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Las barreras en N. de Santander para un aborto legal o la maternidad
Trochas en frontera con Venezuela

Women´s Link ha documentado casos de violaciones en las trochas por las que pasan migrantes entre Colombia y Venezuela. 

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Gustavo A. Castillo Arenas. EL TIEMPO

Las barreras en N. de Santander para un aborto legal o la maternidad

La organización Women´s Link señaló las deficiencias en la atención en salud sexual y reproductiva. 

Eva* es una niña venezolana de 14 años, migrante, que llegó a Colombia embarazada, producto de una violación y con infecciones de transmisión sexual. 

Ella decidió que no quería ser madre y al enterarse que en Colombia el aborto es legal bajo tres causales, entre ellas la violación, manifestó su interés de no querer continuar con el embarazo. 

Por ello le pidió al Hospital Erasmo Meos de Cúcuta que le practicara la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en el hospital le exigieron una denuncia y, como no la tenía, le negaron el procedimiento. La menor no tenía la denuncia porque en Colombia la Fiscalía no recibe denuncias de violencia sexual de hechos ocurridos en Venezuela. 

En medio del proceso la menor sufrió presiones del personal médico del hospital y de su madre para que no abortara. Con los obstáculos, la niña decidió continuar el embarazo pero los dolores de parto comenzaron justo un día en que el puente Internacional Simón Bolívar fue cerrado con barricadas y ella se encontraba del lado venezolano. Por eso terminaron realizándole una cesárea, sin anestesia ni medicinas, en un pueblo de frontera. La bebé nació muerta. 

(Lea también: Desarticulan red que explotaba sexualmente a mujeres en China). 

Rut* también es migrante venezolana, de 17 años, que ha sufrido la violencia sexual por parte de su padre desde que era una niña. En su camino a Colombia por una trocha, la joven fue violada por tres hombres. 

Producto de esas violaciones la menor quedó embarazada y, a las 12 semanas de gestación, llegó al hospital Villa del Rosario, en Norte de Santander, con una crisis nerviosa, manifestando que no quería seguir con el embarazo. 

En ese hospital le negaron la interrupción del embarazo pero  la remitieron a un hospital en Medellín en donde le dieron medicamentos para inducirle el aborto.

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Sol* es una mujer de Pamplona, en Norte de Santander. Tras un embarazo que se consideró de alto riesgo, ella dio a luz pero el médico le dijo que por sus condiciones de salud no podía tener más hijos. Sin embargo, quedó embarazada y cuando le pidió a su prestador de salud que le garantizaran la interrupción del embarazo, se la negaron a pesar de mostrar el certificado médico que demostraba que su vía corría peligro. 

En medio de su desespero, la mujer tomó medicamentos para inducir el aborto pero no le hicieron efecto. Luego, en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta accedieron a hacerle el aborto pero, antes, intentaron persuadirla y la sometieron a presión psicológica. 

Eva, Rut y Sol, cuyos nombres reales fueron cambiados, y cuyos casos fueron documentados por la organización Women´s Link Worldwide, son tres mujeres que sufrieron dificultades para poder acceder a un aborto legal en Norte de Santander, a pesar de que sus casos podían enmarcarse en alguna de las tres causales permitidas en el país: riesgo para la vida o salud de la madre, violación o malformación del feto incompatible con la vida. 

Toda esta situación se hace más compleja porque, según Women´s Link, Norte de Santander no tiene suficientes prestadores de servicios de salud sexual y reproductiva ya que todo se concentra en Cúcuta. Pero, incluso, en la capital del departamento "no hay suficientes suministros ni personal médicoa capacitado para la interrupción del embarazo", aseguró. 

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Esto lleva a que el servicio se dilate y a que las mujeres tengan que desplazarse a otras ciudades para poder acceder a estos servicios. 

"Muchas de ellas, en especial las más pobres, de áreas rurales, zonas afectadas por el conflicto armado y las migrantes, no cuentan con recursos para hacerlo", afirma la organización. 

Debido a estas barreras la organización Women's Link Worldwide interpuso una acción popular ante un juzgado administrativo de Cúcuta y pidió que se tomen medidas cautelares para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. 

Esas barreras no solo están ligadas a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo. También por la ausencia de métodos anticonceptivos, deficiencias en la salud maternoinfantil tanto en controles prenatales como postparto, especialmente para mujeres migrantes. 

Así, según Profamilia, en el 2018 unas 8.209 mujeres gestantes venezolanas requirieron acceso a controles prenatales y atención especializada en el parto, sin embargo, 6.304 no recibieron ningún control prenatal.

En ese contexto, Women´s Link conoció el caso de una mujer venezolana que estaba en una situación migratoria irregular, y que se encontraba en embarazo. Ella pidió atención para tener su parto en un hospital pública en Cúcuta. Allí fue atendida pero cuando le dieron de alta, asegura la ONG, tenía un peso muy bajo que indicaba desnutrición, pues pesaba 35 kilos. A pesar de que estaba muy débil, el hospital decidió dejarla ir y unos días después falleció. 

La ONG también ha detectado que no se está aplicando el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. 

Estas situaciones se agravan en una región como Norte de Santander, una zona de frontera que vive con la presencia del conflicto armado. En ese contexto, afirma Women's Link, se han registrado varios casos en donde las mujeres en el Catatumbo son retenidas por diferentes actores armados, violadas sistemática y  muchas de ellas terminan con embarazos que no desean.  

La ONG también asegura que durante la cuarentena "muchas mujeres han sido violadas simultáneamente por diferentes hombres, en “manada”. Son secuestradas por días. Son violadas, humilladas y sometidas a prácticas atroces como empalamientos. Las mujeres llegan a los hospitales pidiendo ayuda con desgarros, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados", asegura. 

Además de todos estos elementos, la atención en salud en la región se ha agravado por la crisis de la pandemia de coronavirus. La pandemia ha traído restricciones a la movilidad, falta de información clara y de prestación de servicios de salud oportunos.  En ese escenario, la salud sexual y reproductiva no se están atendiendo como un servicio esencial durante la pandemia. 

Por eso en su acción popular, la organización solicitó -entre otras cosas- que  se le ordene al Instituto Departamental de Salud que tome las medidas para cumplir con lo que ha dicho el Ministerio de Salud sobre la atención prioritaria que se debe ofrecer a mujeres y niñas durante la pandemia, en servicios distintos al coronavirus. Entre esos servicios están la interrupción voluntaria del emarazo, el acceso a la atención en salud para víctimas de violencia sexual, y la atención materno-infantil. 

Esto, pide la ONG, con independencia de la nacionalidad o la condición migratoria de las pacientes. 

JUSTICIA

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