Aunque en las calles de Bogotá se ven más militares que de costumbre por estos días, en la misma semana que se realizará el paro nacional del 21 de noviembre, que ha despertado alerta en sectores de la opinión pública, el Gobierno Nacional aseguró que no ordenó la militarización de la capital, aunque sí dejó claro que fueron las autoridades distritales las que acordaron “el acompañamiento de miembros de la Brigada 13 del Ejército Nacional a los patrullajes de la Policía o de Migración Colombia hasta el miércoles 20 de noviembre”.
Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, señaló que “el Ejército siempre ha tenido un rol en la política de seguridad del Distrito” y que la ciudad no está militarizada. También dijo que “los soldados estarán en puntos de custodia de bienes estratégicos, como los equipamientos militares y de infraestructura del agua y energía”.
Ante las inquietudes ciudadanas suscitadas por esta presencia, EL TIEMPO consultó con analistas sobre la pertinencia de utilizar efectivos militares ante situaciones de seguridad ciudadana.
Para el coronel en retiro del Ejército, Alfonso Velásquez, quien es catedrático de la Universidad de la Sabana, la presencia de efectivos militares “no es conveniente ni pertinente” en el contexto actual. “Los ánimos están caldeados en algunos sectores considerables de la población, tanto de izquierda como de derecha”, dijo.
Puntualiza que mientras para los sectores de izquierda ver militares en la calle puede ser tomado “como una provocación, como un reto”, los de derecha “lo toman como una especie de respaldo para enfrentarse a los otros”. Para él, el escenario de Colombia frente al paro del jueves no es similar al de Chile, “donde la provocación era más sensible por su historia reciente, en el caso de la dictadura de Pinochet”.
En cambio, el exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de la Universidad de los Andes Daniel Mejía considera, en sintonía con las declaraciones del secretario García, que el acompañamiento de militares se destina “para la protección de activos estratégicos de la ciudad”, en coordinación con la Policía de Bogotá.
Además, considera que el Distrito garantiza el derecho a la protesta, con el acompañamiento de la Personería y de gestores de convivencia, pero que la fuerza de Policía y en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deben actuar si se presentan alteraciones al orden público. Pero que eso no resta que se tomen “medidas de protección o prevención” para evitar que ocurra lo que ha pasado en otros países de la región.
Mejía insiste en que la presencia de militares “no tiene nada de malo, simplemente es una actividad de prevención”, y que ya se ha usado en otras ocasiones, especificando cuál es su labor, porque “no se pretende que sustituya la labor de la Policía”.
No obstante, para el coronel Velásquez, “en un ambiente en que la gente clama porque a la paz se le ponga más esfuerzo, se ve una especie de provocación del Gobierno, y más aún cuando, ante la falta de conmiseración del Gobierno con las familias de los niños y adolescentes que murieron a raíz del bombardeo en el Caquetá, eso le suena mal a la izquierda radical”.
Asegura que el Ejército se debe reservar “para casos de extrema necesidad” y que “tiene que ser una especie de bombero cuando el incendio ya se salió de las manos”. Además, que en esas circunstancias, “tiene que actuar muy serena y estratégicamente, o si no, lo que hacen es echarle más gasolina”.
Mientras que para Daniel Mejía, “si llega a pasar algo, se cuestionaría por qué no se previno un desborde”. Dice que la presencia del Ejército no es provocadora, porque se trata de hacer patrullajes “muy sencillos”, pero que el día del paro la labor de mantener la seguridad ciudadana será primordialmente de la Policía, “a menos que se presenten desórdenes graves y alteraciones del orden público”.
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