivo de la Universidad San Martín, preso por el saqueo a ese centro educativo; Mario Chejab Guarín, de Link Global, firma que estafó en más de 18.000 millones de pesos a pensionados, y Lina María Restrepo Vélez y Mónica del Pilar Arbeláez Montoya, directivas de Factor Group, compañía que resultó envuelta en un grave escándalo por captación masiva e ilegal de dineros.
Según las cuentas de la Fiscalía, en total serían 11.289 personas las que podrían pedir la libertad casi de inmediato: 8.471 que llevan un año en la cárcel por delitos simples y 2.818 que llevan dos años detenidas por delitos graves.
Pero los datos del Inpec señalan que entre la población sindicada había el año pasado 4.837 que completaban más de 3 años sin sentencia. En todo caso, aunque se les conceda la libertad, esas personas seguirán vinculadas a los procesos.
Entre las motivaciones para impulsar estos proyectos de ley, el Ministerio de Justicia ha sostenido que las demandas por privaciones injustas de la libertad, es decir, cuando no se han logrado condenas, ascienden a 23 billones de pesos. Y, sobre todo, el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional para solucionar la crisis humanitaria en los centros penitenciarios.
La estrategia conjunta de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para evitar la salida masiva de delincuentes consiste en avanzar en las etapas de juicio de los procesos por delitos simples y solicitar prórrogas –por un año– para los delitos más graves.
JUSTICIA
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