Mediante un informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó las labores de Colombia en el reconocimiento de responsabilidad por la muerte de dos personas, en hechos distintos, que conllevaron a demandas internacionales contra el país.
Estos actos de reconocimiento de responsabilidad hacen parte de las obligaciones del Estado, que llegó a soluciones amistosas con los demandantes. Estos son una especie de conciliación que significa que los casos no seguirán su proceso en la Comisión.
A través de actos virtuales el pasado 24 de abril, el Estado, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (Andje), reconoció su responsabilidad en el fallecimiento de Luis Horacio Patiño mientras él se encontraba en la cárcel de Cómbita, en Boyacá.
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El 17 de enero de 1996, debido a unos altercados con guardias, Patiño fue sancionado y recluida en una celda de aislamiento. Según la demanda de su familia, esa misma noche se habrían escuchado continuos gritos de dolor provenientes de su celda, por lo que sus compañeros solicitaron ayuda a los guardianes pero no hubo respuesta y, al día siguiente, el hombre fue hallado sin vida.
Según indicó su familia, la autopsia indicó que la causa de la muerte se realacionó a un traumatismo craneoencefálico contundente, por lo cual argumentaron que, probablemente, las lesiones habrían sido a causa de una golpiza recibida de los guardias en la celda de castigo.
Por el hecho la Fiscalía inició una investigación pero esta fue archivada en dos momentos. Y ante las autoridades administrativas la familia tampoco logró obtener una reparación.
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Mediante una reunión virtual, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos que rodearon la muerte de Patiño.
Agencia de Defensa Jurídica
Tras instaurar una demanda ante la CIDH, a finales del año pasado la familia llegó a un acuerdo con el Estado, entre el que se pactó este acto de reconocimiento de responsabilidad.
Además de este caso, la CIDH también reconoció las gestiones de Colombia frente al proceso por la muerte de Jorge Alberto Montes Gallego, ocurrida el 19 de julio de 1994 en la vía que de Villavicencio conduce a San Martín, Meta.
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Por seis horas, y sin que llegara la Fuerza Pública, un grupo armado ilegal se tomó esa parte de la vía, momentos en los que Montes fue víctima de múltiples disparos y como no pudo ser trasladado a tiempo a un centro médico, falleció antes de recibir asistencia.
En su caso, que llevó a una demanda internacional contra Colombia, los allegados también llegaron a un acuerdo amistoso con el Estado, acuerdo que ya fue aceptado por la CIDH. No obstante, en este caso el acto de reconocimiento de responsabilidad está pendiente de ser programado.
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