'No están dadas las condiciones políticas para una reforma a Policía'

'No están dadas las condiciones políticas para una reforma a Policía'

La directora de la Fundación Ideas para la Paz dice que la reforma es necesaria, pero a largo plazo.

María Victoria Llorente

María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

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Fundación Ideas para la Paz

Por: Milena Sarralde Duque 
22 de septiembre 2020 , 12:35 p. m.

El asesinato de Javier Ordóñez a manos de policías a los que la Fiscalía General les imputó cargos por homicidio y tortura, y sobre los que una juez ordenó detención este lunes, revivió un descontento social que había quedado congelado el año pasado, pero cuyas inconformidades siguen latentes e, incluso, se han potenciado en medio de una pandemia que ha golpeado, sobre todo, a los sectores más vulnerables. 

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En medio de ese descontento social, las alternativas para el diálogo, la conversación y la prevención de conflictividades se han visto sofocadas y pareciera que la única respuesta posible del Estado ha sido la policial. 

Así lo asegura en entrevista con EL TIEMPO María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien analiza cuáles son los factores que siguen motivando la protesta, pero además, cuáles son los problemas que hay dentro de la Policía, dentro de la institucionalidad -que va más allá de la Fuerza Pública-.

Llorente cree que se necesitan medidas en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, asegura, no están dadas las condiciones para una reforma a la Policía que considera necesaria, pues los problemas sobre esta institución vienen de tiempo atrás y están sobrediagnosticados. 

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¿Son las protestas de este año la continuación de las del 2019?

No sé cómo el Comité de Paro ha incidido en estas manifestaciones de ahora. Creo que ha sido algo más orgánico. Lo que sí creo es que la movilización de noviembre no era solamente del Comité del Paro. Fue una cantidad de expresiones de descontento que este comité intentó amalgamar, pero el descontento estaba ahí. Vimos un descontento social muy grande, mundial, de los jóvenes.

Estamos, entonces, ante una herida muy profunda que en realidad nunca se sanó y quedó en suspenso. Lo que me sorprende un poco es que no hubiésemos pensado, o a nadie se le hubiera ocurrido, que íbamos a empezar a abrir el país y que eso se iba a reanimar, sobre todo teniendo en cuenta los impactos tan grandes de la pandemia, el desempleo en los jóvenes, que es algo abrumador y ha afectado a los más vulnerables, y ha reducido de manera importante las capacidades del Estado para responder eficazmente, porque hay menos plata y hay más problemas. A mí me parece que hay un proceso de continuidad que es importante.

Estamos entonces, ante una herida muy profunda que en realidad nunca se sanó y quedó en suspenso

En las últimas semanas vimos el video de los Policías con Javier Ordóñez. Vimos también videos de supuestos disparos indiscriminados por parte la Policía. ¿Cree que el discurso de que los que están mal son unos cuantos ya se agotó?

Hay una discusión grande sobre si el abuso y la brutalidad policial es un patrón sistemático. Un problema es que no hay cifras públicas que le permitan a uno tener una información fidedigna para saber que ese patrón o sistematicidad existe. Entonces, no me atrevería a ir al límite de decir que eso existe, pero lo que es cierto es que hay una queja constante de la población y de los jóvenes del abuso policial, que no necesariamente tiene que ser violento, también es de poder.

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Lo que pasó hace dos semanas y los videos son aterradores y es doloroso ver a esos policías disparándole a la ciudadanía. El problema es que estos son los policías preparados para hacer la vigilancia ciudadana, pero no tienen ninguna preparación para enfrentar una situación como la que se dio.

Habiendo sucedido lo que sucedió con el señor Javier Ordóñez, que claramente iba a indignar a la ciudadanía, habiendo información de que grupos radicales tenían intereses en desequilibrar, según informes de inteligencia, cómo no nos preparamos. Esa es la pregunta. Es muy fácil decir que hay que echarle la culpa a la Policía y botar a todos, pero dónde está la responsabilidad de los civiles, de la alcaldía, del Ministerio de Defensa para que esto no escalara como escaló.

¿Cree que la respuesta del Estado ha fallado?

Es importante ver cuáles fueron esas respuestas del Estado que nos llevaron a esta situación. No es solo que salió una gente que estaba infiltrada o no, y que la Policía contestó, y agredió brutalmente a esos manifestantes. Estamos en una situación en donde, por un lado, hay un agotamiento de las posibles alternativas de responder al descontento social.

No veo que la alternativa de la conversación nacional que el Gobierno lanzó a finales del año pasado sea una posibilidad ahorita, porque eso se quedó inconcluso. Tampoco veo que el Gobierno haya avanzado en lo que dijo, que era una política de prevención de conflictividades, pues no existe todavía, y estamos básicamente sin herramientas distintas a la respuesta policial para responder a estas situaciones extremas. Y ya vimos lo que pasa cuando solo tenemos la respuesta policial, en casos donde la Policía no está debidamente entrenada para enfrentar estas situaciones de crisis, y no hay liderazgo de los civiles.

Estamos básicamente sin herramientas distintas a la respuesta policial para responder a estas situaciones extremas

¿Cómo incide en esa situación la pelea entre el gobierno local y Nacional?

La fractura del Gobierno y la alcaldía de Bogotá es otro tema muy importante. Esto tiene asuntos estructurales en donde se ven esas asimetrías de poder que hay respecto de la gestión de seguridad entre lo nacional y lo local. La alcaldesa, constitucionalmentes, es la jefe de la Policía de Bogotá, pero no la de la Policía Nacional, que es el presidente de la República.

La Policía tiene un esquema concentrado de operación donde hay mecanismos que obligan a la cooperación armónica de las entidades públicas. Aquí hay un problema institucional y diferencias de aproximación política, que no está mal, porque la alcaldesa tiene una visión de cómo debería ser la Policía distinta a la que tiene el Gobierno. Pero si esto se suma al contexto de polarización y pugnacidad, llegamos a una situación donde se vuelve imposible hablar de esas diferencias sobre la Policía y se hace muy difícil tener una aproximación a una reforma policial que sea la que más necesita el país.

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¿Cuáles cree que son los caminos para mejorar a la Policía? ¿Hay opciones intermedias o es hora de una reforma estructural y de fondo?

Primero, creo que no se puede decidir en caliente. Hay cosas que hacer de manera inmediata, en el mediano y el largo plazo. Ahorita no están dadas las condiciones políticas para una reforma a la Policía como la que necesita el país y la ciudadanía, porque hay un proceso muy grande de descrédito de la Policía. 

En un escenario donde hay pugnacidad e indignación, están dadas las condiciones para que las movilizaciones puedan volver a ser un escenario muy caliente. Entonces se requiere abordar un proceso inmediato. Lo primero, es que la Alcaldía y el Gobierno Nacional tienen que cooperar, y hacerlo en medio de sus diferencias.  No estoy diciendo que se pongan de acuerdo en todo, pero sí están obligados a manejar sus diferencias y a cooperar y empezar a hacer cosas para recuperar la credibilidad en la institucionalidad.

Esto va desde qué medidas se toman en concreto de forma mancomunada para prepararse y preparar al personal policial en el manejo de lo que se viene. Tiene que ver también con cómo se van a tomar las decisiones. Eso está escrito, es el manejo de crisis, que tiene que tener un equipo específico e interdisciplinario.

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¿Qué papel puede jugar la ciudadanía?

Se tiene que empezar de cierta manera a generar espacios con la ciudadanía y para eso hay instrumentos como el Código de Policía, que trae los comités de convivencia y seguridad, que están en cabeza de la ciudadanía. Esos comités tienen una función específica que es la de tramitar quejas y denuncias de la gente frente a la Policía. Pero esos comités no son de la alcaldía contra la Policía, son comités donde está la Alcaldía, Personería y la Policía. Estas dos alternativas, la de la cooperación Nacional y local, y la de generar los espacios de participación ciudadana, son en el escenario inmediato.

Esos comités tienen una función específica que es la de tramitar quejas y denuncias de la gente frente a la Policía

¿Y en el intermedio?

Hay que empezar a buscar medidas que vayan mejorando el servicio policial, y que le vayan abriendo espacio a transformaciones y cambios que tienen que hacerse en la Policía, en materia de eficacia y acercamiento a la ciudadanía. Es básico, por ejemplo, que alcaldía y policía revisen el modelo de vigilancia en la ciudad. Encontrar la manera como ese modelo de vigilancia se vuelva eficaz y proteja a la gente. Otra cosa del Código de Policía que se puede empezar a trabajar, es una cosa que se llama el Sistema Único para el Mejoramiento y Prevención de Abusos en la Actividad de Policía. Ese sistema salió en la ley pero no se ha reglamentado.

También hay cosas que se pueden hacer desde la Alcaldía en cooperación con la Policía. Por ejemplo, se pueden hacer procesos del rentrenamiento del personal de vigilancia. La Alcaldía ha venido haciéndolo, pero se pueden revisar y enfocarlos más en función de la política de seguridad ciudadana. 

Sobre la alcaldía hay una pregunta que yo me hago. La Alcaldía creó y tiene toda una institucionalidad técnica y tiene una capacidad importante para el manejo de seguridad ciudadana con la Secretaría de Seguridad ciudadana y Justicia, pero dónde está esa capacidad técnica. No la estamos viendo y estamos viendo es a la alcaldesa manejando estos temas con su secretario de Gobierno. Hay una pregunta sobre cuál es el rol de la Secretaría de Seguridad, el bastión técnico más importante para ejercer su función de liderazgo en la seguridad ciudadana.

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¿Y entonces a largo plazo se debería pensar en la reforma a la Policía?

Pienso que hay un tema más de largo aliento que se llama la transformación policial, que la hacemos o nos veremos en la próxima crisis de la Policía. La última crisis de la policía está a la vuelta de la esquina. Más allá de las atrocidades de hace dos semanas, aquí hay un asunto que es cierto, y la ciudadanía lo siente, es que hay problemas que van más allá y están diagnosticados de tiempo atrás por expertos externos y comités de ellos mismos sobre su revisión interna que muestran deficiencias sobre la eficacia de la Policía, la falta de transparencia.

Sobre esos problemas se han planteado propuestas y recomendaciones para mejoras, pero en realidad no se han hecho. No avanzan. Uno se pregunta, qué hay ahí, cuál es el bloqueo para que todas esas cosas que sabemos que están mal no cambien y no fluyan. ¿Qué está pasando?

Pienso que hay un tema más de largo aliento que se llama la transformación policial, que la hacemos o nos veremos en la próxima crisis de la Policía

¿Cuáles serían las soluciones para esa transformación?

Hay tres grandes asuntos que hay que enfrentar: el primero, es que el bloqueo para la transformación tiene que ver con el liderazgo político y estratégico en la seguridad, lo que nos lleva a la pregunta sobre la adscripción de la Policía al Ministerio de Defensa.

No soy partidaria de sacarla del Mindefensa porque no habría dónde meterla. Así, esto no deberíamos hacerlo hasta que no sepamos cómo hacer ese ajuste institucional. A eso vamos a llegar tarde que temprano, pero esperaría que no lo hagamos al calor de unas protestas sociales.

El segundo punto, tiene que ver con fortalecer la legitimidad, transparencia, y confianza en la Policía, y eso tiene que ver con estos mecanismos de supervisión, control y fiscalización de cómo se aplica la justicia en el campo interno de la Policía, y en el campo externo. Existen todos unos mecanismos de control y uno se pregunta dónde está la Procuraduría, Fiscalía, Defensoría.

Está también la pregunta sobre qué hacer con la Justicia Penal Militar, y qué está haciendo la Inspección y su rendición de cuentas.Hay que abrir el escrutinio público, el manejo de la información. Cómo es posible que en la Policía le dicen a uno que hay información delictual, o sobre personal policial, que no entregan porque dicen que es de seguridad nacional. Aquí hay leyes y normas del acceso a la información, pero hay dificultad para acceder a ella. Y una vez uno accede, la dificultad es ver qué tan adecuada es.

Cómo es posible que en la Policía le dicen a uno que hay información delictual, o sobre personal policial, que no entregan porque dicen que es de seguridad nacional

El último grupo de cosas que hemos identificado, es la efectividad policial. Tiene que ver con cómo el servicio de vigilancia urbana, pero también rural, cumplen su función. En Colombia no hay policía rural eficaz, esto tiene que ver con temas de cultura policial, ejemplos muy de ellos como que "se obedece pero no se cumple", o el cumplimiento que "es igual a cumplo y miento". Entonces hay unas cosas de cultura policial que se deben abordar, temas de profesionalización, de revisión del modelo educativo, un montón de cosas que ellos saben que hay que hacer, y no lo hacen.Muchos han hablado de modificar la carrera policial...

Sí. Ahí hay un problema y es que sobre la carrera policial la última gran reforma se hizo en los noventa, y esa reforma, que es cuando se crea esto del nivel ejecutivo, estaba hecha pensando en crear una sola carrera policial, cosa que alguien entraba como patrullero y ascendía y llegaba al último puesto. Pero la oficialidad no estuvo de acuerdo, eso se quedó a medias, y ahorita esto está haciendo crisis porque el nivel ejecutivo no tiene muchas posibilidades de crecimiento profesional, y lo que ha pasado en los últimos tiempos es que han perdido una enorme cantidad de gente del nivel ejecutivo, que es el motorcito de la Policía, son los técnico que supervisan. Los generales, la oficialidad, está en el mando y puesto administrativo. Pero los que están respondiendo a la ciudadanía en el día a día son los otros. Así que ahí hay un tema que hay que abordar.

¿La Policía tiene hoy demasiadas funciones?

Hay que revisar las funciones de la Policía porque en el nuevo Código amplió su espectro a una infinidad de asuntos que van más allá de sus funciones estrictas, más allá de lo que exige la Constitución en la protección de derechos y libertades. Tenemos una Policía que vela por cumplir el código minero, que hace protección de dignatarios, vela por las aduanas, en fin. Hay una policía haciendo un montón de cosas que, en estricto sentido, no son de ella. La DIAN debería tener su propio sistema, por ejemplo. Incluso tenemos una Policía que presta servicio de Tránsito. Hay que pensarse por qué ese pie de fuerza, que es escaso, y que se requiere para proteger, lo estamos usando y dispersando en un montón de actividades que no son las que van a producir que la gente se sienta más protegida en este país.

Por qué ese pie de fuerza, que es escaso, lo estamos usando y dispersando en un montón de actividades que no son las que van a producir que la gente se sienta más protegida

Un informe del Observatorio de la Democracia de la Universidad de ls Andes mostraba cómo la confianza en la Policía cayó del 54 % en 2004 al 24 % en el último año. Mostraba que cada vez son menos los ciudadanos que confían en que la Policía garantiza su seguridad, que respeta los derechos humanos. ¿Qué fue lo que pasó para que esa confianza cayera de esta forma tan dramática?

Creo que hay dos fenómenos que se juntan. Uno, es que todas estas encuestas de institucionalidad muestran un retroceso importante de confianza ciudadano en todas las instituciones, en la justicia, en los militares, en todo. Dicho eso, en el caso de la Policía estoy convencida de que eso tiene que ver con que la ciudadanía tiene esa sensación constante de abuso policial y de falta de eficacia. En los últimos años se desmontó, por ejemplo, todo un ejercicio que había hecho la Policía hace siete años, donde tenía un modelo de vigilancia con unos mecanismos de supervisión y medición de sus impactos. Se fueron desmontando cosas que en su momento fueron importantes.

Lo otro que me parece es que ha habido escándalos tenaces y nada pasa. Lo de la ‘comunidad del anillo’, que no quedó en nada. Unos señores entregaron un informe que a nadie le importó, un informe que dice un montón de cosas importantes, pero a nadie le importó. El Gobierno lo recibió, pero ya estaba de salida, y no hizo nada. Entonces el reflejo es que nada pasa. 

Hace más de una semana EL TIEMPO publicó un informe que contaba que este año la mayoría de capturados por las autoridades, unos 60.000, han sido jóvenes (entre 18 y 29 años) y señalaba, además, que en los últimos 10 años la mayoría (el 34 %) fueron detenidos por delitos de porte o tráfico de drogas. ¿Es adecuada esa priorización sobre los jóvenes y los delitos de drogas? Porque lo que uno ve es que aquí está la mayoría de capturas, pero no necesariamente esto redunda en una mejora en la seguridad.

¿Quién decide las políticas? Pues los civiles. ¿Cuál es la política de este Gobierno? “El que la hace la paga”. Entonces, lo primero que aplicaron fue una política que dijeron era para proteger a los niños en parques,  coger gente que estaba consumiendo en zonas de parques. Hay un fenómeno, y es algo que pasa mucho en Estados Unidos, y es que las cárceles están plagadas de jóvenes negros relacionados con temas de drogas.

Esta es una de las perversiones que genera esta política de lucha contra las drogas, que si bien en el papel dice que se van a enfocar en los eslabones más fuertes, en la práctica no lo hacen. No hay nadie, salvo centros de estudio como nosotros, pendiente de estos temas. No hay una autocrítica frente a esto desde el liderazgo civil.

MILENA SARRALDE DUQUE
Subeditora de Justicia
Twitter: @MSarralde

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