Este viernes, en el marco del Sexto Congreso Empresarial Colombiano, organizado por la Andi, se encontraron las tres cabezas de las entidades que combaten la corrupción en el país: el fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora general, Margarita Cabello; y el contralor general, Carlos Felipe Córdoba.
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En el panel, moderado por Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, se habló de temas cruciales como el escándalo del anticipo de 70.000 millones en el Ministerio TIC, las alertas de cara a las elecciones de 2022, los elefantes blancos, los avances en la lucha contra la corrupción e, incluso, la condena contra la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como 'Epa Colombia'.
"Es una decisión que debe respetarse y que manda un buen mensaje al país. Yo me alegro profundamente con esa sentencia, porque la Fiscalía pidió la condena", dijo el fiscal Barbosa, y sentenció que "no puede ser que permitamos que sea absolutamente natural destruir el mobiliario público del país".
De izq. a der.: Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, el fiscal general, Francisco Barbosa, y la procuradora general, Margarita Cabello.
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Sobre una de las principales críticas a la condena, relacionada con que en casos como los de corrupción no se han dado sanciones ejemplares, el jefe del ente acusador señaló: "No podemos justificar algunos de los elementos que han generado alguna controversia y que muchas veces también hacen parte de la incomprensión del sistema penal en Colombia".
Y añadió: "La corrupción es un fenómeno multidimensional que la justicia no puede abordar como casos aislados", dijo el fiscal Barbosa al iniciar su intervención, y resaltó la importancia de poner la lupa en los distintos vasos comunicantes entre los actores detrás de los delitos.
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La procuradora Margarita Cabello indicó que la ética y el buen actuar debe cobijar a todos los ciudadanos y salirse de esos conceptos "nos lleva a afectar la tranquilidad de la sociedad, afecta la tranquilidad ciudadana y lo que es peor, afecta la legitimidad de las instituciones.
Protestas en la Plaza de Bolívar para defender a Epa Colombia.
MIlton Díaz
Añadió que en el país hay un ordenamiento jurídico que se debe respetar, lo mismo que las sanciones establecidas en la ley. "Hoy en día con los medios digitales hay toda una transformación y vienen muchos temas nuevos (...)si la decisión tomada por el juez fue fundamentada en el ordenamiento jurídico nuestro, si creemos en la legitimidad de los funcionarios, pues deberíamos decir actuó correctamente y la sanción es acorde con la norma y por tanto démosle legitimidad y sigamos adelante".
Por su parte el Contralor General Carlos Felipe Córdoba, señaló que "el problema es que el país pide resultados y cuando los damos se indignan".
Indicó que cuando se dieron los hechos hubo una indignación nacional y se ha visto el efecto de los daños que vienen sufriendo los sistemas de transporte del país.
"A mí sí me preocupa que tengamos un país que esté sufriendo de bipolaridad, si damos resultados es malo y si no damos también es malo", indicó que en este caso y en otros de connotada corrupción nacional, los órganos se control e investigación son cuestionados por personas que han sido condenadas en procesos en los que se han dado todas las garantías y han estado apegados a la ley.
El jefe del ente acusador contó que, hasta el momento, desde la Fiscalía se han formulado 7.938 imputaciones en casos priorizados, más de 1.300 condenas y 1.889 solicitudes de medida de aseguramiento. No obstante, hay más de 52.000 casos abiertos en esta entidad por hechos de corrupción.
A su turno, la procuradora Margarita Cabello puso de relieve la importancia de haber recuperado la función de investigar y sancionar a los funcionarios de elección popular.
"Aspiro a que en dos semanas estén listas la Sala de Instrucción y la Sala de Juzgamiento para empezar ya a reactivar los 12.000 procesos que están suspendidos y poder rápidamente imponer las sanciones en los casos a que haya lugar", aseguró la alta funcionaria del Ministerio Público.
Precisamente sobre el tema de las personas en cargos de elección popular, el Fiscal General reveló que en año y medio han sido imputados seis gobernadores elegidos en 2019, y se han impuesto condenas a nueve exgobernadores, mientras que a otros 35 se les han imputado cargos.
Otro de los temas que fueron abordados durante el panel fue el de las elecciones a la presidencia de la República en 2022, que están 'ad portas'.
"Ya empezamos el proceso de vigilancia y estamos haciendo anuncios, ya con requerimientos a los funcionarios, especialmente alcaldes y gobernadores, para que se acuerden de que no pueden tener ninguna participación en actos de política. También estamos trabajando en el control de la financiación de las campañas", dijo la jefe del Ministerio Público.
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El fiscal Barbosa, por su parte, reveló que en los próximos meses se tomarán decisiones "muy importantes frente a los temas electorales y de corrupción", y habló del rol de la contratación pública como articulador de recursos para las campañas, tema sobre el que el ente acusador tendrá los ojos abiertos.
El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, contó que se ha avanzado con herramientas de inteligencia artificial para identificar las alertas de riesgo en los procesos de contratación pública. "Acá lo más importante es el accionar en conjunto de las tres instituciones", dijo la cabeza del órgano de control.
Sobre el tema de las obras inconclusas, conocidas como "elefantes blancos", Córdoba contó que hay 1.771 en el país, por 24.5 billones de pesos. De estas, dijo el Contralor General, se han reactivado alrededor de 800 y se han venido entregando.
Entre los datos clave entregados por el funcionario está que de todas las irregularidades en dichas obras, el 20 por ciento se dan por mala gestión, mientras que el 80 por ciento tienen indicios de corrupción.
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