La falta de confianza y la ineficiencia del sistema son dos de las principales razones por las cuales las personas no acuden a la justicia para resolver sus conflictos.

Esta es una de las conclusiones del informe Justicia Cómo Vamos, dado a conocer este jueves, en el cual se hizo seguimiento al acceso y calidad de la justicia en 17 municipios que integran la Red de Ciudades Cómo Vamos.

El documento fue una iniciativa también de la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Corona y la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

El informe presenta resultados de 2018 y 2019, como línea de base, previo a la situación de pandemia, para conocer el estado del sistema de justicia local y contribuir a una mejor toma de decisiones.

De acuerdo con la publicación, la situación de la justicia es una de las mayores preocupaciones en el país, por lo cual Justicia Cómo Vamos se enfocó en realizar un diagnóstico sobre el conocimiento, acceso, calidad y percepción general de la ciudadanía respecto al funcionamiento de la justicia.

Se espera que la información recolectada sea un insumo para conocer aspectos críticos a fin de acercar la justicia a los ciudadanos y contribuir al fortalecimiento de la planeación, gestión y financiación del sistema de justicia a nivel local.

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Los municipios en los que se realizó la medición son Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Chía, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Pereira, Piedecuesta, Socorro, Yumbo y Zipaquirá.  

Luis Sáenz, coordinador nacional de la Red de Ciudades Cómo Vamos, añadió que el informe "ofrece una herramienta para conocer y comprender los retos de la justicia local y, a través de la información y evidencia, contribuir a fortalecer la gestión de las entidades de la justicia bajo principios de justicia abierta". 

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En primer lugar, la encuesta señala que hay desconfianza en el sistema judicial y en su velocidad para resolver las necesidades de los ciudadanos. El 43 por ciento de los encuestados piensan que la gente no acude en todas las ocasiones al sistema de justicia por considerarlo lento. 

De otro lado, un 30 por ciento piensa que la ciudadanía no acude al sistema de justicia debido a que no hay confianza en las entidades. Y el 52 por ciento de los ciudadanos prefieren resolver sus conflictos por su “propia cuenta” y no acuden ante algún tercero o entidad para esos propósitos.

También se encontró que el desconocimiento de las diferentes entidades que componen el sistema judicial afecta el debido acceso a la justicia de los ciudadanos. En promedio, del 42 al 53 por ciento de los ciudadanos no conocen los centros de conciliación o los conciliadores en equidad; del 14 al 26 por ciento no conoce a las comisarías de familia, los juzgados, la Fiscalía o las inspecciones de Policía, y un 89 por ciento de los ciudadanos encuestados conocen las estaciones de Policía o CAI.

En un tercer punto, se identificó que la calidad y cantidad de la infraestructura de la justicia es otro reto. De las ciudades estudiadas, en varias había deficiencias en la infraestructura física para la prestación de los servicios, que se manifiestan en espacios reducidos judiciales con insuficiente número de puestos de trabajo.

Igualmente, se resaltó que el hacinamiento carcelario es el principal obstáculo para la resocialización de los internos, que junto con la poca prestación de servicios esenciales dentro de los establecimientos carcelarios son un detonante para fenómenos como la reincidencia.

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El cuarto punto señala que en la mayoría de las ciudades hay dificultades operativas por la falta de personal de planta, las limitaciones del recurso humano de apoyo asignado y la excesiva rotación del personal. 

Así mismo, se señala que las entidades de justicia a nivel local "son apéndices de las alcaldías, pero reciben poca priorización y recursos financieros para su funcionamiento, aun cuando son parte integral de la estructura administrativa local".

Por ejemplo, en la mayoría de las ciudades analizadas, las comisarías de familia no están incorporadas en el Plan Operativo Anual de Inversiones (Poai) o en el presupuesto del municipio. Además, un número reducido de municipios señaló que hubo un presupuesto para las inspecciones de policía.

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En sexto lugar, se evidenciaron dificultades de articulación entre las entidades a nivel local y las instituciones de orden nacional, lo cual afecta la prestación de un servicio eficaz y de calidad. Aquí se señaló que las comisarías de familia están desarticuladas con la Policía, la Fiscalía y el ICBF, lo cual dificulta el trámite de las denuncias.

En último lugar, se encontraron retos en el uso de recursos tecnológicos. Hay una falencia y falta de herramientas tecnológicas que permitan a las entidades judiciales prestar sus servicios con mayor eficiencia, eficacia y calidad. "De igual forma, la carencia de recurso humano impide que dichas entidades tengan un contacto más efectivo y permanente con el ciudadano, lo que genera la imposibilidad de ejercer control sobre los procesos que se adelantan en cada una de las instituciones (rendición de cuentas)", concluyó el informe.

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